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Human rights practitioners have become increasingly savvy about the ways geospatial technologies can help document violations in conflict zones.
La fotografía aérea y las imágenes satelitales han sido importantes herramientas de documentación para las ONG de derechos humanos durante mucho tiempo. Desde las primeras aplicaciones para documentar fosas comunes y movimientos de refugiados, los profesionales de los derechos humanos han aprendido cada vez más sobre las formas en que las tecnologías geoespaciales pueden ayudar a documentar violaciones en zonas de conflicto de difícil acceso, mostrar cambios cronológicos en los paisajes y corroborar los testimonios de los testigos. La combinación de imágenes satelitales digitales con plataformas abiertas de mapeo ahora permite colaboraciones innovadoras como Bellingcat y el Proyecto de Verificación de Video, así como esfuerzos de documentación liderados por comunidades de primera línea como los facilitados por Digital Democracy. Hasta el momento, solo una pequeña parte de este trabajo ha llegado al litigio en materia de derechos humanos, pero la investigación realizada por el Proyecto de Responsabilidad Científica, Derechos Humanos y Derecho de la AAAS brinda información sobre las posibles repercusiones del uso de análisis científicos y tecnologías emergentes en los tribunales de derechos humanos.
Para nuestro informe reciente, revisamos 26 casos presentados ante tribunales internacionales en los que se utilizaron tecnologías geoespaciales para obtener pruebas de las violaciones de derechos humanos. Estos casos cubrieron una variedad de temas de derechos humanos: desaparición, ejecuciones extrajudiciales, desalojo forzoso, genocidio, destrucción del patrimonio cultural, el derecho a regresar de las personas desplazadas por el conflicto, derechos de las tierras indígenas y no devolución. Independientemente del tribunal o contexto específico —algunos de estos casos fueron vistos por tribunales penales, otros por tribunales regionales de derechos humanos—, lo que hizo que las pruebas fueran convincentes no fue la tecnología en sí, sino la credibilidad de la persona que explicaba lo que mostraban las imágenes. Solo en los casos en que el tribunal consideró que el testigo experto era confiable y creíble, se decidió que la información geoespacial tenía valor probatorio. En comparación, cuando un fiscal intentó admitir una imagen satelital a través del testimonio de una víctima, el tribunal rechazó la imagen.
Esta información es importante porque la práctica de los derechos humanos se encuentra en la cúspide de la democratización de los datos y análisis geoespaciales. Hoy en día, los principales proveedores de imágenes satelitales son las corporaciones privadas, y no los organismos gubernamentales (aunque los gobiernos siguen teniendo una importancia crítica como fuentes públicas de datos geoespaciales). Las plataformas recopiladoras permiten que los individuos combinen datos recolectados con teléfonos inteligentes con las imágenes de estos proveedores privados, con plataformas de mapeo de código abierto, y con datos recolectados por drones y aviones que pueden transportar equipos de detección cada vez más pequeños. Al mismo tiempo, también se vislumbran nuevas herramientas para la visualización de datos; algunas ONG de derechos humanos ya están explorando tecnologías novedosas, como la realidad virtual, para comunicar inquietudes sobre derechos humanos. Las tecnologías geoespaciales y las herramientas para analizar datos obtenidos por teledetección se están desarrollando tan rápidamente que para cuando las ONG, los abogados y los jueces aprendan una tecnología, otra la reemplazará. Los profesionales de derechos humanos deben comprender los límites de cualquier método de documentación específico y resistirse a usar una nueva tecnología simplemente porque es nueva o “genial”. Debido a que el análisis geoespacial produce mapas o imágenes que parecen fotografías en lugar de visualizaciones de datos, un análisis mal realizado puede ser muy perjudicial, como también puede serlo exagerar los resultados ambiguos de las investigaciones.
