En las elecciones presidenciales de agosto en Bielorrusia, Alexander Lukashenko fue reelecto con un 80 % de los votos, aunque solo unas pocas personas creyeron la versión oficial. La diferencia entre la realidad y lo que afirmaba el Estado provocó que una cantidad récord de personas saliera a las calles y exigiera la repetición de las elecciones. El régimen respondió con la represión brutal de los manifestantes y apagones de Internet para limitar la capacidad de compartir y acceder a la información. Pero los bielorrusos encontraron una forma de comunicarse a través de un servicio de mensajería cifrada llamado Telegram, que fue vital para la organización de los manifestantes y la difusión horizontal de información sin un liderazgo formalizado. El cifrado sigue siendo una herramienta esencial para eludir la vigilancia del Estado, sobre todo en países con gobiernos represivos, pero no elimina por completo las inquietudes en materia de seguridad y protección.
Cuando los bielorrusos pidieron elecciones transparentes, la respuesta consistió en una violencia policial extrema y detenciones. Los medios de comunicación publicaron numerosas fotografías de la represión que causaron indignación a nivel internacional. Al mismo tiempo, se libró una batalla paralela en el ámbito digital mediante el bloqueo de sitios web de la oposición y de los medios de comunicación independientes, así como apagones de Internet intermitentes. El objetivo de estas restricciones era tener un “efecto paralizador” en la movilización popular y evitar la publicación de información y pruebas de los abusos policiales. Lukashenko culpó a la “interferencia extranjera” de los apagones de Internet, pero los expertos señalaron al gobierno y su control sobre el proveedor de Internet de propiedad estatal Beltelecom. De acuerdo con NetBlocks, el acceso a Internet se ha interrumpido durante varios días, lo que crea un vacío de información e impide que los ciudadanos estén en contacto entre ellos y con el mundo exterior. La noche en la que se comunicaron los resultados de las elecciones, el gobierno interrumpió el acceso a las redes sociales y bloqueó las VPN; también se bloqueó la transmisión de información cifrada en algunos sitios web y en dos plataformas electorales, de modo que la gente no podía observar las noticias sobre posibles violaciones. Más tarde en ese mismo día, se interrumpió todo el acceso a las redes de datos móviles y la mayoría de las plataformas de los medios de comunicación dejaron de estar disponibles. Ninguno de los servicios habituales de mensajería funcionaba sin herramientas adicionales para eludir la censura. No era posible acceder a Viber, WhatsApp y Messenger.
El cifrado sigue siendo una herramienta esencial para eludir la vigilancia del Estado, sobre todo en países con gobiernos represivos, pero no elimina por completo las inquietudes en materia de seguridad y protección.
Las autoridades usaron un método de inspección profunda de paquetes (DPI, por sus siglas en inglés) para bloquear el acceso a Internet, pero también monitorearon las comunicaciones en tiempo real, examinaron el contenido no cifrado e implementaron bloqueos y apagones selectivos, lo que permitió violaciones invasivas de la privacidad y censura masiva. Se ha documentado el uso de tecnologías similares en otros países, entre los que destacan China y Rusia, donde se examinaron como una herramienta para aplicar la Ley de Internet Soberana. Por lo visto, la manipulación gubernamental de Internet seguirá siendo una característica constante en el futuro.
Los diversos actos de represión han puesto de relieve los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación en el espacio digital. De acuerdo con un relator especial de la ONU, “las amenazas a la expresión digital y el libre acceso a Internet son más pronunciadas que nunca[...] y las interrupciones de los servicios de Internet se han convertido en un medio popular de control de la información”. Este tema ha cobrado importancia en tiempos recientes, ya que las restricciones por la pandemia de COVID-19 han aumentado la relevancia del cierre de espacios cívicos en línea para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. La manera en que la población de Bielorrusia lidió con la injerencia estatal mediante el uso de un servicio de mensajería cifrada puede ser útil para entender situaciones similares en todo el mundo.
Los diversos actos de represión han puesto de relieve los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación en el espacio digital.
