Una mujer con el rostro tapado participa en una protesta feminista hoy, en una de las principales avenidas de Ciudad de Panamá (Panamá). El movimiento "Las Ollas vacías de Panamá" reclama al estado panameño por la negligencia y la falta de medidas con perspectivas de género para enfrentar la pandemia de covid-19. EFE/Bienvenido Velasco
El sexo. El placer que genera y sus intimidades. Su emoción y su temor. Sus incertidumbres y sus silencios. Su crueldad; su violencia cuando se abusa de él para ejercer poder. Sus resultados anhelados, y los no deseados. Sus consecuencias no gratas, desde una infección leve hasta los riesgos para la vida, y su papel central en el desarrollo humano, en la expresión humana y la identidad de género. La sexualidad humana en sus diversas formas y expresiones está en el corazón mismo de la dignidad humana, la pertenencia, el significado, y también los derechos humanos.
Tan fundamentales como omnipresentes, el sexo y la sexualidad están inmersos en una amplia variedad de normas culturales, costumbres, actitudes y valores. Pero también pueden ser cuestiones graves de vida o muerte evitable. Hoy en día, se reconoce ampliamente que la capacidad de una persona para manifestar su sexualidad con consentimiento, y para mantener los más altos niveles posibles de salud sexual y reproductiva al hacerlo, es una cuestión de derechos humanos.
La interacción entre la sexualidad, el sexo, la reproducción, la salud y los derechos humanos no es una mera cuestión de biología, sino de asuntos palpables de poder e impotencia.
Y, sin embargo, en toda la comunidad internacional, se están llevando a cabo esfuerzos discernibles para contrarrestar los derechos humanos en este contexto: esfuerzos regresivos que afectan la voluntad y la capacidad de las entidades responsables de cumplir sus obligaciones jurídicas; que debilitan las pautas normativas aplicables; que son evidentes en los ataques a los proveedores de servicios esenciales. Estos esfuerzos anulan las protecciones y afirmaciones del derecho de todas las personas a expresar su sexualidad sin miedo; a experimentar una intimidad sexual placentera y segura; y a obtener resultados positivos en materia de salud sexual y reproductiva.
¿Por qué una combinación de actores estatales y no estatales organizaría una campaña tan concertada y bien financiada para erosionar estas protecciones de los derechos humanos? Las respuestas se encuentran en la relación dinámica, y a menudo perversa, entre el poder, la política y el patriarcado.
El poder del poder
La interacción entre la sexualidad, el sexo, la reproducción, la salud y los derechos humanos no es una mera cuestión de biología, sino de asuntos palpables de poder e impotencia. Hay poder, implícito y explícito, en cada paso de la cadena de políticas públicas, desde si las personas están facultadas para buscar y recibir servicios de salud aceptables y asequibles, hasta cómo se distribuyen los recursos públicos, y las maneras en que se lleva a cabo el diálogo sobre las políticas a nivel mundial .
Las personas que tienen un poder excesivo —desde el nivel interpersonal hasta el nivel institucional—, sin una rendición de cuentas que lo controle, tratan de restringir de forma indebida los derechos de quienes tienen menos poder, obstruyendo su disfrute e imponiendo sanciones ilegítimas, como las sanciones penales por ejercer esos derechos. Si se les niegan sus derechos, y carecen del poder social, cultural o económico para reclamarlos, poblaciones enteras de titulares de derechos pueden quedarse sin acceso a incluso la información, el apoyo y los servicios más esenciales (por ejemplo, la planificación familiar, el aborto seguro y la educación sexual integral).
El poder de la política
Lo global puede afectar a lo local. Incluso en los niveles más amplios, la política y las ideologías dominantes pueden influir profundamente en la expresión de la dignidad de un individuo en los ámbitos más íntimos de su sexualidad y en su bienestar sexual y reproductivo. La política y las ideologías gobernantes pueden promover estrategias en materia de reproducción basadas en metas, como parte de los objetivos de desarrollo de un país, que alienten o desalienten la reproducción entre ciertos grupos (por ejemplo, limitando la autonomía reproductiva de las mujeres con discapacidad, mediante la aprobación de leyes que ordenen su esterilización) y privilegien ciertas nociones de sexualidad en detrimento de otras (por ejemplo, la sexualidad adolescente es un área en la que las normas sociales sobre el comportamiento sexual apropiado de la juventud tienen una influencia considerable, que limita la voluntad del gobierno para poner en práctica programas con base empírica).
Las ideologías religiosas y culturales dominantes que no respetan los derechos humanos pueden permear las prácticas y políticas públicas, con lo que distorsionan las reglas y normas de los sistemas de salud, crean sesgos en la distribución de recursos e influyen incluso en la manera en que los proveedores de atención médica tratan a las personas bajo su cuidado. Por ejemplo, los servicios se centran en la prevención de las enfermedades sexuales, pero no en el placer sexual; en la salud materna, pero no en el acceso al aborto seguro; en la higiene menstrual mínima para las niñas, pero no en una sexualidad adolescente más amplia. Esto da como resultado distorsiones en el espectro de la atención que hacen que se pierdan derechos cruciales en la práctica, los cuales solo se ejercen a través de respuestas clandestinas, en el mejor de los casos.
