Han pasado 30 años desde que Brasil estableció un contrato social democrático, consagrado en su Constitución Federal de 1988. Después de décadas de gobierno dictatorial (1964-1985), la nación estaba dispuesta a construir un proyecto de reformas modernizadoras que incorporaran a millones de brasileños en un nuevo modelo de desarrollo equitativo y honesto. A lo largo de los años, sin embargo, Brasil no ha podido hacer frente a los niveles extremos de violencia urbana y una cantidad cada vez mayor de homicidios. Por sí solo, Brasil representa alrededor del 10 % de los homicidios registrados en el mundo, con aproximadamente 60,000 muertes violentas cada año.
La población se ve asediada por el miedo a la delincuencia y la violencia urbana. Al mismo tiempo, tanto los ciudadanos como el gobierno consideran que la violencia está embebida en nuestro tejido social y la ven como una respuesta legítima a las amenazas e incertidumbres.
El Foro Brasileño de Seguridad Pública realizó una encuesta a nivel nacional en abril de 2017 sobre las experiencias de la población con la violencia urbana y sus actitudes respecto a la misma. La muestra nacional representativa de 2,065 personas mayores de 16 años tiene un margen de error de +/- 2 %. Los resultados sugieren que aproximadamente 50 millones de brasileños mayores de 16 años saben de al menos un conocido o familiar asesinado; casi cinco millones de ellos han sido lesionados por armas de fuego, y cerca de 15 millones conocían a una persona que fue asesinada por las fuerzas policiales. Es claro que la carga de la violencia recae fuertemente en la población brasileña.
"Lo que este país necesita, principalmente, más que leyes o planes políticos, son algunos líderes valientes, incansables y entregados en los que el pueblo pueda depositar su fe."
De acuerdo con una encuesta de interceptación —en la que se aborda a los encuestados en lugares públicos— que también realizó el Foro Brasileño de Seguridad Pública (próxima publicación) a alrededor de 2,000 entrevistados en todo el país, el 69 % de los brasileños mayores de 16 años están de acuerdo en que: “Lo que este país necesita, principalmente, más que leyes o planes políticos, son algunos líderes valientes, incansables y entregados en los que el pueblo pueda depositar su fe”. Si bien este resultado muestra que los brasileños tienen una urgente necesidad de líderes buenos e inspiradores, también podría sugerir que la población es vulnerable a las influencias autoritarias, si se presentan con la combinación adecuada de carisma y promesas de seguridad pública.
La frase anterior es la traducción de una de las preguntas del estudio clásico de Theodor Adorno sobre la personalidad autoritaria realizado en 1950. Para el autor, los periodos de crisis como en el que vivimos, donde la gente se siente más insegura e impotente, son terreno fértil para el avance del autoritarismo y de los líderes que intentan convertirse en “mesías” capaces de confortar a la población.
Ciertamente, la sociedad brasileña ha adoptado un patrón de violencia para hacer frente a la delincuencia, y este mecanismo de afrontamiento también tiene matices morales y religiosos. La democratización del Estado brasileño después de dos décadas de dictadura militar coincidió con un fuerte aumento de los indicadores de violencia. Este fenómeno se tradujo en la deslegitimación de los derechos humanos y consolidó en la sociedad la idea de que los derechos humanos solo existen para proteger a los delincuentes. De acuerdo con Teresa Caldeira y James Holsten, este fenómeno es parte de las disyunciones de la democracia brasileña. De hecho, en el estudio que mencionamos anteriormente, el 60 % de la población brasileña mayor de 16 años de edad estaba de acuerdo en que: “La mayoría de nuestros problemas sociales se resolverían si pudiéramos deshacernos de las personas inmorales, los radicales y los pervertidos”. Además, el 53 % de los brasileños mayores de 16 años estuvieron de acuerdo con la frase: “El policía es un guerrero de Dios para imponer orden y proteger a la ‘gente buena’“.
Wikimedia Commons/Rovena Rosa/Agência Brasil/CC BY 3.0 BR (Some Rights Reserved).
Over the years, however, Brazil has been unable to cope with extreme levels of urban violence and a continuously increasing number of homicides.
Sin embargo, el Atlas de la violencia de 2017, publicado por el IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Instituto de Investigación Económica Aplicada) y el Foro Brasileño de Seguridad Pública, muestra que la carga de violencia en Brasil no se distribuye de forma equitativa. Los homicidios se concentran en la región noreste del país y la mayoría de las víctimas son jóvenes afrobrasileños de 15 a 24 años de edad en contextos urbanos pobres o vulnerables en algún otro sentido. Además, al menos 120 prisioneros fueron asesinados en el sistema penitenciario en enero de este año debido al enfrentamiento de 2016 entre dos grupos delictivos. Esta violencia en las prisiones, junto con los ataques policiales, ilustran que las autoridades en todos los niveles de gobierno son incapaces de manejar el problema con eficacia.
Para abordar estas cuestiones, debemos reconstruir la agenda pública en torno a temas de derechos civiles y humanos, así como la democracia. En la actualidad, Brasil está asolado por niveles sin precedentes de desilusión política y pánico moral. Muchos de nuestros logros en materia de ciudadanía y modernización institucional están en tela de juicio. El riesgo de “desconsolidación democrática” se intensifica por la falta de reformas a nuestras instituciones policiales y de justicia penal, y por el discurso ultraderechista de líderes políticos como el diputado Jair Bolsonaro, uno de los candidatos presidenciales para las próximas elecciones.
El populismo y el autoritarismo también son algo común en otros lugares, como demuestra la elección de Trump en los Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido y el apoyo a Marine Le Penn en Francia. Sin embargo, Brasil está experimentando los niveles más bajos de apoyo público a la democracia desde la década de los 1980. El miedo a la violencia urbana agrava aún más la situación en el país. Este miedo refuerza la idea predominante de “ojo por ojo y diente por diente”, la cual pone en evidencia un escepticismo general respecto a la capacidad del Estado para proporcionar a los ciudadanos la seguridad que merecen.
Un desafío importante es el de reformar el Estado brasileño, con especial atención al sistema de justicia penal. Pero también tenemos el desafío de hacer que una sociedad altamente desigual crea en la igualdad y en el respeto del Estado de derecho como un factor de cambio que realmente puede mejorar las condiciones de vida.