La publicación de El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty anunció una nueva era de acercamiento al problema de la desigualdad. A diferencia de obras anteriores sobre la desigualdad, Piketty alejó su mirada económica de los países en desarrollo y se enfocó en cambio en los patrones de concentración del ingreso y la riqueza en las economías desarrolladas de los Estados Unidos y Europa. Piketty sostiene que la desigualdad es importante para la salud económica a largo plazo de los países. Pero ¿qué pasa con las consecuencias de la desigualdad que van más allá de la economía?
Aunque Philip Alston asevera que la desigualdad extrema es la antítesis de los derechos humanos, existe una rama de la teoría económica que desde hace tiempo sostiene que cierto grado de desigualdad no solamente es bueno, sino necesario para el desarrollo: la concentración de ingresos proporciona el capital necesario para invertir en las empresas y los empleos. Esta línea de argumentación también afirma que el periodo de aumento de desigualdad es algo temporal y se reducirá con el paso del tiempo, conforme el país se desarrolla y, por consiguiente, la distribución de ingresos se vuelve más equitativa. Este argumento y las políticas que lo apoyaban caracterizaron gran parte de la economía del desarrollo de la década de 1970 y el llamado “Consenso de Washington” sobre la necesidad de que los países en desarrollo permitieran que los mecanismos de precios asignaran los recursos en sus economías.
El periodo de la llamada Reaganomía o la economía “vudú” (al estilo de la película Ferris Bueller’s Day Off [Un experto en diversiones]) en la década de 1980 tomó este argumento y lo aplicó a las economías ya desarrolladas de los Estados Unidos y el Reino Unido, donde se redujeron las tasas de impuestos marginales y la promesa de “derrame” de beneficios crearía empresas y trabajos nuevos. El análisis de los datos de declaraciones de impuestos, los datos de ingresos y riqueza a largo plazo, y las nuevas visualizaciones de datos sobre la desigualdad de ingresos en los Estados Unidos, muestran que las políticas que se establecieron en la época de Reagan se han mantenido en su mayor parte, y que la desigualdad de ingresos es mucho peor hoy en día que en los años inmediatamente anteriores a la Gran Depresión. Sorprendentemente, la quinta parte más rica de la población estadounidense posee el 84 % de todos los ingresos, una cifra que no difiere mucho de las encontradas en las otras economías avanzadas que analizó Piketty, y una cifra que por lo general ignoran la mayoría de los estadounidenses.
Como los Estados Unidos están en año de elecciones, el tema de la desigualdad ocupa el primer plano en las campañas. Bernie Sanders hizo de la desigualdad un pilar de su campaña y busca repararla mediante un nuevo programa de redistribución reminiscente de los días de Franklin Roosevelt, mientras que Hillary Clinton habla de “derribar las barreras” que han impedido que la clase media y la clase trabajadora tengan un estilo de vida decente y esperado. Los republicanos no abordan el problema tan abiertamente como los demócratas, pero a finales del verano pasado Donald Trump afirmó que los estadounidenses ricos tendrían que pagar más impuestos, mientras que los de clase media deberían experimentar una reducción de impuestos.
Los niveles elevados de desigualdad de ingresos y propiedad de la tierra están relacionados con niveles elevados de violaciones de los derechos de integridad personal.
¿Cómo afecta esta desigualdad creciente y persistente de las economías avanzadas a la protección de los derechos humanos? Como señalaron Radhika Balakrishnan y James Heintz anteriormente en este debate, la desigualdad amenaza todos los derechos, no solo los derechos económicos y sociales. En 2009, Marco Larizza (ahora en el Banco Mundial) y yo publicamos un estudio en International Studies Quarterly, el cual demostraba que los niveles elevados de desigualdad de ingresos y propiedad de la tierra están relacionados con niveles elevados de violaciones de los derechos de integridad personal. Nuestro artículo se inspiró en los patrones de desigualdad y violaciones de derechos humanos observados en el caso de Brasil, los cuales generalizamos posteriormente a través de un conjunto de datos agrupados de series temporales y corte transversal de 162 países para el periodo de 1980 a 2004. Nuestro argumento giró en torno a los microfundamentos de la desigualdad, en donde los sectores favorecidos de la sociedad tienen incentivos para mantener el statu quo. Ven con agrado las políticas gubernamentales que mantienen el control de los recursos que ellos poseen y previenen el acceso de los sectores desfavorecidos de la sociedad; políticas de prevención que bien pueden incluir la violación de derechos humanos.
Además de la relación estadísticamente significativa que encontramos entre la desigualdad y los derechos humanos, también argumentamos que los efectos marginales de la desigualdad son bastante considerables tanto en términos absolutos como en relación con los otros factores que tomamos en cuenta (como la democracia, la fragmentación étnica, los conflictos internos, el tamaño de la población y el desarrollo económico). En otras palabras, la redistribución de los ingresos puede conducir a mejoras en la protección de los derechos humanos. Por el contrario, un aumento de la desigualdad puede llevar a una disminución de la protección de los derechos humanos.
Scott Olson/Getty (All rights reserved)
In the United States, demonstrators gather outside City Hall in Chicago, Illinois to protest shootings by police officers.
De la misma manera en que el problema de la desigualdad se ha trasladado ya al mundo desarrollado, cada vez me preocupa más que también haya llegado su relación con las violaciones de derechos humanos. Es menos común hablar de violaciones de derechos humanos en los Estados Unidos y otros países industriales avanzados (se puede encontrar una excepción en Foweraker y Krznaric), pero consideremos unos cuantos datos estilizados que acompañan a los que ya conocemos sobre el aumento de la desigualdad de ingresos. Los EE. UU. tienen los índices de encarcelamiento como proporción de la población total más altos del mundo (>700 por cada 100,000 personas); el aumento de los índices a través del tiempo coincide exactamente con el aumento de la desigualdad de ingresos. Durante los últimos 40 años, la población carcelaria total se ha quintuplicado. Las condenas de prisión no son violaciones de derechos humanos en sí mismas, pero es significativo que los cambios en las políticas que han provocado el aumento de los índices de encarcelamiento (y no un aumento en los índices de delincuencia) coincidan con los cambios de políticas que han generado concentraciones de ingresos.
Junto al creciente índice de encarcelamiento, también han aumentado la cantidad de homicidios policiales en los Estados Unidos, las muertes relacionadas con las detenciones y las inquietudes sobre la militarización de las fuerzas policiales estadounidenses. Lo más preocupante es que un análisis secundario respecto a los niveles de encarcelamiento y homicidios policiales también muestra que una cantidad desproporcionada de los prisioneros y las víctimas de disparos policiales son afroestadounidenses, mientras que los datos de 2015 confirman que el patrón de homicidios desproporcionados no ha disminuido.
Las consecuencias de la desigualdad no se limitan únicamente al ámbito económico. A medida que los recursos se concentran cada vez más en las manos de unos cuantos, quienes ocupan posiciones de poder en los ámbitos social y gubernamental tienen fuertes incentivos para mantener el statu quo. Las movilizaciones contra este tipo de medidas y las dislocaciones sociales que se derivan de ellas se responden con más encarcelamientos, más potencia de fuego y, por desgracia, más violencia estatal contra los sectores más marginados de la sociedad. Las lecciones de Piketty son claras para la economía, pero también debemos estar conscientes de las consecuencias de la desigualdad en materia de derechos humanos, y trabajar para mitigar sus efectos más graves.