En los últimos años, cada vez se reconoce más que la contratación pública es un medio para que los Estados cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos y alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, ha aumentado la cantidad de organizaciones internacionales, como ONU Mujeres, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, que reconocen el poder de la contratación para lograr la igualdad de género. Para acelerar los avances, necesitamos recopilar más y mejores datos y explorar cómo se incorpora la igualdad de género en diferentes etapas del ciclo de contratación.
La contratación pública se refiere al proceso mediante el cual las autoridades públicas, como las dependencias gubernamentales, las autoridades locales y municipales y las empresas estatales, adquieren bienes y contratan mano de obra y servicios. Este sector representa entre el 15 y el 20 % del producto interno bruto global en los países de la OCDE, y se calcula que su valor en 2021 es de 13 billones de dólares estadounidenses a nivel mundial. Como megaconsumidores, los compradores públicos tienen el poder adquisitivo para establecer normas que pueden transformar los mercados y garantizar que los proveedores respeten la igualdad de género.
Promover la igualdad mediante los requisitos de contratación pública
La contratación pública ofrece un mecanismo para que los Estados hagan cumplir las leyes y políticas vigentes en áreas como las normas laborales, la trata de personas, la protección infantil y la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, en 2018, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y los EE. UU. adoptaron cuatro Principios para guiar las medidas gubernamentales para combatir la trata de personas en las cadenas globales de suministro. La agencia central de contratación pública del Reino Unido diseñó un modelo de cláusula contractual que pueden utilizar los compradores públicos para combatir la trata de personas. Sin embargo, no hay información pública sobre la frecuencia con la que se utiliza el modelo ni sobre los efectos que ha tenido este enfoque en la trata de personas.
Otra manera de utilizar la contratación pública para promover la igualdad es favorecer tipos específicos de empresas en sectores en los que se prevé que las mujeres obtengan beneficios, como la agricultura a pequeña escala y las empresas indígenas. La Ley n.º 11.947 del 16 de junio de 2009 de Brasil dispone que un mínimo de 30 % de los recursos financieros traspasados a los estados y municipios por el gobierno federal para implementar el Programa Nacional de Alimentación Escolar, que ahora atiende a más de 49 millones de niños, se debe utilizar para comprar alimentos provenientes de la agricultura familiar, lo que incluye a las comunidades indígenas, quilombolas (descendientes de los esclavos afrobrasileños) y beneficiarias de los programas de redistribución de la tierra.
Según informó Marília Leão, en Brasil, “las mujeres son las más afectadas por la pobreza extrema, el analfabetismo, las deficiencias en el sistema de salud, los conflictos y la violencia sexual... Las agricultoras familiares y campesinas, que se sabe contribuyen de forma decisiva a la producción de alimentos para el conjunto de la población, sufren también la invisibilización de su trabajo y una fuerte discriminación”. En general, se atribuye a este programa el mérito de mejorar el nivel de las comidas escolares y aumentar los ingresos de la agricultura familiar.
El empoderamiento económico de las mujeres
El uso de la contratación pública para contribuir al empoderamiento económico de las mujeres es un enfoque que las organizaciones internacionales, como ONU Mujeres, promueven y apoyan a través de sus directrices. Pese a ello, la OMC informó en 2019 que solo el 9 % de los 77 miembros examinados tenía políticas de apoyo al empoderamiento de las mujeres. Incluso en los países que más han avanzado en este sentido, se ha desaprovechado una oportunidad en lo que respecta a la recopilación de datos.
En 2008, la República Dominicana aprobó una ley que establece un programa de compras preferentes para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y legisló que el 20 % de las compras a través de ese programa debe hacerse a empresas dirigidas por mujeres. En 2012, la primera directora de la agencia central de contrataciones públicas, la Dra. Yokasta Guzmán, presentó iniciativas para alentar a las mujeres a registrarse como proveedoras y fijó como objetivo que el 5 % de los contratos gubernamentales se adjudicaran a empresas propiedad de mujeres. En 2020, el gobierno de la República Dominicana informó que “entre 2012 y 2017, la cantidad de proveedoras en la base de datos de la DGCP aumentó de 2000 a 15 000” y que “para 2019, una quinta parte de los contratos públicos, por un total de 20 000 millones de pesos dominicanos (350 millones de dólares), se adjudicó a mujeres”.
