De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas, un enfoque centrado en las personas supervivientes pretende empoderarlas dando prioridad a sus derechos, necesidades y deseos. Esto incluye garantizar que tengan acceso a servicios adecuados, asequibles y de calidad. Sin embargo, a muchas víctimas y supervivientes de la violencia sexual no se les reconoce porque las definiciones actuales de la violencia sexual en los documentos políticos y jurídicos nacionales e internacionales no reflejan ni recogen de forma exhaustiva el amplio espectro de la violencia sexual que se sufre y se perpetra.
La eficacia de los esfuerzos para combatir la violencia sexual alrededor del mundo está limitada por el alcance y la comprensión globales de lo que constituye violencia sexual, así como las interpretaciones y aplicaciones en los procesos jurídicos. Esto incide en el acceso a la justicia, las reparaciones y otros cuidados y servicios necesarios. Muchas víctimas y supervivientes de violencia sexual sienten que no se les ve o no se les escucha y no tienen acceso a la justicia porque el sistema actual no reconoce los actos de violencia sexual cometidos en su contra. Para reconocer las experiencias de la mayor cantidad de supervivientes posible y darles justicia, las definiciones de violencia sexual deben ser más inclusivas, integrales, sensibles a la cultura y centradas en los supervivientes.
A pesar de estos problemas, en la última década, la violencia sexual ha recibido más atención por parte de actores políticos globales como la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional (CPI) y las organizaciones de la sociedad civil. En 2007, la ONU puso en marcha la Iniciativa de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos (Iniciativa de la ONU): una red de 13 organismos de la ONU, respaldada por un equipo de expertos e investigadores y presidida por la Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos (ORESG-VSC), que se estableció posteriormente en 2009.
La ORESG-VSC se fundó para actuar como vocera y defensora en materia de violencia sexual en los conflictos, además de presidir el equipo de la Iniciativa de la ONU. El equipo de la Iniciativa de la ONU se esfuerza por garantizar que la prevención de la violencia sexual, sobre todo en los conflictos, ocupe un papel central en las operaciones humanitarias, de derechos humanos y de mantenimiento de la paz de la ONU. Las políticas y operaciones de la ORESG-VSC se guían en gran medida por la definición de violencia sexual plasmada en el Estatuto de Roma de la CPI.
En los informes del Secretario General de la ONU sobre esta cuestión, el término “violencia sexual relacionada con los conflictos” comprende la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, el matrimonio forzado y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable perpetrada contra las mujeres, los hombres, las niñas o los niños, que esté directa o indirectamente relacionada con un conflicto. Esta definición hace hincapié en las agresiones sexuales que implican situaciones físicas o de contacto.
Para reconocer las experiencias de la mayor cantidad de supervivientes posible y darles justicia, las definiciones de violencia sexual deben ser más inclusivas, integrales, sensibles a la cultura y centradas en los supervivientes.
A pesar de estas iniciativas y dados los recursos, conocimientos especializados e influencia de la ONU, el uso de definiciones estrechas y dispares permite que víctimas y supervivientes de violencia sexual se queden al margen. Las víctimas y supervivientes que no se reconocen en los marcos normativos y sistemas institucionales contrapuestos no pueden, por tanto, acceder a servicios esenciales como el apoyo médico o psicosocial.
En abril de 2019, la ONU reconoció en su resolución del Consejo de Seguridad (resolución 2468) que hay deficiencias en las políticas y leyes relativas a la violencia sexual y que existe “la necesidad de un enfoque centrado en los supervivientes para prevenir la violencia sexual en situaciones de conflicto y posconflicto y responder a ella”.
Hay que reconocer que es muy complicado determinar qué constituye un acto de violencia sexual dadas las diferencias en las normas culturales y sociales, así como la ignorancia o la falta de comprensión sobre este tema. También hay lagunas discursivas —discrepancias entre los discursos públicos y las políticas escritas—, derivadas de las consideraciones políticas y económicas que intervienen en la elaboración de las políticas. Si bien la ONU y otras organizaciones internacionales reconocen la necesidad de un enfoque centrado en los supervivientes, sus esfuerzos siguen estando fragmentados, lo que crea vacíos en la definición y aplicación de las políticas.
A pesar de la creación de la ORESG-VSC para eliminar estos vacíos y superposiciones en la respuesta a la violencia sexual y para coordinar las iniciativas de la ONU sobre el tema, los problemas persisten. En particular, las definiciones utilizadas por las instituciones tienen diferencias importantes en función de las terminologías que usan quienes trabajan en temas de violencia sexual relacionada con los conflictos (VSRC) y quienes lo hacen en temas de violencia de género (VG).
Además de formular definiciones y políticas para responder a la violencia sexual en los conflictos que sean más inclusivas, integrales, específicas al contexto y centradas en los supervivientes, ¿qué se puede hacer para remediar la situación? En la práctica, ¿qué significa un enfoque centrado en los supervivientes?
En primer lugar, los investigadores necesitan una capacitación adecuada para comprender y reconocer interpretaciones más amplias, específicas al contexto y culturales de la violencia sexual en sus procesos. En segundo lugar, al prestar servicios a toda la diversidad de supervivientes, se debe confiar en que son capaces de manejar su recuperación, elegir y decidir por su cuenta y expresar sus necesidades o próximos pasos. Esto también significa fomentar y crear oportunidades para que los supervivientes testifiquen y que se escuchen y reconozcan sus experiencias. En tercer lugar, las organizaciones deben hacer un esfuerzo activo para que los supervivientes formen parte de los órganos de toma de decisiones, comités y reuniones sobre la violencia sexual para que incidan de forma significativa en la política, los procesos jurídicos y la aplicación. En este sentido, es evidente que una mayor colaboración entre las distintas partes implicadas en el proceso sería de gran utilidad. Por último, los defensores deben aprovechar la fuerza conjunta de la sociedad civil, la presión política y los medios de comunicación para aumentar la eficiencia de los esfuerzos para combatir la violencia sexual a nivel mundial.
Estos enfoques también pueden ayudar a mejorar las respuestas gubernamentales e internacionales a la discriminación racial y a quienes sufren de manera desproporcionada los efectos de la COVID-19. Al centrarse en estas personas y prestar mucha atención a sus experiencias, los encargados de formular políticas pueden garantizar que las medidas de respuesta y recuperación atiendan de forma adecuada a las distintas circunstancias. Para que la administración de justicia, la rendición de cuentas, las reparaciones y los servicios de apoyo a las víctimas y supervivientes sean eficaces, es necesario que las leyes, políticas y prácticas penales internacionales encaren debidamente las numerosas formas de violencia sexual.