El 19 de julio, un vídeo de Manipur, estado situado en el noreste de India, se hizo viral y causó indignación en todo el país. El vídeo mostraba a una turba de hombres desfilando y manoseando a dos mujeres desnudas en una carretera antes de que una de ellas sufriera presuntamente violencia sexual. Esta violencia fue el resultado de un conflicto étnico entre los kuki y los meitei de Manipur. Comenzó en mayo de 2023, con al menos 130 muertos hasta la fecha y más de 60.000 personas obligadas a emigrar. El terrible incidente de julio obligó al primer ministro indio, Narendra Modi, a abordar las continuas violaciones de los derechos humanos, aunque se produjo casi dos meses después del primer estallido de violencia.
La situación ya era tensa antes de mayo. Los meitei habían estado pidiendo que se les concediera el estatus de "tribu programada", una medida de acción afirmativa que conlleva el derecho exclusivo a comprar y poseer tierras en las zonas tribales reconocidas del estado. La situación se desmoronó cuando el Tribunal Superior de Manipur falló a favor de la demanda de los meitei. El Tribunal Supremo de la India suspendió la orden del alto tribunal en mayo, pero ya era demasiado tarde. Desde entonces, el estado se ha dividido en dos facciones: la comunidad minoritaria kuki alega que el gobierno del Partido Bharatiya Janata (BJP) -encabezado por el ministro jefe N. Biren Singh, que es meitei- ha estado apoyando la violencia contra ellos.
El Estado no respeta el derecho internacional
El Estado indio ha incumplido claramente su obligación de garantizar a los kuki los derechos humanos básicos y evitar la discriminación. El gobierno central dirigido por Modi ha sido duramente criticado por su gestión del conflicto. Que el Estado, incluido el primer ministro, haya guardado silencio sobre el asunto hasta que se convirtió en un punto de indignación nacional sugiere que el gobierno o bien no sabe cómo abordar este conflicto o bien le es indiferente. Además, el Estado mayoritario encabezado por el ministro jefe Singh no sólo ha sido ineficaz, sino que se le acusa de utilizar la maquinaria estatal para apoyar aún más a la mayoría meitei.
En el ámbito internacional, existen varias convenciones y declaraciones relativas a la protección de las comunidades indígenas en diferentes aspectos de la vida. La más importante es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en 2007 y refrendada por más de 160 países, entre ellos India. El artículo 1 de la Declaración concede a los pueblos indígenas todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El artículo 19 de la Declaración establece la obligación de los Estados de consultar y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas para obtener su consentimiento antes de adoptar y aplicar medidas que puedan afectarles. Este artículo también fue incumplido por el Estado indio, ya que el Estado incluye el poder judicial según el artículo 4 de la ARSIWA. Cabe destacar que el Tribunal Superior de Manipur no abordó la representación de la comunidad kuki en relación con el estatuto tribal otorgado a los meitei.
Además, ahora se informa de que un supuesto primer ataque a mujeres de la tribu meitei por parte de la tribu kuki fue un mero rumor. Así pues, el Estado indio también incumplió su obligación de proporcionar un mecanismo eficaz para la prevención de cualquier forma de propaganda destinada a promover o incitar a la discriminación étnica, tal y como establece el artículo 8.2 de la DNUDPI.
Conclusión
El gobierno central de India, el gobierno del estado de Manipur y el poder judicial han fracasado estrepitosamente a la hora de mantener la paz en la región. En términos más generales, todo el Estado ha sido ineficaz a la hora de proteger los derechos otorgados a las comunidades indígenas por la DNUDPI. Estos fracasos afectan a la credibilidad del Estado indio, ya que India afirma ser un firme defensor de la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Esta crisis de derechos humanos en curso perjudicará sin duda los esfuerzos de India por proyectarse como una superpotencia emergente y podría también obstaculizar la percepción de que el primer ministro Modi ha elevado el estatus de India en la escena mundial. También debería preocupar al gobernante BJP, ya que las elecciones nacionales están previstas para abril de 2024.
En respuesta al conflicto en curso, el gobierno central debería imponer un gobierno presidencial, ya que existe una preocupación genuina de que el gobierno estatal no sólo sea ineficaz, sino también parcial. Para lograr la paz, el gobierno central también debería considerar la posibilidad de desplegar más tropas paramilitares compuestas por regimientos de otros estados para garantizar la neutralidad de las fuerzas del orden, ya que otro motivo de preocupación es que las fuerzas locales también están divididas por identidades étnicas. Asegurarse de que los responsables de la toma de decisiones -así como los encargados de hacer cumplir la ley- no estén divididos por diferencias étnicas ayudará a controlar la violencia en Manipur. Será necesaria la mediación de terceros neutrales para encontrar una salida. Ya es hora de que India mantenga su compromiso de respetar el derecho internacional y tome las medidas necesarias para resolver esta brutal crisis de derechos humanos.