La Misión de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) proporciona estabilidad a este país tras el terremoto. Pero a finales de 2010, la MINUSTAH proporcionó otra cosa. Nuevos contingentes de paz de Nepal llegaron a Haití para reemplazar sus fuerzas, pero algunos de sus miembros estaban infectados con la bacteria Vibrio cholerae. La base del contingente, al lado del río Artibonite, contaba con un saneamiento deficiente, que permitía que las heces infectadas de bacterias Vibrio cholerae se filtrasen al río. Haití no había registrado hasta entonces ningún historial de cólera previo, pero el agua salobre del río resultó ser un lugar ideal para que las bacterias prosperasen. La pobreza extrema, los millones de desplazados que viven en condiciones de hacinamiento, la mala calidad del agua y de la infraestructura de saneamiento, y una población sin inmunidad natural aseguraron que el cólera se extendiese rápidamente en el ambiente del post-terremoto.
De las aproximadamente 750.000 personas infectadas, 10.000 murieron. Numerosos expertos consideran que estas cifras subestiman la verdadera magnitud de la epidemia. El cólera es ahora endémico en Haití, y continuará infectando y matando a la gente en los próximos años.
La ONU negó inicialmente cualquier vinculación con el brote. Sin embargo, los científicos determinaron rápidamente que esta cepa particular de cólera se originó a partir de una epidemia que estaba activa en Nepal. Los casos iniciales se circunscribieron alrededor del río Artibonite. La prensa demostró que las aguas residuales de la base de las fuerzas nepalíes de mantenimiento de la paz contaminaban el río, y verificaron que en octubre de 2010 un nuevo contingente de fuerzas de mantenimiento de la paz había llegado para efectuar un reemplazo. Los periodistas presionaron a la ONU y a otras organizaciones internacionales para que identificasen el origen del brote, pero se les dijo que tal investigación iría en detrimento de los esfuerzos para luchar contra la enfermedad que estaban en curso.
Una característica ineludible de la globalización es el movimiento internacional de patógenos y la propagación de las enfermedades. Los acuerdos sobre salud global promueven la transparencia para prevenir y mitigar las consecuencias de los brotes de enfermedades infecciosas. Bajo el Reglamento Sanitario Internacional, los países deben informar de las amenazas para la salud pública e investigar el origen de los brotes para asegurarse así de que otros puedan tomar las medidas de prevención y control apropiadas. Identificar al "paciente cero" no sólo concentra los esfuerzos iniciales, sino que puede proporcionar lecciones importantes para prevenir futuras epidemias. Sin embargo, la transparencia tiene un precio. En el ámbito internacional, cualquier indicio de brote de enfermedad infecciosa afecta al tráfico de mercancías, al comercio y al turismo. Aunque de manera imperfecta, las normas de salud pública intentan mitigar esos riesgos, al establecer las condiciones de las recomendaciones a los viajeros y las restricciones de visado, y obligando a las organizaciones internacionales a apoyar la investigación y el control de brotes epidémicos.
En Haití, la ONU se enfrentaba a riesgos y obligaciones de salud pública similares en su respuesta frente al cólera.
En Haití, la ONU se enfrentaba a riesgos y obligaciones de salud pública similares en su respuesta frente al cólera. Las deficientes prácticas de saneamiento en las bases de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU violaban claramente las normas de salud pública. Sin embargo, el temor a la transparencia y a asumir la responsabilidad tiene su raíz en cuestiones de seguridad. Cualquier vínculo que se establezca entre el personal de la ONU y una enfermedad que ha causado un enorme sufrimiento en Haití, pondría a las fuerzas de paz en riesgo de ataque e iría en detrimento de sus esfuerzos para reconstruir la infraestructura y promover la gobernabilidad. Visto el complejo contexto político y social en Haití, tales temores estaban bien fundados, así como las tensiones evidentes en torno al papel que juega la comunidad internacional en la gobernanza del post-terremoto y en el suministro de la ayuda humanitaria.
