EFE/Paolo Aguilar
Participantes en una manifestación contra el hambre y la pobrezason vistos hoy, sábado 18 de septiembre de 2010, en el Parque de la Muralla en el centro de Lima (Perú).
En un artículo de opinión reciente en el New York Times, con el provocador título “How the Human Rights Movement Failed” (Cómo fracasó el movimiento de derechos humanos), el profesor de Yale Samuel Moyn critica duramente al movimiento de derechos humanos por no responder a la desigualdad económica creciente y otros agravios socioeconómicos, que han contribuido al auge del autoritarismo populista. Esta crítica no carece de fundamento, ya que gran parte del movimiento de derechos humanos se ha retrasado en abordar estos problemas y sigue relegando los derechos sociales y económicos al estatus marginado de “derechos fantasma”.
Como ha sucedido con otros lamentos recientes sobre el “fin de los derechos humanos”, el artículo de Moyn generó mucha atención y gestos de asentimiento. Sin embargo, su argumento se basa en una visión muy estrecha, parcial y selectiva del extraordinario alcance, diversidad y ambición del movimiento mundial de derechos humanos. En particular, el relato de Moyn pasa por alto los considerables esfuerzos que han emprendido los activistas de derechos económicos y sociales en todo el mundo para cuestionar las injusticias socioeconómicas, incluida la intensificación actual de la desigualdad económica.
Es posible que las cuestiones de “equidad distributiva” no tengan gran prioridad en la agenda de las ONG internacionales que se centran principalmente en los derechos civiles y políticos, pero han sido fundamentales para el trabajo de organizaciones como el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por sus siglas en inglés) que utilizan estrategias de derechos humanos para combatir la desigualdad económica extrema y las tendencias políticas que la fomentan. Ya sea exhibiendo los efectos inequitativos de las medidas de austeridad en todo el mundo o cuestionando los paraísos fiscales ante la ONU, el CESR y sus aliados han aprovechado las normas y los órganos de supervisión de derechos humanos para exigir mayor rendición de cuentas gubernamental en áreas de políticas en las que tradicionalmente han estado ausentes los derechos humanos, pero que son esenciales para la reducción de la desigualdad. Otros integrantes del movimiento mundial por los derechos económicos y sociales, desde los grupos comunitarios hasta las coaliciones internacionales, están combatiendo las políticas comerciales injustas, la impunidad corporativa, la financierización de los bienes públicos y muchos otros factores que impulsan la crisis de desigualdad.
Podría parecer que los esfuerzos por desplegar herramientas de derechos humanos en la lucha contra la desigualdad económica son apenas incipientes; sin embargo, es importante recordar cómo contribuyó el movimiento de derechos humanos a lograr las primeras salvaguardias contra la desigualdad de ingresos, como el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva, el derecho a la educación primaria o el derecho a la seguridad social. Del mismo modo, si no existieran las leyes en contra de la discriminación racial y de género que se consiguieron gracias a los movimientos de derechos civiles y derechos de las mujeres, las desigualdades de ingresos y riqueza serían aún mayores. Pero hoy en día muchos de estos avances históricos se dan por sentados.
No obstante, como sostuvimos anteriormente en esta serie de OpenGlobalRights sobre la desigualdad económica y los derechos humanos, hay muchos desafíos que la comunidad de derechos humanos necesita enfrentar con urgencia si quiere ser un actor relevante en este ámbito. Estos desafíos son conceptuales, normativos, estratégicos y metodológicos.
El aumento de la concentración de la riqueza debe entenderse no solo como una preocupación incidental para los derechos humanos, sino como una injusticia inherente y el producto de una red de políticas regresivas que incumplen sistemáticamente las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos económicos y sociales. Es preciso analizar mucho más a fondo cómo se puede aplicar de manera más eficaz la gama completa de normas de derechos humanos para restringir los factores que actualmente impulsan la desigualdad económica. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y los tratados que se derivan de ella guardan silencio sobre la brecha entre los ricos y los pobres, tienen mucho que decir sobre las políticas que perpetúan esta disparidad. Una de sus preocupaciones centrales es la desigualdad sustancial en todas las áreas del bienestar humano.
