Los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) de ingresos medianos se están volviendo más prominentes, aparecen en las portadas de revistas y periódicos en el mundo desarrollado y los grandes bancos de inversión cada vez los toman más en serio.
Esta creciente influencia se refleja también en las arenas internacionales de derechos humanos. En los pasillos de mármol del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a menudo escucho que ahora es necesario “tener a Brasil de su lado” para que esta o aquella resolución sea aprobada.
Es saludable esperar que las ONG de derechos humanos en los BRICS también se estén fortaleciendo. Sorprendentemente, esto no es así. El desajuste entre un crecimiento económico sólido y unas organizaciones de derechos humanos locales frágiles ahora es muy evidente en Brasil.
Tras una dependencia tradicional tanto del financiamiento público como del internacional, muchas organizaciones brasileñas ahora se encuentran en un “vacío de financiamiento”, víctimas inesperadas del notable éxito económico de su país.
Consumidores antes que ciudadanos
Brasil cuenta con instituciones democráticas, un crecimiento económico razonable y políticas sociales que han permitido que millones de personas superen la línea de pobreza y empiecen a consumir bienes y servicios. A pesar de todo esto, los ciudadanos no tienen acceso a los derechos humanos básicos. Las antiguas violaciones de derechos humanos, como la tortura sistemática de prisioneros y el desplazamiento de grupos indígenas para poder construir presas hidroeléctricas, siguen ocurriendo a paso acelerado.
Recientemente, el titular de un periódico informó que las personas que viven en el noreste de Brasil, la región más pobre del país, están comprando lavadoras aunque no tienen agua corriente, un derecho humano fundamental y una responsabilidad del estado.
Desafortunadamente, el consumidor ha llegado antes que el ciudadano, y las organizaciones de derechos humanos brasileñas están en un momento crítico: deben seguir con su lucha nacional al mismo tiempo que se internacionalizan. Esto implica establecer relaciones más estrechas con organizaciones de otros países, supervisar e influir en la política exterior del Estado brasileño y dar seguimiento a las actividades de las empresas brasileñas en el exterior. Lo más importante, tal vez, es que las ONG de derechos humanos brasileñas deben seguir ayudando a canalizar las demandas sociales hacia políticas y activismo de vanguardia.
Pero esto sólo es posible si se cuenta con financiamiento constante y predecible.
La tríada de la crisis de financiamiento
Tres factores contribuyen a la erosión financiera de las organizaciones de derechos humanos en Brasil: la disminución de los fondos internacionales, la inequidad de los fondos públicos y la escasez de los fondos privados.
En el pasado, las organizaciones de derechos humanos en Brasil dependían del financiamiento internacional, particularmente de las agencias de cooperación bilateral y las organizaciones de desarrollo vinculadas a las iglesias y los partidos políticos del hemisferio norte. En las décadas de los 1980 y 90, los expertos afirmaron que cerca del 80 por ciento de los presupuestos de las ONG de derechos humanos brasileñas provenía del financiamiento internacional; aunque no existen datos fiables que respalden esta cifra.
En la última década, sin embargo, la ayuda internacional para los grupos de derechos brasileños se ha visto afectada. Después de la crisis financiera mundial de 2008 y la graduación de Brasil al estado de país de ingresos medianos, al menos 10 agencias de financiamiento retiraron su apoyo financiero, reformularon sus prioridades o redujeron drásticamente sus asignaciones.
Otras organizaciones comenzaron a centrarse en cuestiones concretas, particularmente en el medio ambiente y la agricultura, y concentraron sus subvenciones entre un pequeño grupo de organizaciones, u optaron por aliarse con organizaciones gubernamentales “más eficaces”.
Hoy en día, los expertos estiman que entre el 40% y el 50% de los presupuestos de las ONG de derechos humanos brasileñas proviene del financiamiento internacional. Una vez más, este número es discutible, pero la tendencia a la baja es clara. Algunos organismos y fundaciones siguen invirtiendo en grupos brasileño de derechos humanos, incluyendo la Fundación OAK, el Fondo Sigrid Rausing, el Centro de Investigación sobre el Desarrollo Internacional de Canadá y las Open Society Foundations. Algunos también están invirtiendo en fortalecer la capacidad de la sociedad civil de los países del Sur para actuar a nivel internacional. Ése es, por ejemplo, el objetivo de la iniciativa “Fortalecer los derechos humanos por todo el mundo” (Strengthen Human Rights Worldwide) de la Ford Foundation. De cualquier forma, hay menos fondos internacionales disponibles hoy para el trabajo en materia de derechos humanos en Brasil.
Los fondos públicos en Brasil tampoco son una fuente sustentable de financiamiento. Hoy, menos del 5 por ciento de los fondos que el gobierno brasileño transfiere a la sociedad civil se dirigen a las organizaciones de derechos humanos. El resto va a las organizaciones que hacen trabajo social o cubren vacíos de salud, educación y similares. Además, las organizaciones que reciben fondos públicos están sujetas a procesos extremadamente burocráticos, y les resulta difícil mantener su independencia y autonomía.