Por esta razón, los profesionales que usan tecnologías geoespaciales deben poner la credibilidad y objetividad del análisis resultante por encima de las tecnologías específicas. Los defensores de los derechos humanos que buscan incorporar la teledetección u otras tecnologías emergentes a su trabajo deben consultar a un analista experimentado e independiente que entienda los marcos específicos de los litigios de derechos humanos, y deben prever que esta persona puede convertirse en un testigo experto para el tribunal, el cual examinará cuidadosamente sus acreditaciones. Esta persona debe tener experiencia personal en la aplicación de los métodos de investigación establecidos y los estándares éticos y códigos de conducta pertinentes. También debe poder explicar los métodos científicos y los conocimientos en los que se basará de una manera fácil de comprender para los profesionales de los derechos humanos, los investigadores y los litigantes. Esto es especialmente cierto para quienes deseen incorporar los hallazgos en informes de derechos humanos que también incluyen historias de observadores y otros tipos de pruebas en materia de derechos humanos.
Otra consideración importante es la objetividad del experto. Esta no es una preocupación hipotética: el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) cuestionó la credibilidad del testimonio de un estadístico porque ese testigo experto había hecho declaraciones públicas en apoyo de las campañas de las ONG a favor del enjuiciamiento de crímenes de guerra. Siempre que sea posible, el análisis científico debe realizarse de manera que aísle el proceso de análisis de cualquier información que pudiera sesgar los resultados de la investigación.
De manera similar, los tribunales con jurisdicción sobre casos de derechos humanos deberían desarrollar principios para evaluar las pruebas científicas en lugar de centrarse en tecnologías específicas. Muchos tribunales nacionales, incluidos los estadounidenses, han desarrollado normas y procedimientos para evaluar el peso de los informes y datos científicos. Es hora de que los tribunales internacionales de derechos humanos también lo hagan. Esto hace que el proceso sea más predecible para todas las partes en litigio y, por lo tanto, ayuda a proteger el debido proceso y la imparcialidad. Además de adoptar principios predecibles para evaluar las pruebas técnicas, los tribunales internacionales podrían adoptar otros enfoques, entre ellos:
- nombrar expertos científicos independientes para asesorar al tribunal sobre cuestiones técnicas y pruebas presentadas en un caso específico;
- designar “maestros especiales” para examinar las pruebas en nombre del tribunal y hacer recomendaciones cuando haya pruebas científicas complejas, como la ciencia ambiental, que sean críticas para el resultado de un caso;
- ordenar a las partes del caso ante el tribunal que designen conjuntamente un panel de expertos para asesorar a los jueces, o
- invitar a ONG pertinentes a que presenten escritos amicus curiae para informar al tribunal sobre asuntos técnicos.
Estas consideraciones son cada vez más urgentes a medida que los datos digitales, y los medios para analizarlos, se vuelven más accesibles para los profesionales de derechos humanos, al mismo tiempo que los tribunales de derechos humanos y la sociedad civil investigan casos de destrucción ambiental, “delitos climáticos” y violaciones de derechos económicos y culturales. Estos casos requerirán una gran cantidad de pruebas científicas, incluidas las pruebas obtenidas a través de la teledetección y otros tipos de monitoreo ambiental, recopiladas por redes complejas de individuos, comunidades afectadas, investigadores científicos, organismos gubernamentales y ONG. Esto presenta enormes oportunidades para documentar y transmitir las preocupaciones de derechos humanos en formas nuevas y convincentes que pueden tener efectos tangibles. A fin de aprovechar estas oportunidades, las ONG deben adoptar métodos de trabajo apropiados que puedan utilizarse para verificar las fuentes de información, la cadena de custodia y los métodos de análisis. También deben mantener la investigación y el análisis científicos tan independientes como sea posible de los objetivos de defensa y promoción, alentando a los tribunales internacionales a desarrollar estándares y prácticas predecibles y transparentes para considerar las pruebas científicas y tecnológicas.
*** This article is part of a series on technology and human rights co-sponsored with Business & Human Rights Resource Centre and University of Washington Rule of Law Initiative.