Necesitamos con urgencia tomar medidas mucho más enérgicas contra las formas en que el poder, la política y el patriarcado influyen en la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
La política y las ideologías nacionales también se manifiestan en el diálogo y la negociación regionales y mundiales. Los países, en particular los que están bajo liderazgos populistas y nativistas, tratan de influir en la agenda internacional según sus intereses políticos nacionales en lugar de conforme a sus compromisos en virtud de la legislación de derechos humanos, como se desprende de las negociaciones recién concluidas acerca de la declaración política sobre la cobertura sanitaria universal. El resultado es la incoherencia de las políticas y la desconexión respecto de los efectos que se producen mucho más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, las normas de derechos humanos y sus obligaciones conexas constituyen la base imparcial que se necesita para elaborar leyes y políticas justas e inclusivas. Los marcos de derechos ayudan a exhibir, evaluar y desafiar sistemáticamente las desigualdades, las ideologías y la impunidad que distorsionan la dignidad en la interacción entre el sexo, la sexualidad, la identidad, la reproducción y la salud.
El poder del patriarcado
La persistencia, el alcance excesivo y la interacción entre las personas influyentes que se oponen a la ciencia y a los derechos humanos, sobre todo en lo que respecta a las políticas públicas sobre la sexualidad y la salud, se deben analizar más a fondo. Es posible observar pruebas de su existencia en las masculinidades tóxicas, la homofobia, la dinámica perversa entre el sexismo y el racismo, y el desprecio que muestran los adultos con respecto a la sexualidad adolescente. La larga sombra que proyecta este patriarcado es evidente, por ejemplo, en la forma en que las asignaciones de recursos de planificación familiar se han alejado desde hace tiempo de la posibilidad de elegir entre métodos modernos, centrándose en cambio en la anticoncepción de largo plazo e incluso la esterilización para ciertos grupos de mujeres, como las mujeres pobres, las mujeres con discapacidad y las minorías étnicas. Está presente cuando se tolera el matrimonio infantil por motivos de costumbre y fe, en lugar de denunciarlo por ser una forma de maltrato infantil. Está presente cuando se exige que una víctima de violencia sexual se case con el perpetrador; cuando los gobiernos no se oponen a la violación dentro del matrimonio, y cuando limitan, o niegan abiertamente, la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad.
Hay suposiciones y aspiraciones patriarcales detrás de las medidas que despojan de la autonomía individual y profesional en los ámbitos de la sexualidad y la salud. Por ejemplo, algunos gobiernos han comenzado a invocar de nuevo restricciones excesivas al acceso a toda la variedad de información, bienes y servicios necesarios para el disfrute de la salud sexual y reproductiva, un patrón que se manifiesta claramente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Poner en peligro la prestación de atención clínica de calidad, interferir de forma indebida con la práctica profesional y reorientar con arbitrariedad los fondos para la salud sexual y reproductiva contraviene directamente las normas y los estándares en materia de salud y de derechos humanos.
Las creencias religiosas o culturales de los poderosos pueden servir de pretexto, pero las consecuencias no son nada etéreas: los servicios se deterioran; el acceso se reduce; las actitudes, la inclusión y la capacidad de respuesta de los profesionales de la salud decaen; y, a medida que aumenta el estigma, se incrementan las morbilidades y la mortalidad prevenibles. Mucho más allá de los cubículos de las clínicas, las identidades de género no dominantes se convierten en objetivos aceptables para la violencia sexual y relacionada con la sexualidad, mientras una red de estructuras y estándares patriarcales ve cómo las “normas” de género nos estratifican en jerarquías de privilegio y desventaja, donde solo se considera a algunos de nosotros como “dignos” de tener derechos.
La geopolítica actual es perniciosa para la dignidad humana en el ámbito íntimo. Su influencia tóxica amenaza con trastornar las normas mundiales de derechos humanos que fueron formuladas con tanto cuidado, distorsionar las pautas científicas sobre los servicios de salud esenciales y debilitar la aplicación a nivel nacional. Necesitamos con urgencia tomar medidas mucho más enérgicas contra las formas en que el poder, la política y el patriarcado influyen en la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos que revelar cómo sus dinámicas retrasan, trastornan y niegan los derechos humanos, y denunciar la complicidad de las instituciones nacionales y multilaterales y de los actores que las conforman.
La dignidad en la intimidad e identidad se debe defender de manera específica en la atención de la salud. Las normas universales de derechos humanos ofrecen un punto de referencia, pero su mera expresión dista mucho de ser suficiente. Es fundamental que haya una resistencia más fuerte, activa y organizada contra la regresión impulsada por el Estado, sobre todo entre los profesionales de la salud. Pero esto requiere a su vez análisis y acciones mucho más profundos e interseccionales sobre el poder y la impotencia en la salud global y local, específicamente en lo que respecta al género, la raza y la igualdad en todas las identidades.
Este artículo es parte de una serie publicada en colaboración con la Iniciativa Young sobre la Economía Política Global del Occidental College, la división de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de Arizona y el Instituto sobre Desigualdades en Salud Global de la USC. Se deriva de un taller realizado en septiembre de 2019 en Occidental sobre “Conversaciones globales transversales sobre los derechos humanos: interdisciplinariedad, interseccionalidad e indivisibilidad”.