ChileCompra, el organismo central de contratación de Chile, adoptó una directiva de fomento a la participación de empresas dirigidas por mujeres en el mercado de la contratación pública, con el fin de contribuir a la igualdad de género. ChileCompra creó el “Sello Empresa Mujer” para identificar a las empresas dirigidas por mujeres, o cuyas propietarias mayoritarias sean mujeres, y ofreció capacitaciones para apoyarlas. Esto dio lugar a que la participación de las empresas propiedad de mujeres en la plataforma de contratación electrónica aumentara en un 25 %.
Como se demuestra en estos dos ejemplos, el énfasis en el empoderamiento económico de las mujeres ha permitido obtener datos sobre el dinero y el crecimiento. Para ver en qué medida estas iniciativas han contribuido a lograr la igualdad de género, se necesita dedicar más atención a otros tipos de datos, incluidos los efectos.
Es posible obtener datos sobre los efectos. Gracias a la incorporación de una perspectiva de género en un proyecto sobre caminos rurales del Banco Mundial en Perú, pudieron informar que “nuevas y mejoradas opciones de movilidad permitieron a más mujeres acceder a servicios, mercados y oportunidades esenciales. Con un acceso más fácil y rápido a la educación y a la asistencia sanitaria, el registro escolar aumentó 19.2 %, mientras que el número de consultas de salud aumentó un 17.8 % en las comunidades que se beneficiaron del proyecto”.
Cómo resolver la falta de datos
En primer lugar, se deben recopilar y publicar datos sobre cuántos ejercicios de contratación se están utilizando para lograr la igualdad de género. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de las contrataciones de una jurisdicción incluye un enfoque de igualdad de género o en qué etapas del ciclo de contratación se introducen requisitos específicos al respecto? Dada la adopción del indicador 12.7.1 de los ODS sobre la contratación pública sostenible en 2020 y el énfasis en la contratación durante el foro político de alto nivel de 2021, es posible que pronto veamos avances.
En segundo lugar, hay que desarrollar indicadores a nivel nacional y actualizarlos regularmente, en función de los avances logrados. Contar con buenos indicadores estructurales, de procesos y de resultados debería ayudar a generar mejores datos para demostrar cómo la contratación pública puede contribuir a hacer efectivos los derechos humanos y la igualdad de género en la práctica. Entender los principales riesgos de derechos humanos en la cadena de valor y las necesidades de los titulares de derechos (incluidos los usuarios finales) puede servir para orientar el diseño de indicadores útiles.
En tercer lugar, es necesario explorar cómo se incorpora la igualdad de género en las distintas etapas del ciclo de contratación. Hoy en día, la tendencia es centrarse en la capacitación de proveedores y en criterios de selección que ven a las mujeres como posibles proveedoras a las que hay que empoderar económicamente. Podemos ampliar la perspectiva para explorar cómo se incorpora la igualdad de género en diferentes etapas, como las pruebas de mercado, la relación con los titulares de derechos/usuarios finales, la identificación y evaluación de riesgos, el diseño de especificaciones técnicas, los criterios y la auditoría de las adjudicaciones de contratos, entre otras.
La adopción de estas medidas ayudaría mucho a entender cómo repercute la contratación en los derechos humanos y la igualdad de género en la práctica, así como a crear oportunidades para seguir utilizando la contratación pública para contribuir a la igualdad de género.
Este artículo es parte de una serie de publicaciones de blog centrada en las dimensiones de género en el ámbito de las empresas y los derechos humanos. La serie es un esfuerzo conjunto del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, el Instituto Danés de Derechos Humanos y OpenGlobalRights. Las opiniones que se expresan en la serie corresponden a los autores. Para obtener más información sobre las últimas noticias y recursos sobre el género, las empresas y los derechos humanos, visite este portal