El 8 de junio de 2020, los familiares de las víctimas de asesinatos a manos de la policía en los Estados Unidos y más de 600 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo iniciaron un nuevo capítulo en la lucha contra el racismo. Les escribieron a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para pedirles que realizaran con urgencia una sesión especial sobre los EE. UU., a fin de responder a la grave crisis de derechos humanos que supone la represión de las protestas en todo el país tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía y otros homicidios injustificados de personas negras indefensas por la policía y justicieros blancos.
En respuesta, el 12 de junio, el embajador Dieudonné W. Désiré Sougouri de Burkina Faso, en nombre del Grupo Africano sobre derechos humanos en Ginebra, le escribió a la presidenta del Consejo, la embajadora Elisabeth Tichy-Fisslberger, para solicitar un debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas.
El Consejo llevó a cabo ese debate urgente el 17 de junio, cuando reanudó su 43er periodo ordinario de sesiones. Dos días después, aprobó por consenso la resolución A/HRC/RES/43/1 para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos por parte de agentes del orden.
En la resolución, el Consejo “condena enérgicamente la persistencia entre las fuerzas del orden de prácticas violentas y discriminatorias de carácter racista contra los africanos y los afrodescendientes, en particular las que provocaron la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020 en Minnesota... y la muerte de otros afrodescendientes, y condena también el racismo estructural del sistema de justicia penal”.
La resolución también encomendó a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que, con la asistencia de los procedimientos especiales pertinentes, prepare un informe sobre el racismo sistémico y las violaciones del derecho internacional de derechos humanos contra los africanos y afrodescendientes cometidas por las fuerzas del orden. El informe se presentará ante el Consejo en junio de 2021.
El debate urgente y la resolución correspondiente son excepcionales porque responden a una situación de derechos humanos en un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU por primera vez desde la creación del Consejo en 2006. Aunque ni en la solicitud de debate ni en la resolución se especifica que conciernen a los EE. UU., ambas implican claramente a dicho país. El tiempo dirá si este precedente servirá para que los miembros del Consejo afronten situaciones de violaciones flagrantes y sistemáticas en otros países que han sido intocables hasta ahora, como China, Egipto, India, Rusia o Arabia Saudita.
Cabe preguntarse cuál será el efecto del debate, la resolución y el próximo informe sobre la actitud de los EE. UU. hacia el Consejo, al que abandonó en junio de 2018. La administración estadounidense actual ya mostraba una clara hostilidad hacia el Consejo, y la nueva resolución no hará más que reforzar su desdén. Los aliados de los EE. UU. y los defensores de los derechos humanos deben alentar a la nueva administración estadounidense a colaborar de forma positiva con la alta comisionada durante la preparación del informe, como un paso para restablecer la relación de los EE. UU. con el Consejo.
¿Podrá la alta comisionada resistir la presión que ejercerán los EE. UU. sobre ella para que avance con cuidado?
Para la alta comisionada, la resolución 43/1 presenta tanto oportunidades como desafíos espinosos con respecto a la redacción del informe. El informe representa una ocasión para centrar la atención mundial en el racismo y la brutalidad policial conexa en la antesala del vigésimo aniversario de la Conferencia Mundial de Durban contra el Racismo en 2021. Sin embargo, un año es poco tiempo para preparar un informe de tal complejidad potencial. La alta comisionada debe actuar con rapidez y decisión.
Cuando se adoptó la resolución, el secretariado del Consejo explicó que los recursos necesarios para preparar el informe estarán disponibles hasta que la Asamblea General los apruebe a finales de 2020. En la primera actualización oral de la alta comisionada sobre la preparación del informe, el 1 de octubre, anunció que su oficina estableció un equipo dedicado a la aplicación de la resolución 43/1, pero también recordó la importancia de obtener recursos. Este es un buen momento para que la alta comisionada explore nuevas alternativas, como la microfinanciación colectiva, para obtener los recursos necesarios para cumplir sus responsabilidades en virtud de la resolución.
Dejando de lado las grandes dificultades técnicas, preparar el informe también implica retos políticos considerables. ¿Podrá la alta comisionada resistir la presión que ejercerán los EE. UU. sobre ella para que avance con cuidado? Si bien el informe debe abordar los efectos del racismo sistémico y las violaciones del derecho de los derechos humanos en los EE. UU., su mandato no se limita a dicho país. La tarea de la alta comisionada es examinar el racismo sistémico y la brutalidad policial contra los africanos y los afrodescendientes dondequiera que vivan, ya sea en los EE. UU., Brasil, Francia, China, Jamaica, Libia, Sudáfrica, Nigeria, Kenia o cualquier otro lugar. ¿Aceptarán los países africanos que la resolución que dirigieron dé lugar a esta clase de exámenes en países africanos? ¿Aceptarán los otros países y las organizaciones de la sociedad civil que no lo haga?
Asimismo, se requieren esfuerzos paralelos de la sociedad civil en otros países asolados por el racismo sistémico y la brutalidad policial contra los africanos y afrodescendientes.
A fin de aprovechar al máximo las oportunidades creadas por la resolución, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones de la sociedad civil tienen la importante responsabilidad de usarla en su labor de promoción contra el racismo y la brutalidad policial a nivel nacional y local; alentar a sus autoridades nacionales a que colaboren con la alta comisionada; y aportar la información oportuna y de buena calidad que la alta comisionada y los procedimientos especiales necesitan para cumplir sus responsabilidades en virtud de la resolución.
Después de la adopción de la resolución 43/1, la ACLU le escribió una carta a la alta comisionada, en nombre de las familias de las víctimas de la brutalidad policial en los EE. UU. y de casi 400 ONG, con recomendaciones y sugerencias valiosas para la preparación de su informe. Esas recomendaciones se repitieron ante el Consejo de Derechos Humanos. La ACLU y otras organizaciones han trabajado de forma proactiva con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto al racismo sistémico y la brutalidad policial en los EE.UU.; también tienen que hacerlo con la alta comisionada. Asimismo, se requieren esfuerzos paralelos de la sociedad civil en otros países asolados por el racismo sistémico y la brutalidad policial contra los africanos y afrodescendientes. La alta comisionada y su oficina también deben hacer un esfuerzo deliberado por acercarse a la sociedad civil y trabajar con ella.
El criterio para evaluar el debate urgente, la resolución y el informe de la alta comisionada será su contribución a la lucha contra el racismo sistémico y la violencia policial contra los africanos y los afrodescendientes sobre el terreno, dondequiera que se produzcan esas violaciones. Esa contribución dependerá en gran medida de la manera en que la ONU y la sociedad civil apliquen la resolución. Su principio rector siempre debe ser el interés por ofrecer rendición de cuentas y reparaciones a las víctimas del racismo y la brutalidad policial conexa.