Los nuevos datos del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) para 2020 muestran un deterioro continuo del estado de derecho en todo el planeta. Esto no es una novedad para cualquier persona que lea los titulares contemporáneos, pero hay tres aspectos de esta tendencia que deben alarmar a los defensores de los derechos humanos: su amplitud, su persistencia y las dimensiones particulares del estado de derecho que sufren los ataques más graves y constantes.
El Índice de Estado de Derecho del WJP proporciona datos originales e independientes sobre el estado de derecho. Este Índice, que ahora abarca 128 países y jurisdicciones, se basa en más de 130,000 encuestas en hogares y 4,000 encuestas de expertos y profesionales jurídicos para medir cómo se vive y se percibe el estado de derecho en todo el mundo. El Índice mide ocho factores del estado de derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Cada país recibe un puntaje general del estado de derecho y puntajes para cada factor, así como una clasificación entre los 128 países a nivel mundial y entre otros países en su grupo de ingresos o región.
Por tercer año consecutivo, el Índice de Estado de Derecho del WJP muestra más países en los que el respeto al estado de derecho se ha deteriorado en lugar de mejorar. Las caídas fueron generalizadas y se observaron en todos los rincones del mundo. En todas las regiones, la mayoría de los países retrocedieron o se mantuvieron sin cambios en cuanto a su desempeño general del estado de derecho desde 2019. (Explore los datos en el sitio web de datos interactivos del WJP, aquí).
Los datos muestran una reducción del respeto al estado de derecho en muchos países que han sido modelos y defensores de las normas de estado de derecho.
Una cuestión particularmente preocupante es que los datos muestran una reducción del respeto al estado de derecho en muchos países que han sido modelos y defensores de las normas de estado de derecho. En lo que respecta a los países de Europa y América del Norte —que tradicionalmente han sido firmes defensores del estado de derecho—, 13 de 24 países registraron una disminución porcentual de su puntaje en el Índice entre 2019 y 2020, incluidas disminuciones pequeñas pero significativas en Francia, Hungría, Polonia, Portugal, Rumania y el Reino Unido. El puntaje de los Estados Unidos también se redujo y, por primera vez, el país cayó por debajo de los 20 primeros lugares de la clasificación global, donde fue reemplazado por España. A nivel mundial, una mayoría importante de los países con puntajes por arriba del promedio registraron una reducción del respeto al estado de derecho. La crisis del estado de derecho es generalizada, e incluso los países con una gobernanza históricamente fuerte están en una situación de tensión.
La persistencia del deterioro es otro hallazgo fundamental de los datos del WJP de 2020. Toda persona que trabaje en temas de estado de derecho sabe que los cambios suelen producirse con lentitud y que hay altibajos en el camino. Desde este punto de vista, resulta notable no solo que en cada uno de los últimos tres años se produjo una disminución del respeto al estado de derecho en la mayoría de los países, sino también que esta disminución se observó en varios de los mismos países año tras año. La mayoría de los países que tuvieron un puntaje de estado de derecho menor en 2020 también registraron disminuciones en 2019. Esta tendencia negativa persistente es aún más pronunciada en lo que respecta al factor que mide los límites al poder gubernamental. Más del 70 % de los países y jurisdicciones que disminuyeron en este ámbito en 2020 también lo hicieron en 2019. Estas no son las fluctuaciones habituales, sino una época de erosión constante del estado de derecho en varios países.
El deterioro global del estado de derecho no solo es generalizado y persistente, sino que también es más evidente en los factores de mayor importancia para la protección de los derechos humanos. A nivel mundial, los países experimentaron las disminuciones más grandes durante el año pasado en las esferas de los derechos fundamentales (54 disminuyeron, 29 mejoraron), los límites al poder gubernamental (52 disminuyeron, 28 mejoraron) y la ausencia de corrupción (51 disminuyeron, 26 mejoraron). Este patrón no es nuevo. Los datos del WJP muestran que estos tres factores también fueron los que más disminuyeron durante un horizonte temporal de cinco años. El factor de derechos fundamentales registró el mayor retroceso: se ha reducido el puntaje del 66 % de los países desde 2015.
En conjunto, estos datos ponen de relieve una creciente concentración de poder en el gobierno y grietas en los cimientos que el estado de derecho proporciona para la defensa y protección de los derechos humanos, a saber, un poder judicial independiente e imparcial, organismos de auditoría y de defensa del pueblo independientes, una sociedad civil sin trabas y medios de comunicación libres e independientes. Dado que estas instituciones críticas, y los controles y equilibrios que ofrecen, están siendo atacadas en las democracias establecidas y en los Estados menos libres, podemos esperar desafíos constantes para el asediado movimiento de derechos humanos.
A pesar de la persistencia de estas tendencias, los datos de al menos algunos países sugieren que este camino no es sostenible.
La buena noticia es que, a pesar de la persistencia de estas tendencias, los datos de al menos algunos países sugieren que este camino no es sostenible. Los países que registraron las mejoras más grandes en su puntaje del Índice de Estado de Derecho del WJP este año fueron Etiopía y Malasia, dos países en los que los ciudadanos finalmente se cansaron del gobierno corrupto basado en hombres fuertes, y donde los nuevos líderes han generado esperanzas de un futuro en el que se garantice el estado de derecho. Durante el último año, han estallado protestas en todo el mundo, lo que sugiere que otras poblaciones también pueden estar a punto de alcanzar sus límites.
Cuando cambie la tendencia del estado de derecho en esos lugares, habrá mucho trabajo por hacer para reconstruir los marcos institucionales que sustentan los derechos humanos y el estado de derecho. Como subrayan las experiencias recientes de Etiopía y Malasia, es posible que la transición sea laboriosa y políticamente tensa, y las sociedades que salen de periodos prolongados de mala gobernanza rara vez son pacientes. En Etiopía, la transición ha generado una apertura política y reformas jurídicas, pero también aumentó las tensiones étnicas y los disturbios. En Malasia, la democratización y la lucha contra la corrupción se estancaron recientemente, debido a que las rivalidades políticas desbancaron al gobierno de transición.
Los datos del Índice del WJP destacan una serie de casos en los que las transiciones políticas esperanzadoras de hace unos años han dado paso a retrocesos o estancamientos en el respeto al estado de derecho. Una de las prioridades principales de los defensores de los derechos humanos debe ser extraer lecciones de las transiciones anteriores. La rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos del pasado y el apoyo a una sociedad civil firme y medios de comunicación libres son elementos fundamentales, pero no son suficientes. ¿Cuáles son los marcos constitucionales y modelos institucionales que funcionan? ¿Qué asistencia técnica y de desarrollo se necesita? ¿Y en qué orden? ¿Qué combinación de apoyo económico y político puede ayudar a sostener un programa de reformas? Será fundamental abordar estas cuestiones a fin de aprovechar las oportunidades que ofrezcan las futuras transiciones al estado de derecho.