Foto: SIM USA/Flickr (CC BY-SA 2.0)
Los proveedores privados de servicios de aborto hacen posible que las personas ejerzan sus derechos a la autonomía corporal, a la salud y a decidir si formar una familia y cuándo. Sin embargo, los proveedores de servicios de aborto que trabajan en contextos nacionales en donde las leyes no se entienden bien y el aborto se estigmatiza socialmente enfrentan acoso por parte de la policía, acusaciones falsas y, en ocasiones, detenciones y enjuiciamientos. Debido a esta combinación de confusión y estigma, estos proveedores —a quienes muchos consideran defensores de los derechos humanos de las mujeres— son vulnerables a la intimidación, tienen miedo de contraatacar y, a veces, están resignados a la idea de que soportar el acoso es el “costo de hacer negocios”.
Los ataques a los proveedores de servicios de aborto no son tanto una manifestación de la política estatal como de la práctica estatal, y de las normas sociales y culturales que normalizan el patriarcado y el control de los cuerpos de las mujeres. Para erradicar el acoso y el abuso policial se requiere una transformación radical de las normas de género. Pero, mientras esa labor continúa, sí es posible frenar la persecución a corto plazo. Los proveedores de servicios de aborto y los abogados de África Oriental y América Latina han desarrollado estrategias de protección eficaces, implementadas por redes nacionales de apoyo jurídico. Estas redes, perfeccionadas junto con Planned Parenthood Global, han permitido que los proveedores ofrezcan atención —y los clientes la reciban— con dignidad y sin temor.
Los ataques a los proveedores de servicios de aborto no son tanto una manifestación de la política estatal como de la práctica estatal.
El aborto es totalmente ilegal en muy pocos países. En la mayoría de los países del mundo, de hecho, está permitido para salvar la vida o proteger la salud de una mujer embarazada.
Dado que el aborto es genuinamente legal en muchos casos, y debido a que el resultado de un procedimiento de aborto seguro —incluso si se realiza más allá de las limitaciones de la ley— es imposible de distinguir de un aborto espontáneo, en los países con políticas restrictivas sobre el aborto, por lo general, la policía no puede encontrar motivos para emprender acciones legales con respecto a la provisión de atención en sí. Por lo tanto, el acoso en estos países a menudo consiste en detectar deficiencias en los requisitos administrativos para realizar sus actividades, como las autorizaciones, la documentación adecuada y los contratos de empleo. Las redes de apoyo jurídico se rigen por protocolos que aseguran que los proveedores cumplan plenamente con este tipo de reglamentaciones. Cuando se presenta un problema legal, también hay disponible un abogado de la red para reducir el riesgo para el proveedor, su personal y sus clientes y preparar una defensa contra acusaciones injustificadas si el caso llega a los tribunales.
Cuando se presenta un problema legal, también hay disponible un abogado de la red para reducir el riesgo para el proveedor, su personal y sus clientes y preparar una defensa contra acusaciones injustificadas si el caso llega a los tribunales.
¿Cómo son estos “protocolos de prevención”? Durante visitas periódicas, un abogado de la red y un prestador de servicios de aborto trabajan juntos para revisar y garantizar la seguridad de las instalaciones de la clínica, así como de su personal y documentos (registros de clientes, expedientes clínicos, datos financieros). Forman un archivo completo y actualizado de las acreditaciones, autorizaciones, certificados, registros de impuestos y cualquier otra documentación necesaria para operar conforme a la ley. Revisan los contratos, para confirmar el cumplimiento de todas las leyes laborales relevantes, y establecen los procedimientos a seguir en caso de una emergencia médica o jurídica.
Quizás lo más importante es que todo el personal está capacitado en enfoques de atención de la salud basados en los derechos. La idea es asegurarse de que todos —desde el guardia en la puerta de la clínica hasta el personal administrativo que gestiona la oficina y el personal clínico— comprendan la importancia de la atención que se brinda en su clínica y cómo los servicios de aborto protegen y promueven los derechos humanos de las mujeres. La capacitación en atención de la salud basada en los derechos también incluye la implementación de procedimientos de consentimiento informado y asesoramiento claros e integrales. Además del propósito obvio de hacer efectivos los derechos de los pacientes a la información y la autonomía, contar con protocolos robustos de consentimiento informado contribuye a normalizar los servicios de aborto y reducir la vergüenza, y son fundamentales para evitar el abuso policial.
Los abogados de la red deben ser expertos en la legislación y los reglamentos locales, no en el derecho internacional.
Estas redes de apoyo jurídico ofrecen medidas de protección adicionales a los defensores de los derechos humanos de las mujeres, más allá del ámbito burocrático. Crean comunidades nacionales interdisciplinarias de práctica y de solidaridad entre abogados y proveedores de atención de la salud, lo que reduce en gran medida la sensación de aislamiento y estigma que pueden sentir. Mejoran las habilidades de ambos grupos, así como su compromiso con los derechos sexuales y reproductivos. Esta es una medida importante de politización para personas —tanto los proveedores como los abogados— que pueden ser más propensas a definirse a sí mismas en función de su profesión en lugar de como personas defensoras de los derechos humanos de las mujeres, incluso cuando la promoción de los derechos humanos de las mujeres es el eje de su trabajo. A través de la capacitación, la participación en conferencias y otras reuniones, las redes nacionales se conectan a nivel regional y, a través de su relación con Planned Parenthood Global, lo hacen con organizaciones internacionales de derechos humanos y movimientos en diversas zonas geográficas.
A lo largo de más de diez años de ensayos y errores, se han aprendido lecciones sobre las buenas prácticas en el desarrollo de redes de apoyo jurídico. Entre ellas, la principal es que para que las redes tengan éxito, la prevención debe ser el eje de su trabajo. (Una estrategia de prevención también proporciona un complemento útil a la transformación social y a la labor jurídica y de política que se viene realizando en un país determinado para promover el derecho al aborto seguro). En segundo lugar, los abogados nacionales con competencia a nivel nacional deben desempeñar un papel de liderazgo. Las primeras redes recurrieron a abogados especializados en derecho internacional de derechos humanos cuyos conocimientos no eran del todo pertinentes: los abogados de la red deben ser expertos en la legislación y los reglamentos locales, no en el derecho internacional. En tercer lugar, la red debe ser proactiva en cuanto a establecer relaciones con los proveedores para que perciban los efectos de la labor de prevención y para que puedan llamar a abogados especializados de la red en caso de crisis, en lugar de recurrir a quienquiera que encuentren para que se haga cargo de su caso. Por último, la red debe idear estrategias creativas para retener a sus abogados voluntarios, quienes muchas veces están ocupados con otras tareas. Las redes de Planned Parenthood han logrado la participación de estos abogados mediante actividades de desarrollo profesional constantes y valiosas (p. ej., capacitación y creación de contactos).
La frecuencia del acoso, la detención y el enjuiciamiento de proveedores que trabajan con las redes de apoyo jurídico ha experimentado una reducción considerable tanto en África Oriental como en América Latina, lo que sugiere que los defensores de los derechos humanos de las mujeres que realizan abortos se pueden proteger a sí mismos de las violaciones de derechos a través de la organización, la solidaridad y la formulación de estrategias sobre intervenciones prácticas con sus colegas y aliados.