La idea salió de un lugar improbable. En 2008, estábamos en una lancha de motor en el río Sinú, en el norte de Colombia, el corazón de un peligroso territorio que en ese entonces dominaban las facciones paramilitares y los grupos de narcotraficantes.
“Lo que nos faltó aquí fue un hidrólogo”, me dijo uno de los líderes de la campaña contra la construcción de una represa en el río, haciéndose escuchar sobre el ruido del motor de la lancha. La campaña fracasó, ya que en 1993 el gobierno colombiano construyó la represa de Urrá.
Sus palabras se referían a la falta de información básica, información que habría permitido a los activistas y a las personas directamente afectadas por el proyecto prever las profundas repercusiones que tendría la represa en la cultura, la economía y la capacidad de supervivencia de los pueblos indígenas embera katío, que vivían en los márgenes del río. Cuando fuimos a la región, quince años después de la construcción de la represa, las consecuencias eran tristemente evidentes: una buena parte de los embera se habían visto obligados a desplazarse por el hambre y la violencia que provocó la represa. Por lo tanto, nuestro trabajo judicial y científico social se limitó a documentar esos daños y exigir que el gobierno indemnizara al pueblo.
Flickr/CIAT/(CC BY-SA 2.0)(Some Rights Reserved).
The limitations of what we can do as human rights academic-activists are profound in cases where what matters is a full understanding of the effects.
Aunque los resultados de esas visitas fueron un libro y una serie de medidas judiciales que ayudaron, en cierto sentido, a visibilizar estos efectos y a mitigarlos, las palabras de aquel activista nunca se apartaron de mi mente. También me quedó una sensación de impotencia. Como académicos-activistas de derechos humanos, nuestra capacidad de acción está sumamente limitada cuando lo importante es comprender a fondo los efectos; esto depende más de las disciplinas “duras” como la biología, la hidrología o la salud pública. Algunos ejemplos de las preguntas que necesitamos resolver son: “¿Cuáles son los efectos a largo plazo que puede tener una mina a cielo abierto sobre las fuentes de agua?”; “¿Qué tan limpia es la energía que produce una represa?”; o “¿Qué tan grave es la contaminación de los ríos causada por la minería ilegal?”. Sin evidencia científica, todas estas cruciales preguntas se quedan en el aire.
Ante esta laguna, en 2013 concebí la idea de formar un grupo asesor de científicos y propuse crear la versión piloto de un panel científico que apoyaría a Dejusticia y otras organizaciones a través de opiniones independientes sobre temas como los mencionados con anterioridad. Gracias a una fundación filantrópica dispuesta a apoyar el experimento, exploramos, durante dos años, cuál sería el mejor modelo de trabajo y tuvimos en cuenta las experiencias relevantes de otras entidades, como la American Association for the Advancement of Science (Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia).
Después de organizar reuniones y llevar a cabo un taller con científicos naturales que podrían estar interesados, se hicieron evidentes tres desafíos. En primer lugar, estos científicos dudaban en involucrarse con abogados y científicos sociales que fueran activistas, temerosos de aparentar parcialidad. Para varios de ellos, la preocupación por la independencia científica, sin embargo, iba de la mano con otra preocupación opuesta: la posibilidad de que trabajar con nosotros les impidiera obtener contratos corporativos en el futuro.
"Los resultados de la fase piloto del panel no fueron los que esperábamos."
En segundo lugar, a varios hidrólogos, geólogos, biólogos, médicos, expertos en imágenes satelitales y otros profesionales con los que nos reunimos les resultaba complicado diseñar una forma de generar intervenciones rápidas y asequibles, algo que es imprescindible en un campo como los derechos humanos, con su ritmo urgente y sus presupuestos limitados. Los resultados de la fase piloto del panel no fueron los que esperábamos: varios científicos insistieron en que solo los estudios ambiciosos, que cuestan millones de dólares, podrían generar datos útiles para sacar conclusiones sobre cuestiones como los efectos de una mina.
El tercer desafío es una combinación de tiempo y recursos. Ni el panel ni Dejusticia pueden aspirar a emplear a los científicos de tiempo completo, al menos por ahora. Por ello, la versión piloto del panel dependía de que sus participantes estuvieran dispuestos a donar su tiempo sin remuneración.
Las valiosas lecciones que aprendimos durante el piloto nos llevaron a tomar decisiones que hicieron viable el panel. El paso decisivo consistió en convertir los tres obstáculos que identificamos en desafíos de diseño institucional que resolvimos en una sesión de trabajo de pequeños grupos interdisciplinarios, facilitada por el Human Rights Lab (Laboratorio de Derechos Humanos), en la que utilizamos metodologías extraídas del pensamiento de diseño. Los parámetros de las soluciones que buscamos eran: que cualquier modelo operativo para el panel debería garantizar la independencia científica de sus miembros; que debería ser una iniciativa eficiente en cuanto a costos y tiempos; y que debería combinar el trabajo voluntario con el trabajo remunerado.
El modelo que surgió tiene algunas características en común con los paneles de revisión para estudios con sujetos humanos de las universidades. Dejusticia presenta los proyectos y casos ante el panel, tras haber contratado a estudiantes de posgrado de ciencias “duras” para elaborar informes que resumen los datos relevantes sobre los casos, destacan los temas científicos fundamentales en juego y les permiten a los miembros del panel prepararse para sus reuniones trimestrales. Los miembros del panel deliberan y ofrecen recomendaciones sobre qué casos priorizar, según su relevancia y viabilidad. Después, recomiendan las clases de estudios adicionales o de intervenciones a pequeña escala y corto plazo, como informes de expertos para los tribunales o informes científicos breves para públicos diversos (incluidos los medios, las comunidades afectadas y los encargados de formular políticas), que podrían ser útiles para responder alguna pregunta científica pertinente al caso. Si a alguno de los miembros le interesa asumir esta tarea, puede ofrecerse a realizarla. De lo contrario, el panel recomienda otros científicos para hacerlo. En cualquier caso, se paga el estudio adicional recomendado por el panel, así como las horas que los miembros del panel dedican a las reuniones.
Este formato ha funcionado bien hasta el momento, y el panel recibe cada vez más consultas de organizaciones de toda América Latina. Hasta la fecha, el panel ha participado en un caso relacionado con una mina a cielo abierto en el sur de Colombia, en un caso sobre la amenaza de destrucción de pantanos por una carretera cerca del Mar Caribe, en uno relacionado con la contaminación por mercurio de uno de los principales ríos del Pacífico colombiano, y en el primer litigio en América Latina cuyo objetivo es responsabilizar a los gobiernos de sus compromisos internacionales para reducir las emisiones de carbono y mitigar el cambio climático. En todos estos casos, la colaboración de expertos de las ciencias “duras”, las ciencias sociales y la defensa y promoción de los derechos humanos ha ayudado a equilibrar las asimetrías de información entre los actores involucrados. También ha impulsado un debate público informado y ha proporcionado información directamente relevante para la labor de Dejusticia y otras organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos.