Environmental Change and Security Program/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Este artículo hace parte de la serie Up Close de OGR “La emergencia climática ante las cortes," sobre la difusión global de litigios basados en derechos humanos que buscan impulsar accciones contra el cambio climático.
Mientras busca formas de lidiar con la crisis económica provocada por la pandemia, la India ha tomado medidas firmes para abrir el sector de la minería de carbón a las empresas privadas y la inversión extranjera. El ministro de finanzas ha adoptado una postura agresiva sobre el aprovechamiento de las reservas de carbón de la India y la reducción de la dependencia de las importaciones de carbón. Pero aún no se han examinado las repercusiones que tendrá este enfoque para las metas de cambio climático de la India.
Con el 29 % de la población en situación de pobreza y sin acceso a la electricidad, la India es el tercer mayor emisor de carbono y es probable que pronto supere a China y los Estados Unidos, dada su creciente dependencia de los combustibles fósiles para la obtención de energía. El país debe tomar decisiones difíciles mientras trata de equilibrar las prioridades contrapuestas del crecimiento económico, la seguridad energética y el cambio climático.
La pandemia también ha obligado al gobierno a reexaminar los derechos de las comunidades que habitan en los bosques de la India. El gobierno de Modi eligió la ruta de la conservación excluyente: una práctica de conservación según la cual no debe haber interferencia humana en los entornos designados para la conservación. Por consiguiente, el gobierno ha restringido el ingreso de las comunidades forestales a los bosques, debido a los riesgos derivados de los virus zoonóticos, que se propagan de los mamíferos a los seres humanos cercanos. Estas medidas ponen de relieve las políticas de conservación y desarrollo que dan forma a las estrategias para afrontar el cambio climático.
Si bien el poder judicial de la India ha desempeñado un papel activo en la respuesta a las preocupaciones relativas al medio ambiente, los litigios de cambio climático en la India aún se encuentran en una fase incipiente. Las organizaciones y activistas ambientales han acudido en varias ocasiones a los tribunales para que atiendan cuestiones relacionadas con el medio ambiente, abarcando desde la deforestación hasta la contaminación, pero no se ha pedido explícitamente una intervención en materia de cambio climático, aunque pueda haber aparecido en la órbita general de las sentencias. Los litigios de interés público (PIL, por sus siglas en inglés), que permiten que una persona que no tenga legitimación procesal (p. ej., que no haya sido víctima directa de un quebrantamiento de la ley) recurra a los tribunales por un asunto de interés público, se han convertido en la vía dominante para entablar demandas ambientales.
Sin embargo, una demanda reciente presentada ante el Tribunal Verde Nacional aboga explícitamente por la intervención del tribunal en la respuesta al cambio climático. El tribunal ha sido un espacio para examinar los fallos de la reglamentación para abordar las cuestiones ambientales y ejercer la extralimitación judicial.
Decisiones que polarizan y entornos de confrontación
La India tiene dos vertientes contrapuestas de ambientalismo: una que se deriva de la noción del ambientalismo de los pobres y otra que es puramente excluyente. En diferentes momentos, el poder judicial ha coincidido con una u otra de estas vertientes. Wildlife First, una ONG comprometida a garantizar la conservación, presentó una demanda ante el Tribunal Supremo para diluir la Ley de Derechos Forestales de 2006, una ley progresista que reconoce los derechos de las comunidades que habitan los bosques mediante el desalojo de los habitantes de los bosques cuyos derechos aún no se reconocen. Según el análisis de Anuj Bhuwania, el problema de los PIL ha sido que muchos de estos litigios dan lugar a la violación de los derechos de aquellos a quienes se supone que deben proteger, en particular las poblaciones marginadas. Por lo tanto, es preciso actuar con cautela al usar los litigios para combatir el cambio climático.
Muchos de estos litigios dan lugar a la violación de los derechos de aquellos a quienes se supone que deben proteger, en particular las poblaciones marginadas.
Además, la incapacidad de reconciliar las dos vertientes contrapuestas de ambientalismo fuera de los tribunales, ya sea en el ámbito de la gobernanza o del discurso, provoca que se tomen más decisiones que polarizan en entornos de confrontación, como los tribunales. La conservación excluyente ha tenido efectos devastadores en los derechos de las comunidades que habitan los bosques. Los debates sobre el cambio climático, sobre todo en el contexto de los bosques y la gobernanza forestal, han revelado el predominio de un enfoque de conservación excluyente. Esto impide el ejercicio de los derechos forestales, ya que puede dar lugar a la fragmentación de las tierras forestales.
Los litigios estratégicos de cambio climático
El potencial estratégico para el cambio climático en la India está enmarcado por sus limitaciones. El poder judicial ha fomentado de manera efectiva una cultura de cumplimiento de las normas ambientales y de rendición de cuentas por parte de los organismos de regulación ambiental ante los ciudadanos. De esa manera, el poder judicial es un actor importante en el ámbito de la gobernanza y las políticas de cambio climático y no puede verse como algo aislado de la economía política en la que opera. A medida que la India avanza con una agenda de desarrollo agresiva, muchos han visto al poder judicial como un obstáculo en el proceso de crecimiento rápido.
Los litigios estratégicos en la India deben aprovechar la jurisprudencia ambiental basada en los derechos y enmarcarla dentro de las políticas de cambio climático existentes en la India. La India tiene un ambicioso plan nacional de acción climática con ocho misiones, incluida una específica para la región del Himalaya. Sin embargo, no ha habido ningún ejemplo práctico en el que las preocupaciones sobre el cambio climático estén vinculadas con una jurisprudencia ambiental basada en los derechos e inspirada en el discurso del ambientalismo de los pobres.
Mientras evalúan la intervención en los tribunales, los demandantes también deben esforzarse por incorporar aspectos de transición justa.
Para comprender el potencial estratégico de un caso en particular, se necesita una evaluación de impacto del litigio que permita entender cómo el caso afectará los derechos de las comunidades indígenas y otras comunidades locales, así como establecer una estrategia para superar cualquier efecto adverso. Por ejemplo, la prohibición de la minería en los Ghats occidentales dio lugar al desempleo en gran escala. Mientras evalúan la intervención en los tribunales, los demandantes también deben esforzarse por incorporar aspectos de transición justa.
Un posible caso de prueba en este sentido es impugnar la constitucionalidad, en virtud del artículo 21, de la reciente decisión por parte del gobierno indio de privatizar sus recursos de carbón y ponerlos a disposición de la minería de carbón comercial. Al mismo tiempo, la India tiene un plan impresionante de transición a los recursos renovables, que forma parte de su estrategia de mitigación de cambio climático y está expresado en la misión solar de su plan nacional de acción climática.
Las comunidades indígenas que viven en diferentes partes de las zonas productoras de carbón de la India suelen ser víctimas de la apropiación de tierras, deforestación y contaminación. Una demanda presentada por alguna de estas comunidades afectadas, como la de Talabira en Odisha, puede abrir el camino para que el poder judicial lidie con las múltiples dimensiones del cambio climático, atendiendo a la vez a los objetivos de la política gubernamental sobre la mitigación del cambio climático y la justicia ambiental. Es difícil prever qué decisión tomaría el poder judicial, pero una demanda de este tipo revelaría la realidad de la gobernanza y las políticas sobre cambio climático ante los tribunales. Esto puede fomentar el desarrollo de una jurisprudencia más matizada que evite caer en la trampa de las limitaciones identificadas anteriormente.
Negociaciones y limitaciones
Los tribunales son espacios importantes para la negociación de preguntas pertinentes sobre el medio ambiente y el desarrollo. Pero el poder judicial tiene limitaciones; no ha sido capaz de frenar las actividades de desarrollo que tienen efectos perjudiciales sobre el medio ambiente ni ha respondido al discurso marginador de la conservación excluyente.
Es necesario explorar el potencial estratégico del poder judicial teniendo en cuenta estas limitaciones. Hay que llevar ante los tribunales posibles casos de prueba que representen la verdadera complejidad de la gobernanza y las políticas sobre el cambio climático en la India, en lugar de casos que rehúyan los matices de la toma de decisiones en materia de cambio climático.
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