Gracias en parte a los crecientes esfuerzos de incidencia de la sociedad civil, los mecanismos de supervisión de derechos humanos —desde los tribunales institucionales hasta los órganos de la ONU creados en virtud de tratados— se han vuelto más asertivos en la aplicación de estas normas para cuestionar o revertir las medidas que generan desigualdad, desde la imposición de impuestos regresivos a las ventas en Colombia hasta la denegación discriminatoria de atención médica a los migrantes en España. Sin embargo, un desafío estratégico clave es determinar cómo llevar los argumentos de derechos humanos a otros foros que influyan de manera más directa sobre el establecimiento de políticas económicas, como el FMI, o los foros para la rendición de cuentas en el desarrollo, especialmente en vista del nuevo objetivo mundial de desarrollo sostenible de reducir la desigualdad. Es revelador que, mientras partes del movimiento de derechos humanos se preocupan por la disminución de la influencia de estos derechos, muchos activistas del desarrollo, entre ellos Oxfam, han adoptado el discurso y las herramientas de derechos humanos en sus campañas sobre la desigualdad extrema.
Esta clase de relaciones con actores más allá del movimiento tradicional de derechos humanos son cruciales para crear alianzas más amplias destinadas a combatir la desigualdad. Algunas organizaciones de derechos económicos y sociales, como el CESR, han unido fuerzas con organizaciones de desarrollo, activistas por la justicia fiscal, sindicatos y agrupaciones ambientalistas, para aprovechar los derechos humanos a favor de una distribución más justa de los recursos y proponer modelos y paradigmas alternativos. La colaboración entre sectores puede ayudar al movimiento de derechos humanos a desarrollar herramientas interdisciplinarias de investigación y promoción más eficaces, ya que los métodos tradicionales de “denuncia y descrédito” y el análisis basado en eventos no son adecuados para lidiar con la privación socioeconómica crónica.
Cabe preguntarse qué efecto pueden tener las estrategias actuales de derechos humanos en la lucha contra las injusticias sistémicas que sustentan las desigualdades cada vez más amplias; el CESR y sus aliados de todo el mundo se han dedicado a explorar esta cuestión con más urgencia desde el cambio de tendencia de 2016. Pero el punto de partida de cualquier crítica constructiva debe ser una evaluación matizada del estado actual del campo. La afirmación general de que el movimiento de derechos humanos se “instaló cómodamente en un mundo plutocrático” y “está sacando las lecciones equivocadas” del contexto actual pierde credibilidad al dejar de lado las valiosas experiencias de los activistas de derechos económicos y sociales en todo el mundo, así como las meditadas respuestas a la amenaza del populismo que han generado algunos de los líderes de opinión en el movimiento.
La lección menos acertada que podríamos extraer es que conviene renunciar a los derechos humanos como contrapeso a los embates del neoliberalismo a partir de una lectura tan selectiva y distorsionada de los desafíos en el campo. En el convincente libro que promueve su artículo en el NYT, Moyn reconoce el auge que ha experimentado el activismo a favor de los derechos sociales durante los últimos veinticinco años, pero afirma que estos derechos “se refieren por lo general a un umbral superior a la indigencia, no a qué tanto se elevan los ricos sobre todos los demás”. Sostiene que la “base individualista y antiestatista” del movimiento de derechos humanos lo condena a no poder dar una respuesta significativa al aumento de la desigualdad material.
Sin embargo, estas limitaciones no son inherentes al marco de derechos humanos, el cual está en constante evolución. Más allá de la corriente principal del movimiento —particularmente en las fronteras de la defensa de los derechos socioeconómicos y las luchas aliadas por la justicia distributiva—, se está perfeccionando una agenda de derechos humanos más transformadora. Están surgiendo nuevas alianzas para combatir la desigualdad económica como una preocupación intrínseca de los derechos humanos y para hacer realidad la aspiración igualitaria de la DUDH mediante nuevos enfoques sobre la reivindicación de derechos.
Desde esta perspectiva, hay razones para tener esperanza de que los derechos humanos —entendidos de manera integral— puedan ser un baluarte eficaz contra las privaciones y disparidades que genera el fundamentalismo de mercado. Este no es el momento de abandonar los desafíos que esto conlleva. En cambio, debemos aprender de las iniciativas que, por todo el mundo, han invocado con éxito el poder de los derechos humanos para enfrentar la injusticia de la desigualdad extrema, y seguir avanzando a partir de ellas.