La respuesta mundial al VIH/SIDA muestra que los derechos humanos son el camino hacia el éxito contra la COVID-19


Hace veinte años, en enero del año 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU calificó por primera vez un problema de salud —la crisis del SIDA— como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. La magnitud del problema justificaba esa valoración: iba más allá de las crisis sanitarias y económicas que enfrentaban los países afectados. Hoy en día, la COVID-19 podría tener efectos aún peores, catastróficamente desestabilizadores.

Dado que todos los países deben lidiar con la pandemia global de COVID-19, los líderes y ciudadanos tratan de determinar cuál es la respuesta más eficaz y apropiada. Las principales exigencias de salud pública de lavarse las manos con regularidad, distanciarse físicamente y respetar las órdenes de confinamiento representan obstáculos casi insuperables para las comunidades pobres, vulnerables y sobrepobladas sin acceso al agua corriente o ingresos estables. Ya están surgiendo descripciones en tiempo real de situaciones desesperadas en muchos países. Las volatilidades sociales y políticas están quedando al descubierto. Las desigualdades globales pasan rápidamente a primer plano.

Lo mismo sucede con las cuestiones de derechos humanos. Las respuestas de emergencia no pueden implicar simplemente una derogación temporal de ciertos derechos humanos (p. ej., el derecho de reunión). Es comprensible que haya miedo e incertidumbre, pero las respuestas adecuadas a la pandemia deben involucrar una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales, porque la pandemia de COVID-19 ya es un problema de desarrollo. Si esto no estaba claro antes, estamos percibiendo una nueva realidad. Con la COVID-19, ahora tenemos la evidencia más clara posible de la importancia de estos derechos. Por ejemplo, si los Estados respetan el derecho al agua y el saneamiento, pueden salvar del colapso sus propias economías, y la economía global.

La pandemia de COVID-19 ya es un problema de desarrollo.

Sin embargo, este no es un terreno completamente desconocido. Ya contamos con un modelo comprobado para guiar nuestra respuesta de salud pública. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es aplicar las lecciones que tanto nos costó aprender durante la respuesta mundial al VIH/SIDA, con sus numerosos logros durante las últimas cuatro décadas.

Sobresale una lección esencial. La respuesta al VIH/SIDA se centró en los derechos humanos, la colaboración con las comunidades y la formación de coaliciones, pese a la intensa oposición de los Estados a este enfoque. Pero era evidente que el enfoque médico tradicional y estrecho, basado de forma exclusiva en el diagnóstico y el tratamiento, no bastaría para hacer frente a la pandemia de VIH. A partir de esta base, se diseñaron respuestas institucionales para fortalecer los sistemas de salud, caracterizadas por la rendición de cuentas y el objetivo de lograr el acceso universal. El enfoque de derechos humanos para el VIH/SIDA contempló toda la gama de derechos humanos, demostrando así su profunda interrelación. Este nuevo enfoque, ya presente en la década de los 1980, significó una revolución para la salud mundial.

Como explicó en 1988 uno de los visionarios detrás de esta estrategia, el fundador del Programa Mundial sobre el SIDA de la OMS, Jonathan Mann:

“Yo diría que el paludismo, la enfermedad diarreica, las vacunas y la viruela siempre han tenido una dimensión de derechos humanos. Pero nunca se entendió realmente, nunca se vio realmente y, sin embargo, con el SIDA vemos con perfecta claridad que si no protegemos los derechos de las personas infectadas, todos estamos en peligro, que los derechos de todos se protegen al garantizar la protección de los derechos de algunos”.

