Las pruebas de los abusos de los derechos humanos en las redes sociales y en los principales medios de comunicación se han vuelto cada vez más omnipresentes, y pueden utilizarse y conservarse para las investigaciones sobre derechos humanos, como las que se están llevando a cabo en Siria. Cualquier persona con un teléfono móvil puede documentar los abusos: la amplia difusión de fotos y videos gráficos durante las protestas contra la violencia policial en Nigeria; los vídeos de los abusos policiales y militares contra los manifestantes en Myanmar; las innumerables imágenes del asalto al Capitolio de Estados Unidos.
Mediante la recopilación, el análisis y el uso estratégico eficaces, estos abusos pueden —y deben— denunciarse ante los organismos internacionales de derechos humanos. Como ilustra una iniciativa en Burundi, que se mantuvo confidencial hasta ahora por razones de seguridad, la tecnología puede ayudar a que la recopilación de pruebas alcance el umbral requerido por los organismos internacionales de derechos humanos.
En 2015, cuando el burundés Pierre Nkurunziza anunció que se presentaba a un tercer mandato presidencial inconstitucional, los burundeses se tomaron las calles. El gobierno burundés fue responsable de una represión masiva y generalizada contra los manifestantes, incluido un intento de golpe de Estado que fue reprimido de manera rápida. Las detenciones y encarcelamientos arbitrarios, las desapariciones, la tortura, las violaciones y otras formas de violencia sexual fueron algunas de las violaciones cometidas contra toda forma de oposición supuesta o percibida. Los defensores de derechos humanos se vieron obligados a abandonar precipitadamente sus vidas.
En este contexto de crisis aguda, surgieron en todo el país, a menudo con apoyo internacional, una serie de iniciativas para documentar la considerable magnitud de las violaciones de derechos humanos. Valientes defensores y muchos ciudadanos de a pie empezaron a plasmar sus testimonios en papel o simplemente a hacer fotos y videos, a veces en redes sociales y a menudo en un gran peligro. El Centro Carter, con sede en Estados Unidos, y el Centro de Derechos Civiles y Políticos pusieron en marcha una iniciativa de “Proyecto de Asistencia Técnica” (TAP, por sus siglas en inglés) que reutilizó una herramienta digital para la supervisión de las elecciones con el fin de documentar mejor estos abusos.
Valientes defensores y muchos ciudadanos de a pie empezaron a plasmar sus testimonios en papel o simplemente a hacer fotos y videos, a veces en redes sociales y a menudo en un gran peligro.
Debido a la situación de gran volatilidad que se vivía entonces en Burundi, esta iniciativa tenía que ser confidencial: los riesgos para los implicados sobre el terreno eran importantes. La herramienta permitió recopilar de forma sistemática una gran cantidad de informes de testigos directos. Los casos documentados a través de la iniciativa dieron lugar, entre otros, a un informe confidencial presentado a una investigación preliminar en curso de la Corte Penal Internacional, que lo registró en julio de 2016.
El informe, que aportaba pruebas de violaciones abrumadoras, también se presentó simultáneamente al Comité contra la Tortura de la ONU antes de un examen especial y poco frecuente solicitado por el Comité. Además, hubo un informe conjunto de ONG, que la delegación del gobierno de Burundi dijo que “no pudo consultar con suficiente antelación” como justificación para faltar a la segunda parte de la revisión, lo cual es una afrenta sin precedentes a este órgano de la ONU.
Los informes bien documentados, como el proporcionado por el TAP, contribuyeron al reconocimiento internacional de las violaciones masivas de los derechos humanos en Burundi. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó una Comisión de Investigación sólo un mes después del examen especial del Comité contra la Tortura, mediante una resolución que citaba la falta de cooperación de Burundi con los mecanismos de la ONU. La Comisión sigue funcionando al día de hoy.
Por su parte, la Corte Penal Internacional abrió después una investigación completa en octubre de 2017, lo que suscitó la esperanza de que se pusiera fin a la impunidad en Burundi, a pesar de la decisión del gobierno de retirarse del Estatuto de Roma.