En este país postsoviético con un próspero sector informático que representa el 6.4 % del PIB, aprovechar el potencial de las plataformas tecnológicas ha sido fundamental para el éxito de la oposición. YouTube popularizó a Siarhei Tsikhanouski y, posteriormente, a su esposa, quien fue la principal candidata contra Lukashenko en las elecciones. Cuando el acceso a las plataformas de redes sociales se volvió casi inexistente, los manifestantes recurrieron a Telegram. Las herramientas anticensura que utiliza Telegram, mediante un cifrado robusto, permitieron que los ciudadanos bielorrusos se siguieran conectando a través de la aplicación y accedieran a sus canales para publicar mensajes, alertar a los manifestantes sobre los movimientos de la policía y guiarlos hacia vecindarios específicos. La coordinación difusa dificultó que los servicios de seguridad reprimieran a los manifestantes. Como resumió una periodista: “Esta es la revolución de Telegram. No es la oposición ni los partidos políticos. Todo lo están haciendo los blogueros, los influencers y estos canales de Telegram”. El mismo Lukashenko reconoció la importancia de Telegram cuando anunció que “desaparecerán todos los diversos canales de Telegram que controlan a las multitudes en Minsk”. Las protestas muestran la importancia crítica del cifrado para proteger los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos. También ofrecen un modelo que pueden copiar los activistas de muchos otros países para evadir el control gubernamental. Los movimientos populares en Cataluña y Hong Kong utilizaron canales similares, lo que demuestra que aunque los contextos sean diferentes, es posible adoptar tácticas similares.
Es evidente que el poder liberador del cifrado tiene dos caras. Un argumento clave es que si bien puede ser una herramienta para aumentar la democracia, también puede fomentar actividades ilegales. En lo que respecta exclusivamente a la causa democrática, donde los principales canales de Telegram tienen millones de seguidores, surgen preguntas sobre la organización autónoma, los riesgos de la desinformación y las amenazas a la seguridad de los usuarios. En un clima en el que no se puede confiar en los medios de comunicación tradicionales y en el que los medios de comunicación de oposición han sido inhabilitados, las plataformas adquieren un poder sin precedentes sobre la información. El canal más grande que impulsa las protestas en Bielorrusia es Nexta, con más de 2 millones de suscriptores en un país de alrededor de 9.4 millones de personas. Al actuar rápidamente y sin un equipo editorial, no tienen el tiempo ni la capacidad para verificar la información. La desinformación puede dar lugar a que se tomen más riesgos, como cuando los manifestantes creyeron erróneamente que las fuerzas de seguridad se les habían unido y se acercaron a la policía coreando: “Cinco ciudades han dejado sus escudos”. Más tarde, los arrastraron al interior de camionetas de la policía y es posible que hayan sido parte de los miles de bielorrusos detenidos que sufrieron torturas y golpizas.
Roman Protasevich, redactor jefe de Nexta, ofreció una inusual oportunidad de conocer la mentalidad operativa del canal en una entrevista con la BBC: “¿Que si me siento responsable de lo que publicamos? Solo en términos de si acercará a la gente a la victoria y al fin de la dictadura”. Sin duda, un equipo pequeño de seis personas que trabaja desde un centro comunitario en Varsovia no tiene recursos suficientes para comprobar cada dato cuando hay cientos de publicaciones en el canal de Telegram. Pero este canal y otros similares siguen sin alertar a sus seguidores de que la información que publican no se ha verificado.
A medida que los gobiernos se vuelven más represivos y aprenden a utilizar mejor la tecnología para suprimir la disidencia, la popularidad de las plataformas cifradas para recopilar y difundir noticias llegó para quedarse. Las comunicaciones cifradas están fuera del alcance de la reglamentación, lo que las convierte en una fuente alternativa sólida. Seguirán siendo uno de los factores clave que permiten el ejercicio de los derechos cívicos en sociedades no democráticas donde los medios de comunicación están bajo el estricto control de las autoridades. Pero cuando el poder sobre la información se concentra en manos de unos pocos, es preciso examinar más a fondo cómo operan y si actúan de manera responsable con los ciudadanos.
El fundador de Nexta, Stsyapan Putsila, minimiza el papel que desempeña el canal, diciendo que no obliga a nadie a protestar: “Le decimos a la gente que puede salir a defender sus derechos. Los bielorrusos salen por su cuenta”. Pero también agregó: “Ahora no solo informamos; también coordinamos a la gente, en cierta medida”. Para Nexta, el objetivo final de lograr la democracia compensa las desventajas, y muchos de sus seguidores estarían de acuerdo. Pero en un país ávido de información sin censura, esta renuencia a asumir una mayor responsabilidad, a pesar de lo mucho que está en juego, crea riesgos adicionales para los manifestantes.