Había, y hay, pruebas convincentes que indican que el estigma y la discriminación alejaron a las personas de los programas de prevención y atención. Proteger los derechos humanos no solo era lo correcto. También hizo que las intervenciones de salud pública fueran más efectivas y humanas a la vez. Hizo que la respuesta se centrara en las personas que vivían con VIH y exigían una vida con dignidad. Sin embargo, a fines de la década de los 1990, la existencia de un tratamiento para el VIH, que podía salvar vidas, se sumó a la situación global, y surgieron nuevas preguntas vitales sobre el carácter de las obligaciones de derechos humanos de los Estados, la no discriminación y la igualdad. Las brechas mundiales en el acceso al tratamiento fueron masivas y devastadoras. Se detonó una nueva era del activismo de derechos humanos para garantizar el acceso, y asegurar la participación de la comunidad. Esto último era esencial porque permitía el desarrollo de la educación sobre el tratamiento, que se convirtió en una estrategia decisiva destinada a capacitar a la persona promedio para controlar regímenes complejos de tratamiento de VIH y cosechar los beneficios de la ampliación de la cobertura, incluso en entornos de recursos limitados, de manera sostenible.

Es francamente notable que, hoy en día, más de 24 millones de personas reciban un tratamiento para el VIH que puede salvar sus vidas; sobre todo si recordamos la realidad y las perspectivas sombrías de hace dos décadas (aunque aún nos falta mucho para lograr la cobertura universal). Sin embargo, la nueva epidemia de COVID-19 nos muestra que no podemos caer en la autocomplacencia, porque no hemos avanzado lo suficiente en la efectividad del derecho a la salud y los derechos humanos conexos. No obstante, estos logros nos recuerdan el nivel de ambición e inversión que se necesita hoy en día y todo lo que se puede lograr cuando hay voluntad política.

Proteger los derechos humanos no solo era lo correcto. También hizo que las intervenciones de salud pública fueran más efectivas y humanas a la vez.

El enfoque de derechos humanos con respecto al VIH ofreció una lente poderosa para poner al descubierto el estigma, la discriminación, los prejuicios y otras violaciones, y los vinculó con las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados. Esto ayudó a definir acciones para hacerles frente. En la respuesta al VIH/SIDA, se trabajó con un enfoque constante en las comunidades afectadas y las poblaciones clave, como las personas LGBTQ, trabajadores sexuales, consumidores de drogas, personas detenidas y otros. Se han librado muchas duras batallas a través de los años tan solo para que las declaraciones y decisiones acordadas a nivel internacional reconozcan a estos grupos. Estas batallas se libraron para permitir que la evidencia de salud pública se impusiera a la discriminación y la criminalización. Necesitamos esta clase de activismo penetrante de derechos humanos para lidiar con las vulnerabilidades subyacentes que enfrentan las sociedades en la batalla contra la COVID-19. Esta batalla puede usar como guía los logros alcanzados en la lucha contra el VIH, entre otras cosas, ampliando la protección y los servicios a las personas sin hogar, migrantes, refugiadas y otras.

El VIH/SIDA demostró ser tanto una emergencia de salud pública como un problema de desarrollo. La forma en que se organizó la respuesta mundial al VIH/SIDA, otorgando un papel central a los valores de derechos humanos, ayudó a la comunidad internacional a controlar la situación, después de que una crisis combinada de salud, economía y seguridad la llevara al borde del colapso social. En este contexto, la respuesta al VIH nos mostró la eficacia y el valor duraderos de la participación comunitaria y los derechos humanos. Los Estados deben renovar su compromiso con las obligaciones de derechos humanos y colaborar con las comunidades, como titulares de derechos y como aliadas para formar las coaliciones más amplias posibles en la lucha contra la pandemia de COVID-19.

Muchas personas han afirmado que, con esta nueva pandemia, estamos entrando a un mundo muy diferente. Las repercusiones económicas y sociales aún se desconocen. Sin embargo, podemos dar forma a este nuevo mundo. La lección de la respuesta al VIH/SIDA es que la dignidad, el combate al estigma, la no discriminación, la educación sobre el tratamiento, el acceso universal, la justicia y la salud pública son conceptos que pueden configurar nuestro mundo y guiar nuestras acciones. Es preciso definir esta clase de conceptos para la era de la COVID-19 y así configurar las trayectorias actuales en beneficio de todos.