Afortunadamente, la situación de los derechos humanos en Burundi ha mejorado ligeramente (como ilustra la reciente liberación del defensor Germain Rukuki), debido a una serie de factores, así como a la presión de las instancias internacionales de derechos humanos. No obstante, queda mucho trabajo por hacer: los activistas de derechos humanos siguen siendo objeto de acoso judicial, y la Comisión internacional de investigación sigue sin tener acceso a Burundi.
La herramienta utilizada en este contexto (NEMO, antes “ELMO”) combinaba características de plataformas de crowdsourcing de vanguardia como Ushahidi o Uwazi, más nueva, con características adaptadas a las exigencias de seguridad y documentación de la información sobre derechos humanos en un entorno de alta represión. Varias adaptaciones y consideraciones hicieron que NEMO encajara bien, de las que destacamos tres:
En primer lugar, la flexibilidad tecnológica. NEMO permitía la recolección de datos a través de un dispositivo móvil, computadores de escritorio e incluso mensajes de texto. Además, NEMO no requería una conexión constante para recoger y transmitir la información. Esto significaba que en zonas con poco ancho de banda o sin conexión de datos, los monitores podían seguir recogiendo material para los informes en sus dispositivos para transmitirlo posteriormente.
En segundo lugar, los informes y análisis multilingües en tiempo real. Las plantillas de NEMO permitían a los usuarios enviar datos en su idioma nativo, el kirundi, o en francés, que después se analizaban en el idioma original y en inglés. Como el sistema podía procesar los envíos en varios idiomas, los miembros del equipo tenían acceso al análisis en tiempo real en el idioma de su elección en relación con las preguntas categóricas sobre la región o los tipos de incidentes.
Y, en tercer lugar, la seguridad y el cifrado. Los observadores de derechos humanos se juegan la vida para defender los derechos y las libertades de los demás. Era necesario diseñar una plataforma que les diera la mejor protección sin dejar de utilizar tecnología de código abierto rentable. Trabajamos con el Instituto de Investigación del Instituto de Tecnología de Georgia, que realizó pruebas de penetración y revisó el código para ayudar a garantizar que NEMO tuviera medidas sólidas contra la piratería informática. Dado que las tecnologías de código abierto se construyen a menudo con componentes de calidad variable, queríamos asegurar a nuestros usuarios que estaban utilizando tecnologías de comunicación construidas de acuerdo con los más altos estándares de seguridad posibles.
Algunos de los retos a los que nos enfrentamos fueron el mantenimiento del anonimato y la confidencialidad de los usuarios sobre el terreno; el aprendizaje del uso de la herramienta; el desarrollo de las habilidades necesarias para documentar las violaciones de los derechos humanos; y la garantía de la seguridad de los monitores dentro y fuera de línea. No todos los monitores pudieron permanecer en el proyecto debido a problemas inevitables.
De nuestra experiencia aprendimos cómo diseñar una misión para tener en cuenta múltiples entradas de datos, ya que la gente los recoge de múltiples maneras (incluso en papel); diseñarla para múltiples idiomas (o incluso un lenguaje más coloquial que pueda ser fácil de usar para los ciudadanos en general) y diseñarla desde el principio con altos estándares de seguridad y formación, lo cual toma tiempo. Cuanto más complicado es un sistema tecnológico, más oportunidades hay de que falle la seguridad. Los contextos pueden requerir ciertos parámetros —la transmisión de información codificada por mensajes de texto, como se implementó en una versión de NEMO después de Burundi, fue más óptima para la capacidad de la red en la República Democrática del Congo, pero también significaba que era posible una información menos narrativa; también requería una formación adicional en materia de seguridad en caso de que los mensajes de texto codificados fueran interceptados, pero los riesgos eran menores. El diseño y la aplicación de las tecnologías desde la perspectiva de los derechos humanos es un campo siempre emergente, por lo que esperamos ver cómo otros defensores y simpatizantes de los derechos humanos siguen avanzando en la capacidad de informar en los próximos años.
Los autores desean agradecer a Gabrielle Bardall, al Centro Carter y a Friedhelm Weinburg sus comentarios sobre este artículo.