Flickr/USAID (Some rights reserved)
“We envisage a world…where we reaffirm our commitments regarding the human right to safe drinking water and sanitation.”
Esta semana [25 de septiembre], en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, los jefes de Estado de todo el mundo adoptarán oficialmente la “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”. Esto incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas asociadas. Los diplomáticos concluyeron el acuerdo final a principios de agosto, después de una ronda frenética de negociaciones caracterizada por varios compromisos sórdidos de última hora.
Abogar por los derechos humanos en las conversaciones sobre desarrollo de la ONU en Nueva York siempre ha sido una ardua batalla. No hay escasez de compromisos retóricos con los derechos humanos, pero la realidad es que, más de una década después de que el “enfoque de derechos humanos hacia el desarrollo” se incorporó, en teoría, a lo largo de la ONU, la mayoría de los diplomáticos en Nueva York (y muchos integrantes del personal de la ONU) aún saben poco sobre derechos humanos, y no ven necesariamente los vínculos entre los derechos humanos y el desarrollo.
Así que no fue especialmente sorprendente, aunque sigue siendo decepcionante, ver cómo las referencias a los derechos humanos en los ODS se convirtieron en una pieza de negociación a última hora. Cuando las negociaciones llegaban al último fin de semana de agosto, el borrador del documento incluía un reconocimiento muy firme de que hacer realidad todos los derechos humanos es uno de los objetivos principales del desarrollo sostenible, así como un compromiso explícito con la no discriminación sobre cualquier base. Sin embargo, dos bloques de negociación de Estados miembros, el Grupo Africano y el Grupo Árabe, plantearon objeciones fervientes (e incoherentes desde una perspectiva jurídica) a este lenguaje. Exigieron que se eliminara la prohibición de la discriminación por cualquier “otra condición”, incluida al final de la lista de motivos prohibidos para discriminar (como el sexo, la raza, la religión, etc.), aunque dicha prohibición ha estado presente en los tratados de la ONU desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lamentablemente, parece que la motivación para esto fue el deseo de evitar reconocer los derechos de las personas LGBT. (También insistieron en que cada uso de “igualdad de género” estuviera seguido por lenguaje sobre el empoderamiento de las mujeres y las niñas, para evitar la implicación de que el término pudiera referirse a la igualdad con base en la orientación sexual o la identidad de género). Es desconcertante que todavía estemos luchando estas batallas en los pasillos de la ONU, más de dos décadas después de que se reafirmara la interdependencia de los derechos humanos y el desarrollo en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, y más de veinte años después de que el sistema de derechos humanos de la ONU reconociera por primera vez la orientación sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación.
Al final, el compromiso al que se llegó fue remplazar el texto en disputa con un corte y pegado literal del lenguaje utilizado en el documento de resultados de Río+20, El futuro que queremos. Esto fue una pena, porque el texto anterior establecía vínculos explícitos entre la agenda después de 2015 y el respeto, la protección y la satisfacción de los derechos humanos; mientras que el compromiso que resultó es una reafirmación muy general de la “importancia” de las normas de derechos humanos y las “responsabilidades” de los Estados. Tampoco menciona de manera específica la edad, el origen étnico o la situación migratoria como motivos prohibidos de discriminación. Sin embargo, fue una estrategia política inteligente, ya que el texto del documento de Río aún incluye la importantísima frase “u otra condición” y ya lo aceptaron todos los Estados.
También vale la pena señalar que la mención del derecho al agua y al saneamiento, por la que lucharon incansablemente muchas organizaciones de la sociedad civil, también regresó al planteamiento acordado en Río+20 (“Concebimos un mundo... en el que reafirmamos nuestros compromisos relativos al derecho humano al agua potable y el saneamiento”), después de que EE. UU. se opuso a versiones anteriores que se comprometían a “hacer realidad” ese derecho.
A pesar de sus compromisos e insuficiencias, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible le ofrece al movimiento de derechos humanos mucho con qué trabajar durante los próximos 15 años. Ciertamente, hay muchas razones para criticar los ODS desde una perspectiva de derechos humanos. En específico, los objetivos y las metas, en su mayoría, no llegan a utilizar un lenguaje explícito de derechos humanos. Además, los obstáculos estructurales urgentes para el desarrollo sostenible y el disfrute de los derechos humanos solamente se incluyen de manera poco sistemática y algo contradictoria (por ejemplo, el compromiso con el consumo y la producción sostenibles se encuentra junto a una exaltación continua del crecimiento económico).
Sin embargo, también es importante reconocer los grandes avances que se lograron en comparación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Al evaluarlos de acuerdo con “la prueba de fuego de los derechos humanos” desarrollada por las agrupaciones de la sociedad civil, podemos declarar que se logró un éxito parcial en todas las categorías, y esto es más de lo que podríamos habernos atrevido a esperar cuando comenzó el proceso. Por fin tenemos una agenda global de desarrollo que abarca la desigualdad y el cambio climático; que reconoce que la gobernanza, la transparencia, las libertades políticas y el acceso a la justicia son cruciales para el desarrollo justo; y que se compromete a tomar medidas respecto a una amplia gama de temas de derechos de las mujeres, incluidos los derechos reproductivos y la salud sexual, y la violencia contra las mujeres. A pesar de que su enfoque hacia nuestro sistema económico actual no es lo suficientemente crítico, las metas de los ODS consagran compromisos innovadores e importantes en materia de recursos, particularmente en relación con la deuda, los impuestos progresivos, los flujos financieros ilícitos y el aumento de la representación de los países en vías de desarrollo en la gobernanza económica mundial. Mientras tanto, al margen de los compromisos de última hora, el acuerdo final aún tiene referencias importantes a los derechos humanos, incluido el reconocimiento en el preámbulo de que los ODS “buscan hacer realidad los derechos humanos de todos”.
De hecho, a pesar de sus compromisos e insuficiencias, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible le ofrece al movimiento de derechos humanos mucho con qué trabajar durante los próximos 15 años. En su universalidad, su enfoque en la lucha contra las desigualdades y en “no dejar que nadie se quede atrás”, y el anclaje de la Declaración en los compromisos internacionales de derechos humanos, tiene el potencial para mejorar el disfrute de los derechos humanos en todo el mundo.
La verdadera prueba de fuego, por supuesto, será la puesta en práctica. Aquí, las grandes preguntas siguen sin respuesta. El acuerdo de Financiamiento para el Desarrollo celebrado en julio en Addis Abeba (en seguimiento del Consenso de Monterrey de 2002 y la Declaración de Doha de 2008) distó mucho de alcanzar los compromisos concretos y con plazos que se requieren para desatar un financiamiento equitativo, suficiente y responsable para el desarrollo sostenible, debido a las tácticas de evasión y de mano dura de los países ricos. Por otra parte, el marco previsto actualmente para el seguimiento y la revisión de la implementación de la agenda después de 2015 es impreciso y completamente voluntario. Por lo tanto, aún hay mucho trabajo duro por hacer a nivel nacional e internacional para liberar el potencial de los ODS como un vehículo para la rendición de cuentas y la realización de los derechos humanos. Pero el espacio se ha abierto, y está a punto de establecerse un marco integral de compromisos ganados con esfuerzo que se aplican a todos los países del mundo. El movimiento de derechos humanos y sus aliados en el ámbito del desarrollo deben comenzar a trabajar en serio para que no se pierda esta oportunidad histórica.