Se estima que más de un millón de personas en Uzbekistán y Turkmenistán son obligados por sus gobiernos a recoger algodón cada año, según Anti-Slavery International. Foto: Chris Shervey/Flickr (CC BY 2.0)
A medida que crece la coalición para insistir en que las empresas impidan las violaciones de derechos en sus operaciones y cadenas de suministro, también crece nuestro impacto. En varios países de Europa, así como en Corea del Sur, Chile, Colombia y Georgia, se ha integrado la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos, en sus diversas formas, en la legislación y en los planes de acción nacionales. Las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos en diversos países de África, Asia, el resto de Europa y Sudamérica están desarrollando políticas similares.
El 19 de agosto de 2019, la US Business Roundtable dio un giro completo, extraordinario y bienvenido con respecto al propósito declarado de las empresas. Anunció una transformación de encuadre, alejándose de la maximización del valor para los accionistas y orientándose hacia el servicio a todas las partes interesadas en la empresa: “clientes, empleados, proveedores, comunidades, accionistas”. Después de 22 años en los que la organización centró toda su atención en el rendimiento de la inversión de los accionistas, esta declaración fue recibida con una combinación de alegría y sorpresa, junto con una dosis saludable de escepticismo.
Sin embargo, la declaración constituye un cambio radical del enfoque declarado de los 181 directores ejecutivos de grandes empresas que conforman la Business Roundtable. Esto es en sí mismo un símbolo del creciente poder del movimiento para remediar la desigualdad y la destrucción ambiental generadas durante los últimos 50 años de centrarse exclusivamente en las ganancias de los accionistas, muchas veces a expensas de las demás partes interesadas. Aun así, las empresas aún tienen un largo camino que recorrer para estar a la altura de la retórica.
El día después del anuncio de la Business Roundtable, Johnson & Johnson, uno de los principales portavoces de este cambio, recibió la orden de pagar 572 millones de dólares por contribuir al fomento de la epidemia de opiáceos en Estados Unidos. Y esa corporación no es la única. El Índice Empresarial de Derechos Humanos de 2019 —el cual evalúa a 101 de las más grandes empresas globales que cotizan en la bolsa de los sectores con mayor riesgo de violaciones de los derechos humanos (vestido, agricultura, extracción y fabricación de artículos relacionados con las TIC)— encontró que el 40 % de las empresas evaluadas tuvieron cero puntos en los indicadores sobre diligencia debida en materia de derechos humanos.
KnowTheChain otorgó a las empresas una calificación promedio de 33 de 100 puntos posibles en cuanto a sus esfuerzos para eliminar las formas contemporáneas de esclavitud en sus cadenas de suministro.
Asimismo, KnowTheChain —que califica a más de 115 empresas de la industria del vestido, los alimentos y las TIC en función de sus medidas para combatir el trabajo forzado— otorgó a las empresas una calificación promedio de 33 de 100 puntos posibles en cuanto a sus esfuerzos para eliminar las formas contemporáneas de esclavitud en sus cadenas de suministro.
Las violaciones que resultan de este desempeño inadecuado en materia de derechos humanos por parte de la mayoría de las empresas constituyen una justificación sólida para promulgar leyes que exijan el respeto de los derechos humanos alrededor del mundo. Los esfuerzos en Europa siguen avanzando: Finlandia está utilizando su presidencia de la UE para promover este enfoque y Alemania está a solo meses de tomar una decisión sobre la introducción de normas de diligencia debida en 2020.
Según indica nuestra investigación más reciente (en la que analizamos a las 20 empresas alemanas más grandes), es probable que se necesiten esta clase de leyes en Alemania. Mientras tanto, hay movimientos en “mercados emergentes” clave que presionan para que se impongan medidas similares de diligencia debida obligatoria: En Kenia, por ejemplo, la propuesta de Plan de Acción Nacional del procurador general afirma que el gobierno tomará en cuenta ese requisito.
Pero en Estados Unidos, donde tienen su domicilio muchas de estas empresas globales y sus inversionistas, la conversación aún es incipiente. A pesar de que el Plan de Acción Nacional estadounidense apoya el principio de la diligencia debida en materia de derechos humanos, existen pocos mecanismos para hacer cumplir la obligación empresarial de respetar los derechos humanos. Las posibles nuevas herramientas, como la aplicación efectiva de las restricciones a la importación de bienes fabricados con trabajo forzado de la Ley Arancelaria (Tariff Act), apenas están en las primeras etapas de pruebas. Mientras tanto, en los últimos años, los tribunales estadounidenses han restringido severamente la capacidad de los sobrevivientes para exigir reparaciones, sobre todo a través de la Ley de Reparación de Agravios a Ciudadanos Extranjeros (Alien Tort Statute).
Estados Unidos ayudó a dar forma a las normas mundiales sobre la participación de las empresas; no puede malgastar su responsabilidad ahora.
Este es el momento de alejarnos de la retórica y comenzar a crear una realidad que refleje el propósito declarado de la Business Roundtable. A medida que EE. UU. se prepara para unas elecciones históricas, los candidatos están haciendo preguntas difíciles sobre el papel de las corporaciones en la sociedad, y muchos proponen planes audaces para combatir la desigualdad creciente. Cada vez más, los inversionistas interrogan a las empresas en su cartera y toman decisiones importantes con base en las respuestas que reciben. En el pasado, Estados Unidos ayudó a dar forma a las normas mundiales sobre la participación de las empresas; no puede malgastar su responsabilidad ahora.
Las leyes estadounidenses actuales podrían servir de guía para una reglamentación más eficaz de la actuación de las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente. Durante más de 40 años, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) ha prohibido que las personas y las empresas estadounidenses sobornen a funcionarios extranjeros.
El complejo sistema de sanciones por incumplimiento, junto con los incentivos ideados por la FCPA para la divulgación de información y la cooperación con las autoridades, podrían servir como modelo para leyes similares sobre los derechos humanos. Asimismo, dado que el desempeño en materia de derechos humanos y medio ambiente cada vez influye más en las decisiones de los inversionistas, imponer requisitos de información más sólidos para las empresas que cotizan en la bolsa podría ayudar a los inversionistas, al permitirles que comparen las prácticas de las empresas mediante informes estandarizados.
Más importante aún, un examen cuidadoso de los incentivos y factores disuasorios que disponen las leyes sobre empresas en materia de diligencia debida, como la presentación de estados de resultados trimestrales, podría generar más oportunidades para incorporar la diligencia debida en las prácticas de las empresas de una manera más sistemática.
Cualquiera que sea la estrategia final, Estados Unidos seguirá desempeñando un papel de gran envergadura en la determinación de las normas para la economía mundial y del lugar que ocupan los derechos humanos fundamentales dentro de ella. Dada esta situación, todos compartimos la responsabilidad de hacer avanzar esta conversación estadounidense. No porque sea fácil, sino porque —en palabras de la Business Roundtable— muchos clientes, empleados, proveedores, comunidades y accionistas dependen de que lo hagamos.