La respuesta a las manifestaciones a favor de la justicia racial: un uso excesivo de la fuerza

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Las personas que viven en las comunidades de color del área de Portland en Oregón han tenido muchas más probabilidades de contraer COVID-19, ser hospitalizadas o morir por el virus que quienes viven en las zonas menos diversas de la ciudad. La pandemia puso en evidencia las desigualdades arraigadas y el racismo estructural en Portland y Oregón, lo que avivó aún más las manifestaciones a favor de la justicia racial, sostenidas durante meses en la ciudad.

Muchos habitantes blancos de Portland y de todo el país están comenzando a afrontar las raíces racistas de los Estados Unidos y su propio privilegio. A menudo, esto ha implicado unirse a las protestas en respuesta al asesinato de George Floyd por la policía. Pero en lugar de facilitar este ajuste de cuentas con el racismo estadounidense y respetar el derecho a protestar con seguridad, las fuerzas de seguridad de Portland a Nueva York y Austin han enfrentado con demasiada frecuencia a los manifestantes con un uso excesivo, indiscriminado y a veces peligroso de las armas denominadas “menos letales”.

Por ejemplo, las fuerzas de seguridad les dispararon en la cabeza con proyectiles de energía cinética (balas de goma y otros proyectiles) a por lo menos 115 personas de diversas partes de los Estados Unidos durante los primeros dos meses de las protestas por George Floyd, según un análisis visual que llevó a cabo nuestro equipo de Physicians for Human Rights (PHR). Y es probable que este sea un subregistro.

El hecho de que las fuerzas de seguridad disparen con armas de control de masas a las cabezas de los manifestantes es, sin duda, un fenómeno mundial. En Chile, investigaciones médicas documentaron cómo el uso de proyectiles de energía cinética durante el periodo de disturbios civiles en el país, en 2018 y 2019, causó “traumatismo ocular grave, deficiencias visuales y discapacidad permanente” a cientos de manifestantes. Las llamadas “pistolas de perdigones” han matado y cegado a docenas de personas en Cachemira en los últimos años. En Colombia, en noviembre del año pasado, un adolescente que se manifestaba por una mejor educación fue alcanzado por un proyectil y murió, lo que provocó más disturbios. Desde la década de los 1980, nuestros colegas en PHR han documentado el uso excesivo de armas de control de masas por parte de los gobiernos de Baréin, Georgia, Israel y el Territorio Palestino Ocupado, Cachemira, Panamá, Tailandia, Turquía y ahora los Estados Unidos.

No es de extrañar que algunas personas hayan desistido de protestar, temerosas de las graves lesiones que pueden derivarse de que les arrojen gases o les disparen durante las manifestaciones. Pero un país en el que las personas no se sienten seguras al protestar es un país en riesgo de perder sus libertades más valiosas. Independientemente de nuestra inclinación política, todos debemos valorar la capacidad de reunirnos de forma pacífica o expresarnos sin que exista la posibilidad de perder un ojo o sufrir una fractura de cráneo por estas armas.

Sin embargo, en Portland, los manifestantes han tenido que recurrir con frecuencia a utilizar equipo de protección (anteojos de esquí, cascos, mascarillas antigás, escudos e incluso sopladores de hojas) para resguardarse de un aluvión de gases lacrimógenos, granadas de concusión y balas de goma. Esto recordó algunas de las tácticas creativas adoptadas por los manifestantes en Hong Kong y en otros lugares el año pasado. Como lo expresó muy bien el periodista y organizador Mac Smiff, que es negro:

“Salimos en camiseta y girando aros hula-hula y así, y empezaron a arrojarnos gases, así que regresamos con mascarillas filtrantes, y empezaron a dispararnos, así que regresamos con chalecos, y empezaron a apuntarnos a la cabeza, así que empezamos a usar cascos, y ahora nos dicen terroristas. ¿Quién está agravando esto? Nosotros no”.

Independientemente de nuestra inclinación política, todos debemos valorar la capacidad de reunirnos de forma pacífica o expresarnos sin que exista la posibilidad de perder un ojo o sufrir una fractura de cráneo por estas armas.

Ciertamente, las fuerzas de seguridad, en particular los agentes federales, fueron quienes agravaron la situación en las calles de Portland.

