Al comienzo de este año, horrendos motines al interior de las cárceles brasileras causaron la muerte a más de 100 prisioneros. En Manaos, 56 reclusos murieron en una revuelta en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim y 33 prisioneros fueron asesinados en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo en Boa Vista. El 16 de enero, otros 26 reclusos murieron en la penitenciaria Alcacuz de la ciudad de Natal. Más que lugares seguros para la rehabilitación, las cárceles se han convertido en el caldo de cultivo para el crimen, el asesinato y graves violaciones a los derechos humanos.
Además de enfrentar un enorme hacinamiento, condiciones indignas e inadecuada alimentación, los prisioneros (muchos de ellos sin haber enfrentado el juicio) a menudo están en riesgo de la extrema violencia ejercida por las bandas criminales. El detonante de la última ola de violencia en Brasil se produjo en junio de 2016 cuando se rompió la tregua que por dos décadas habían mantenido las dos principales bandas: el Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo y el Comando Rojo de Río de Janeiro. Como resultado del asesinato del supuesto narcotraficante Jorge Rafaat en la frontera con Paraguay, la guerra emergió entre los carteles que controlan las rutas del tráfico de drogas en el norte y oeste del país. En medio de este conflicto por el dominio territorial, el PCC dio la orden de asesinar a todos los miembros del Comando Rojo en las prisiones del país – sin que el gobierno fuera capaz de controlar el catastrófico desenlace.
En cárceles de México y Guatemala, las autoridades han sido incapaces de mantener las disputas entre los grupos rivales a fuera de los penales.
Brasil no es el único país que sufrió motines y enfrentamientos entre bandas durante el 2016. En cárceles de México y Guatemala, las autoridades han sido incapaces de mantener las disputas entre los grupos rivales a fuera de los penales. En febrero, estalló un disputa entre carteles en la Cárcel Topo Chico, ubicada en el estado de Nuevo León, que dejó como saldo 52 personas muertas. En Guatemala, durante el mes de julio, en la Cárcel de Pavón cercana a la ciudad capital, se presentó un motín con un resultado de 13 muertos, en un enfrentamiento grupos narcotraficantes. Y en Venezuela, una persona presa tiene 20 veces más de probabilidades de ser asesinada que el resto de la población.
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Brazil is not the only country that suffered riots and clashes between gangs in 2016. In prisons in Mexico and Guatemala, authorities have been unable to keep disputes between gangs outside of prisons.
Todos estos casos, junto con otros no mencionados aquí, reflejan las debilidades que tienen los Estados e instituciones a la hora de construir sistemas penitenciarios dignos y seguros. Aunque los problemas de hacinamiento y acceso a servicios sanitarios son viejos y estructurales, hoy ha estallado un reto de igual importancia, que incluso está empeorando lo que ya existía: los grupos narcotraficantes que promueven la violencia dentro de los centros de reclusión. La corrupción, la falta de personal capacitado para manejar población reclusa, las condiciones laborales de la guardia y las presiones que ejerce el crimen organizado sobre los penales, son algunas debilidades de los Estados para controlar lo que pasa al interior. Sin embargo el poder económico, militar y político de los carteles de la droga ha demostrado ser la principal piedra en el zapato para fortalecer la seguridad de los sistemas penitenciarios.
Hay dos tipos de estrategias para resolver el problema: las de máxima seguridad y aquellas centradas en la rehabilitación e integración social de los reclusos. De un lado, los Estados deben implementar políticas de seguridad eficaces para detener los flujos ilegales de drogas y armas desde y hacia las prisiones, pero muchos de esos intentos han fallado. En El Salvador, por ejemplo, el gobierno segregó a los miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) en diferentes cárceles para evitar enfrentamientos. El fallido experimento volvió las cárceles en comandos de operación de las pandillas, con escuelas del crimen, regímenes de disciplina y normas que se imponen desde el exterior. Efectivamente, la segregación redujo la violencia entre los miembros de diferentes pandillas, sin embargo nadie advirtió las consecuencias de esta medida desesperada en la consolidación del poder económico, social y territorial de estos grupos. De hecho, la segregación les dio el control de gran parte del sistema penitenciario y puso bajo su custodia y tutela a delincuentes que no pertenecían a sus estructuras.
Bajo el enfoque de “mano dura”, las autoridades penitenciarias no han separado a los prisioneros de acuerdo al crimen cometido (por ejemplo, separando criminales violentos de los no violentos), aunque esto se ha intentado en Colombia con resultados ambiguos. Si las prisiones deben ser lugares seguros de rehabilitación, mantener a las personas que han cometido delitos no violentos protegidos de la barbarie de los carteles es un aspecto crucial en la seguridad humana y la protección de los derechos de integridad física del recluso.
En el enfoque de rehabilitación e integración social, los Estados deben pensar el objetivo de la prisión como un lugar de rehabilitación e integración, entendiendo que las penas restauradoras podrían dejar consecuencias más positivas para quienes cometen delitos que si son sometidos a todas las violencias del sistema penitenciario. Además, permite ver a los prisioneros como seres humanos con el potencial de contribuir a la sociedad, de acuerdo con el derecho a la dignidad humana, a la salud y la integridad física, es esencial para tener éxito. Sin embargo, este enfoque requiere más investigación y financiamiento de lo que actualmente hay disponible en la región.
Llenar las cárceles con políticas de “mano dura” no está disminuyendo ni el crimen ni la violencia, y muchos prisioneros son ahora víctimas y victimarios en un deteriorado sistema. Pero cómo pueden los gobiernos impedir que los presos ejerzan tanto control, dentro y fuera de la prisión. No importa cuál sea la estrategia que adopten los gobiernos, si no resuelven la incapacidad institucional, el hacinamiento, la falta de recursos públicos para construir mejores espacios, la corrupción y el abuso, el colapso seguirá sucediendo indefinidamente frente a nuestros ojos y el crimen organizado seguirá teniendo en la prisión un territorio propicio para echar raíces.
*** Una versión de este artículo apareció por primera vez en Gobal Rights Blog de Dejusticia.