A pesar de los riesgos evidentes, en el largo plazo, si hubiese investigado de manera transparente el origen del brote de cólera, la ONU se habría beneficiado claramente y podría haber mitigado el riesgo de cualquier efecto contraproducente. Desde una perspectiva de salud pública, su ofuscación miope, y la no aceptación de responsabilidades, resultaron ser desastrosas. Es probable que socavasen los esfuerzos para controlar el brote de cólera y diesen lugar a más muertes de haitianos empobrecidos que, como consecuencia de un terremoto devastador, ya sufren bastante. También violó principios fundamentales de derechos humanos promovidos por la ONU, como el derecho de los haitianos a más alto nivel posible de salud.
En última instancia, este enfoque ha dañado la credibilidad de la ONU, y ha enviado un desafortunado mensaje a otros gobiernos, organismos multilaterales, así como entidades transnacionales (corporaciones multilaterales) sobre cómo comportarse frente a errores trágicos de salud pública.
El incansable trabajo de las organizaciones de derechos humanos, tanto haitianas como transnacionales, para obligar a la ONU a que rinda cuentas y en defensa de las víctimas del brote, ha sido ejemplar. Ante la filtración de un informe condenatorio realizado por expertos de la propia ONU, la organización ha reconocido recientemente que jugó un papel en la epidemia. Pero dada la inmunidad de la ONU, los esfuerzos para buscar reparaciones o compensación de daños en los sistemas judiciales haitianos y estadounidenses no han tenido éxito hasta la fecha.
La lucha continúa en la escena internacional. En un informe al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los defensores de derechos humanos de Haití argumentan que, dada la debilidad del Estado de Haití, la MINUSTAH tenía una "personalidad" jurídica especial. Esto incluía la obligación de proteger el derecho de Haití al nivel más alto posible de salud, así como de garantizar "remedios" para las víctimas del brote de cólera, lo que incluía una compensación financiera. En su opinión, la salvaguardia de la inmunidad de la ONU viola el derecho fundamental de los haitianos a recibir reparaciones.
El reconocimiento, por parte de los tribunales, de la negligencia de la ONU y el daño que causó al pueblo de Haití enviaría un importante mensaje. Recordaría a todas las organizaciones que trabajan en misiones de desarrollo, humanitarias y de mantenimiento de la paz que su responsabilidad principal es asegurar que sus acciones "no hacen daño" a las poblaciones receptoras. Las negligentes prácticas de saneamiento de la ONU causaron manifiestamente la epidemia de cólera, y su falta de honestidad y transparencia han complicado y socavado una respuesta eficaz.
A UN peacekeeper patrols in Port-au-Prince, Haiti, November 2010.
En su defensa, funcionarios de la ONU argumentan que la propia organización ha sido fundamental en los esfuerzos para remediar su error, liderando la lucha contra el cólera a través de mensajes de salud pública y tratamiento. Pero ¿deben estos esfuerzos integrarse en cualquier cálculo de los daños causados por la ONU? El monto de una demanda presentada recientemente en una corte judicial estadounidense (40 mil millones de dólares USA), multiplica por cinco el presupuesto anual para misiones de mantenimiento de la paz con el que cuenta la ONU. ¿Cómo podría cualquier compensación económica afectar a los esfuerzos de la ONU en curso para abordar la gobernabilidad, el desarrollo y los problemas de salud en Haití y en otros lugares? ¿Qué consecuencias negativas podría acarrear un dictamen condenatorio? ¿Podría esto estimular a las organizaciones que trabajan en entornos difíciles y peligrosos, tales como en Haití tras el terremoto, a que fuesen más responsables, o quizás las disuadiría probablemente de implicarse en este tipo de trabajo?
Estas son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. Los defensores de los derechos humanos merecen crédito por haber obligado a la ONU a reconocer su gravosa negligencia y sus errores. Y, lo que es aún más importante, por haber centrado la atención en los derechos de los haitianos.