Nota: Este texto fue publicado originalmente en el Centro de Estudios de Política Internacional el 14 de diciembre de 2020. Lo reproducimos aquí con el permiso de la autora.
Después de la victoria electoral de Biden, los comentaristas de política internacional estaban brillando de optimismo. Con un internacionalista comprometido en la Casa Blanca y una mujer como vicepresidenta, el mundo parece estar listo para regresar a un momento más feliz. En Canadá, la esperanza no es sólo de tener una relación normalizada con nuestro vecino al sur de la frontera, sino también de que haya un clima internacional más favorable para la firma de la Política Internacional Feminista de parte del gobierno. Parte de la felicidad está justificada. El Parlamento europeo, por ejemplo, hace poco votó a favor de una política de seguridad e internacional con igualdad de género, pero como la política internacional feminista canadiense, esa es una iniciativa que va a enfrentar a un adversario formidable por parte de la coalición global antifeminista que va a permanecer mucho tiempo después de que el presidente Trump haya abandonado su puesto.
El último bloque de esta coalición antifeminista es la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de las Mujeres y el Fortalecimiento de la Familia, una iniciativa liderada por Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia, Uganda y los Estados Unidos y firmada por 33 países en octubre. La Declaración defiende una “mejor salud para las mujeres” y un video promocional producido de forma muy bella celebra a las mujeres como indomables, valientes e inspiradoras y como el corazón y el núcleo de la civilización. Sus valores profundamente conservadores, antifeministas y antigay son revelados por su dedicación a la preservación de la vida humana, el fortalecimiento de la familia como la unidad fundacional de la sociedad y la protección de la soberanía de cada país en la política global.
En otras palabras, la Declaración aboga por una “mejor salud” para las mujeres sin el derecho al aborto, niega el derecho de las personas LGtBQ+ a la igualdad y al matrimonio y defiende los derechos de los Estados de hacer sus propias leyes en estos asuntos, sin presiones externas.
La Declaración de Consenso de Ginebra es un ataque directo y explícito a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha sido la base para interpretar el aborto y el matrimonio del mismo sexo como derechos humanos en el derecho internacional. Alex Azar, el secretario de Estado para la Salud y los Servicios Humanos de la administración Trump, dejó en claro esto durante la ceremonia de la firma: “La Declaración es mucho más que una presentación de creencias; es una herramienta crítica y útil para defender esos principios a través de todos los órganos de las Naciones Unidas y en cada escenario multilateral, mediante un lenguaje acordado previamente por los Estados-miembro de esos órganos”. El secretario de Estado Mike Pompeo, un cristiano evangélico, se alegró y dijo “hemos montado una defensa sin precedentes para los no nacidos en el exterior”.
Pompeo y Azar ya dejaron sus cargos, pero incluso en un mundo postrump donde la política exterior estadounidense regrese a una posición menos conservadora socialmente, la coalición antifeminista y anti-LGTBQ+ no va a desaparecer de repente. El Consenso de Ginebra está firmado por otros 32 países, que tienen intereses en continuar su alianza en nombre de la “familia natural” y los “valores tradicionales”. Más aún, la Declaración es sólo una manifestación de la construcción de coaliciones globales de derecha para socavar el orden mundial liberal y defender los valores conservadores al construir una Familia Correcta.
Open Democracy mostró hace poco que 28 grupos de derecha cristianos estadounidenses han gastado $280 millones de dólares desde 2007 para oponerse a los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos LGBTQ+ en el mundo. Han apoyado las leyes antiaborto draconianas de Polonia, hecho lobby y brindado asistencia legal a doctores y negocios que se rehúsan a atender a mujeres o a personas LGTBQ+. Muchos de estos grupos tienen nombres inicuos como el Centro Estadounidense para el Derecho y la Justicia (ACLJ por sus siglas en inglés) o la Alianza Defensora de la Libertad. Muchos de ellos tienen vínculos con la administración Trump; el consejero en jefe de ACLJ, por ejemplo, es el abogado personal del presidente, Jay Sekulow. Muchos de ellos están vinculados al Congreso Mundial de Familias (WCF, por sus siglas en inglés), una red fundada después de una reunión de ultraconservadores estadounidenses y rusos en 1997. Desde entonces, el WCF ha organizado reuniones globales y regionales en Europa, Asia y África, y ha establecido conexiones claras con líderes radicales de derecha como Matteo Salvini en Italia o Victor Orbán en Hungría. También tiene una estrecha alianza con los cristiados ortodoxos rusos y con el uso de políticas anti-LGTBQ+ en Rusia para socavar los valores liberales en países de Europa del este.
La defensa del WCF de la “familia natural” ha encontrado un terreno fértil en Europa y en muchos países africanos donde los valores socialmente conservadores están diseminados, especialmente entre la población creciente de cristianos renacidos. El WCF ha organizado cumbres regionales para proteger la “familia africana” en Nigeria, Ghana y Kenia. Ya en 2010, el ACLJ abrió una oficina en Nairobi para hacer lobby contra los cambios a la ley de aborto en Kenia y se ha vinculado la legislación antigay en muchos países africanos a las actividades de los grupos evangélicos estadounidenses.
No es sorpresa que 16 de los 33 signatarios a la Declaración de Consenso de Ginebra sean africanos, y que Egipto y Uganda estén entre sus seis ponentes. En Uganda, el sexo gay tiene como castigo la cadena perpetua. En Egipto, según un informe reciente de Human Rights Watch, las fuerzas de seguridad abusan y torturan sistemáticamente a las personas homosexuales. Una de ellas era Sarah Hergazi, una activista prominente que buscó asilo en Canadá después de ser arrestada y torturada por tres meses. Pero las pesadillas, la depresión y los ataques de pánico no la abandonaron, y ella se quitó la vida en Toronto este verano.
Las feministas hace mucho han dicho que lo “personal es político”. Para la derecha global, lo personal también es geopolítico. La Familia Correcta ataca el orden mundial liberal donde más le duele: en casa. Incluso sin el apoyo de la Casa Blanca, la Familia Correcta va a seguir ganando terreno porque los valores de la derecha radical resuenan con millones alrededor del mundo y porque sus líderes han construido y mantenido cuidadosamente las alianzas y redes políticas. Una política exterior feminista efectiva va a requerir un compromiso igual de sistemático a nivel ideológico, político y estratégico.