Jean Marc Herve Abelard/EFE
En diciembre, el PNUD publicó el Informe sobre desarrollo humano 2019. Se anunció de antemano que el nuevo informe replantearía el desarrollo humano en torno al concepto de desigualdad. Este marco ofrece una visión más holística de las injusticias que existen en todo el mundo.
El informe combina las desigualdades de ingresos y riqueza con las que se asocian más tradicionalmente con el desarrollo humano, como las desigualdades en materia de salud y educación. A la mezcla se suman las desigualdades que probablemente dominen el siglo XXI, es decir, las relacionadas con el cambio climático y el acceso a la tecnología y las habilidades que se requieren en la economía del conocimiento. El subtítulo del informe lleva en sí mismo una declaración programática: “Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente”.
Este cambio parece tener un potencial paradigmático también para los derechos humanos. En este contexto, cabe mencionar que el tema central del informe del año 2000 fue “derechos humanos y desarrollo humano”. Así que el vínculo no es nuevo. Más bien, es una cuestión de explorar cuál es el estado de la relación hoy en día.
Hay dos ámbitos en los que el Informe sobre desarrollo humano 2019 es especialmente firme en su compromiso con los principios de derechos humanos: la dignidad y el universalismo.
El informe sostiene convincentemente que “la búsqueda de la dignidad es crucial para definir los aspectos constitutivos del desarrollo en el siglo XXI”. Es importante explorar más las posibles implicaciones de lo anterior desde una perspectiva de derechos humanos. No solo ayuda a identificar “fuentes emergentes de exclusión”. También puede ampliar el reconocimiento de los tipos de intervenciones que se necesitan para combatir las desigualdades perniciosas.
Las políticas universales exitosas no pueden basarse exclusivamente en una cobertura amplia.
El informe explica que “la dignidad como igualdad de trato y no discriminación puede ser incluso más importante que los desequilibrios en la distribución de los ingresos”. Los datos sobre Chile, un país con una distribución de ingresos muy inequitativa, muestran que en términos de las inquietudes de las personas, había más descontento con respecto a las desigualdades de acceso a la salud, de acceso a la educación y de respeto y dignidad en la manera en que se trata a las personas, en comparación con la desigualdad de ingresos.
El informe también presenta un firme argumento a favor del universalismo. El universalismo es, por supuesto, un principio fundamental de los derechos humanos. Pero el informe destaca que el compromiso con el universalismo ha generado “logros masivos”, por ejemplo, en la educación y la salud. Las políticas universales exitosas no pueden basarse exclusivamente en una cobertura amplia. Deben incluir recursos suficientes y estar diseñadas para garantizar la calidad y la equidad.
En primer lugar, el informe pide servicios sociales integrales que garanticen un “acceso equitativo a servicios de calidad acordes con las nuevas demandas y aspiraciones del siglo XXI”. En segundo lugar, pide políticas especiales complementarias para las poblaciones pobres y marginadas. Estos enfoques son necesarios para superar las privaciones causadas por la discriminación grupal, por ejemplo. La combinación de estas dos cosas es lo que puede dar lugar al universalismo.
Se trata de una línea de pensamiento que debería ser bien recibida por la comunidad de derechos humanos y las personas que trabajan con enfoques basados en los derechos humanos para el desarrollo. Esto no será una novedad para la mayoría, pero vale la pena repetirlo con convicción en este contexto, porque, ciertamente, el universalismo también tiene sus detractores. En este sentido, los derechos humanos y el desarrollo humano tienen una causa en común.
No cabe duda de que los autores del Informe sobre desarrollo humano 2019 simpatizan con los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos se menciona brevemente como uno de los “elementos fundamentales del desarrollo humano”. También hay una “contribución especial” de una página de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Si bien es una obra bastante genérica en términos de contenido, esta perspectiva favorable no siempre es tan explícita como cabría esperar.
Sí, a lo largo del informe se mencionan derechos humanos específicos, como los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, la libertad de opinión y expresión, el derecho a un nivel de vida básico, los derechos reproductivos y el derecho al agua y al saneamiento. El informe se refiere sin problema a la Declaración Universal de 1948, pero esto parece más un marcador histórico-simbólico. No hay referencias explícitas a los derechos humanos como obligaciones jurídicas vinculantes para los Estados que están plasmadas en las convenciones internacionales.
Esta es una omisión lamentable. Podría deberse al carácter del Informe sobre desarrollo humano en sí: los datos empíricos que menciona y su diagnóstico de desigualdades multidimensionales llevan al informe en una dirección muy orientada hacia las políticas.
Al tratarse de obligaciones jurídicas, los derechos humanos tienen más que ofrecer que lo que contempla el informe.
Por supuesto, las buenas políticas y programas pueden mitigar muchos de los problemas que se documentan. El informe destaca como su mensaje más importante que “en lo que respecta a muchas de las desigualdades más perniciosas del desarrollo humano, no hay nada inevitable”. Ese es un llamado a la acción.
Sin embargo, el énfasis en las políticas no parece ser suficiente para movilizar y poner en funcionamiento respuestas eficaces a estas “desigualdades perniciosas”. Al tratarse de obligaciones jurídicas, los derechos humanos tienen más que ofrecer que lo que contempla el informe. En comparación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son meros compromisos políticos.
El marco jurídico internacional de los derechos humanos también incluye los mecanismos de seguimiento de la ONU. Estos mecanismos responden, de manera continua, a muchos de los problemas documentados en el Informe sobre desarrollo humano. Merecen ser destacados por la función que pueden desempeñar. Es preciso estrechar los lazos entre las soluciones jurídicas y de políticas, y un mayor enfoque en los derechos humanos podría contribuir a ello. El diagnóstico devastador que refleja el informe, con numerosos ejemplos, merece la adición de enfoques más susceptibles de poner en práctica.
Para la Organización de las Naciones Unidas, evitar trabajar de manera aislada es un reto constante. Es necesario destacar que el informe no establece una conexión más explícita entre las obligaciones jurídicas de los Estados en materia de derechos humanos y las estrategias para reducir la desigualdad. Este problema es relevante en términos más amplios. Para que los derechos humanos y el desarrollo se refuercen mutuamente, es necesario que la conexión entre ambos, y sus ventajas mutuas, sean lo más explícitas posible. Y esto debe incluir una referencia clara a las obligaciones jurídicas que subyacen a los derechos humanos y a la estructura de la ONU para vigilar el cumplimiento.
A pesar de esta omisión, el Informe sobre desarrollo humano 2019 es un logro significativo. Su nuevo énfasis, que combina las desigualdades de ingresos y riquezas con las capacidades básicas y avanzadas, representa una gran oportunidad para que la comunidad de derechos humanos colabore con esfuerzos de desarrollo más amplios.