Investigamos las prácticas policiales en materia de protestas de la Oficina de Policía de Portland y los agentes federales y encontramos un patrón uniforme de uso desproporcionado y excesivo de la fuerza. Nuestro extenso informe, publicado en octubre, documenta cómo el uso de armas de control de masas por parte de las fuerzas de seguridad y su obstrucción de la atención médica en las protestas ocasionaron heridas graves y trauma psicológico tanto a médicos voluntarios como a manifestantes.

De acuerdo con las pautas internacionales desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza durante las protestas, los funcionarios gubernamentales tienen la obligación de garantizar un acceso efectivo a la atención médica y transporte para los manifestantes lesionados.

Pero en Portland, excepto en raras excepciones, los paramédicos oficiales de la ciudad y el condado no brindaron atención a manifestantes, médicos, periodistas u observadores legales lesionados en el lugar de las manifestaciones, y las ambulancias tampoco llegaron directamente a los heridos que estaban en ese lugar. Esto ilustra los informes de habitantes negros de Portland sobre los retrasos de los servicios de ambulancias para responder a las llamadas desde los barrios negros y las zonas que se han considerado “no seguras” durante años, un fenómeno que conocen demasiado bien las comunidades de color de todo el país.

En cambio, un ecosistema impresionante y complejo de médicos voluntarios llegó a tratar de llenar estos vacíos en la atención médica. Pero estos médicos fueron objeto frecuente de violencia y obstrucción por parte de las fuerzas de seguridad.

Cuando observamos las protestas de Portland y entrevistamos médicos en la ciudad en julio, nos asombró la falta de protección por parte del gobierno para quienes proporcionaban transporte y servicios médicos de emergencia a los heridos. Francamente, nos recordó las situaciones que hemos documentado en países autoritarios de todo el mundo, como Turquía.

En nuestro trabajo de investigación sobre las armas de control de masas y los ataques contra los servicios de atención médica alrededor del mundo, hemos observado que el uso excesivo de la fuerza corroe los derechos humanos que son fundamentales para toda democracia. Las armas de control de masas deben ser el último recurso; solo se deben utilizar ante amenazas genuinas e inminentes para la seguridad pública y después de que se hayan agotado todos los demás medios para reducir la tensión. Este despliegue sin precedentes de armas “menos letales” por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses en respuesta a las manifestaciones mayormente pacíficas a raíz de la muerte de Floyd no solo constituye una amenaza grave a los cuerpos humanos, sino también a los valores fundamentales de nuestro país.

Todos los niveles del gobierno deben trabajar para que las protestas contra el racismo sean más seguras y respetuosas de los derechos humanos.

Ahora que terminaron las polémicas elecciones estadounidenses, pero continúa el potencial de protestas sobre la transición de poder, la justicia racial y otros temas, es imprescindible que las ciudades, los estados y el gobierno federal reformen sus estrategias para vigilar las protestas. Con base en lo que aprendimos en Portland, pedimos a las ciudades que establezcan zonas médicas seguras cerca de cualquier lugar de protesta, donde el personal médico pueda atender de forma segura a las personas lesionadas (ya sea que actúen con carácter oficial o voluntario) y transportarlas a los departamentos de emergencias.

Los agentes de seguridad de nivel local, estatal y federal deben moderarse y asumir su responsabilidad si abusan de las armas de control de masas o atacan a los médicos. La próxima administración Biden-Harris deberá encargar al Departamento de Seguridad Nacional que abra una investigación sobre la conducta del personal federal durante sus operaciones en Portland y Washington, DC, el verano pasado. Es urgente que el gobierno federal revise la capacitación, las políticas y las prácticas sobre las armas de control de masas para que cumplan los estándares internacionales de derechos humanos y actividades policiales. Todos los niveles del gobierno deben trabajar para que las protestas contra el racismo sean más seguras y respetuosas de los derechos humanos. Y es preciso apoyar la labor de organizaciones pioneras dirigidas por la comunidad negra, como Don’t Shoot Portland, para crear una ciudad y un país en el que las vidas negras importen.

El personal de salud puede desempeñar una función vital no solo en la atención de los manifestantes heridos, sino también en la documentación de las violaciones relacionadas con el control de masas y en la promoción de la justicia. Ahora más que nunca, necesitamos sus habilidades, sus esfuerzos y su voz.