La situación no sería tan difícil si la filantropía brasileña hubiera “emergido” a la misma velocidad que la prominencia económica y política internacional del país. Las empresas brasileñas invierten de $3 a 4 mil millones anuales (Estados Unidos) en proyectos sociales, pero esto no es suficiente, dado el tamaño de los problemas sociales brasileños. Además, sólo el 30 por ciento de este dinero se destina a conceder subvenciones para organizaciones independientes. El resto se gasta en proyectos de responsabilidad social empresarial dirigidos por las propias empresas.
Filantropía nacional: un compromiso necesario (y a largo plazo)
La actual debilidad de la tríada internacional-público-privada en Brasil ha hecho que muchas organizaciones locales de derechos humanos reflexionen sobre sus estrategias de recaudación de fondos y sus modelos de sostenibilidad.
Claramente, un aumento del financiamiento internacional sería bienvenido. Esto tendría que implicar no sólo un incremento en dólares, sino también una mayor previsibilidad y duración de las subvenciones. Uno de los principales desafíos actuales es lograr que los que otorgan las subvenciones entiendan que si una ONG brasileña quiere actuar de forma legal y responsable, sus costos operativos ahora son mucho más altos que antes. Los honorarios legales, los salarios, los bienes raíces y otros costos están aumentando en las economías emergentes, y a veces son incluso más altos que en el Norte global.
Tampoco hay duda alguna de que las fundaciones privadas brasileñas podrían reforzar su apoyo a las causas y las organizaciones de derechos humanos, así como los fondos públicos se deberían distribuir a las organizaciones de la sociedad civil de una manera más equitativa y transparente. El Estado también debe aumentar sus inversiones sociales y asegurarse de que al menos una parte de estos nuevos fondos llegue a organizaciones que cuestionan el statu quo, como suelen hacer los grupos de derechos humanos.Esto requiere una revisión del marco legal y un replanteamiento de las prácticas arcaicas que aún rigen las relaciones Estado-sociedad en Brasil.
Asimismo, los ciudadanos brasileños deben desarrollar una tradición de filantropía más robusta. Actualmente, el país ocupa el lugar 83 entre los 147 países incluidos en el Índice Mundial de Donaciones, que utiliza datos de encuestas de Gallup para medir la propensión de las poblaciones nacionales a donar tiempo y dinero para actividades de caridad y para ayudar a los extraños. Para mejorar la clasificación de su país, los brasileños deben aumentar la cantidad que donan.
Los derechos humanos tienen una mala reputación
Muchos brasileños consideran que las organizaciones de derechos humanos del país contribuyen a los altos índices de asesinatos y violencia urbana en general. El razonamiento es el siguiente: En Brasil se cometen alrededor de 50,000 asesinatos al año, una cifra que supera el número de víctimas de varios conflictos internacionales. Como intentan reducir la violencia policíaca, el hacinamiento en las prisiones y la tortura, se percibe que las organizaciones de derechos humanos “protegen” a la impunidad y contribuyen en general a los miedos y las inseguridades de la sociedad. Revertir esta percepción no será una tarea fácil.
Las organizaciones de derechos humanos tienen varios retos por delante. Deben redefinir sus prioridades de financiación y mejorar sus operaciones de recaudación de fondos, y deben aprender a comunicar mejor los efectos positivos de su trabajo.
La recaudación de fondos a nivel nacional debe convertirse en uno de los pilares del desarrollo organizacional, parte integral de la planificación estratégica de los grupos de derechos humanos. Es indispensable reflexionar sobre el “saber hacer” en materia de recaudación de fondos; más allá de iniciativas como el financiamiento colectivo y otras nuevas herramientas. Es vital desarrollar nuevas habilidades para recaudar fondos, especialmente con respecto a la élite económica brasileña. No hay ninguna fórmula mágica: los grupos de derechos humanos necesitan dinero para reestructurar y aprender a recaudar más dinero a nivel local. Lamentablemente, es difícil concentrarse en mejorar las habilidades de recaudación de fondos de una organización en una época de austeridad, cuando la mayoría de los fondos disponibles están ligados a proyectos específicos.
Todo esto debe ir acompañado de la innovación y la inversión en nuevas estrategias de comunicación. Las organizaciones de derechos humanos deben ir a la ofensiva en vez de a la defensiva, y centrar su atención en sumar más aliados a su causa. Esto no es imposible: después de todo, las generaciones jóvenes parecen estar buscando una causa, como se muestra en las protestas masivas que recientemente se hizo cargo de las calles brasileñas.
Hay un desafío más, y se trata de desarrollar la confianza mutua. La falta de financiamiento privado nacional para las organizaciones de derechos humanos, en un formato que les permita conservar su independencia y autonomía, obstaculiza seriamente la capacidad de “anclarse” en sus propias sociedades. No sólo necesitan ayuda financiera, sino también una base de apoyo nacional. Las organizaciones de derechos humanos no sólo deben emerger del vacío de financiamiento, también deben emerger de un vacío de apoyo político y confianza por parte de la población.
Conectas recibe fondos de algunas de las fundaciones mencionadas en este artículo.