Cualquier cierre de Internet constituye una violación de los derechos humanos. Pero en muchos casos, los gobiernos utilizan el cierre de Internet para encubrir graves violaciones de los derechos humanos de las personas, como la toma ilegítima del poder, las injerencias electorales, la violencia autorizada por el Estado contra manifestantes pacíficos y las ejecuciones extrajudiciales de disidentes políticos. Esta táctica autoritaria permite a los gobiernos no sólo abusar de los derechos humanos al amparo de la oscuridad, sino también eludir la rendición de cuentas por sus acciones.
El cierre de Internet como herramienta autoritaria
El acceso a Internet se ha convertido en algo esencial para la realización y el disfrute de muchos derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, a la salud, a la educación y al trabajo. Sin embargo, sólo en 2022 se produjeron más de 180 cortes de internet en 35 países de todo el mundo.
Access Now define un cierre como "una interferencia con los sistemas electrónicos utilizados principalmente para las comunicaciones de persona a persona, con la intención de hacerlos inaccesibles o efectivamente inutilizables, para ejercer control sobre el flujo de información." Algunos países cuentan con leyes y reglamentos que permiten al Estado ordenar el cierre de las telecomunicaciones en tiempos de "emergencia nacional", a menudo mediante órdenes escritas a las empresas de telecomunicaciones pertinentes. En otros países, los cierres pueden ordenarse en secreto, con escasa transparencia sobre quién ha tomado la decisión o por qué, o durante cuánto tiempo se interrumpirá el acceso a Internet.
Independientemente de la legislación nacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha dejado claro que los Estados deben abstenerse de imponer cortes de Internet debido a sus "efectos indiscriminados y desproporcionados sobre los derechos humanos". La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos también ha condenado los cierres de Internet como restricciones inadmisibles a la libertad de expresión y el acceso a la información de las personas.
A pesar del creciente número de directrices internacionales contra los cierres, los Estados siguen utilizándolos como herramienta autoritaria para reprimir la disidencia y eludir la rendición de cuentas. Un reciente estudio de Global Partners Digital y Access Now analiza cómo los cierres de Internet en África y Oriente Medio están agravando las violaciones de los derechos humanos de las personas.
Encontraron casi 50 cierres de Internet documentados en África y Oriente Medio entre 2018 y 2022 que ocurren junto con violaciones de los derechos de reunión o de participación en la vida política y pública y elecciones libres y justas. Por ejemplo, el gobierno de Jordania estranguló el acceso a Internet y los servicios de Facebook Live en un intento de reprimir las protestas por el salario de los docentes en agosto de 2020 y las restricciones de COVID-19 en marzo de 2021. Chad interrumpió los servicios de Internet durante casi una semana en febrero de 2021 durante las protestas contra el entonces presidente Idriss Déby y justo después de que miembros de la guardia presidencial atacaran a un destacado político de la oposición. En varios casos, los gobiernos también han cerrado Internet justo antes o después de golpes de Estado o elecciones impugnadas, como en Burkina Faso, Somalia y Uganda.
Los cierres también se utilizan para encubrir abusos contra los derechos humanos que implican tratos físicamente violentos, como la privación arbitraria de la vida, la desaparición, la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes. Muchos conocen los extensos cierres de Internet en Irán el año pasado durante las protestas contra el asesinato policial de Mahsa Amini, pero hemos encontrado casi otros 30 ejemplos en 12 países de África y Oriente Medio en los que los cierres de Internet coincidieron con incidentes de brutalidad policial, detenciones extrajudiciales y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad entre 2018 y 2022.
El cierre de Tigray: Ciclos de violencia y daño social
En algunos casos extremos, los cierres de Internet han ocultado violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas de derechos humanos. Un ejemplo destacado es el de la región etíope de Tigray, que ha sufrido el cierre más prolongado, de más de dos años, y más grave jamás registrado en medio de un desastre humanitario y crímenes de guerra.
Etiopía tiene un largo historial de cierres de Internet. El gobierno mantiene un control centralizado sobre su infraestructura nacional de telecomunicaciones y, sin acceso directo a las estaciones de aterrizaje de cables submarinos, el país depende en gran medida de la conexión por satélite a la Internet internacional. Estos factores han permitido al gobierno restringir los flujos de información y el acceso a Internet y a los servicios de telefonía móvil, y la población en general ha llegado a esperar los cortes de Internet. Sin embargo, el asedio a las comunicaciones en Tigray no ha tenido precedentes.
Este cierre comenzó en noviembre de 2020, al inicio del enfrentamiento militar entre el gobierno etíope y sus aliados, por un lado, y las fuerzas de seguridad de la región de Tigray, por otro. El gobierno etíope declaró el estado de emergencia y suspendió todos los servicios públicos, incluidos los de electricidad, banca, teléfono e Internet. Aunque el gobierno afirma que no es responsable del corte de comunicaciones, las investigaciones internacionales indican lo contrario, revelando una intención de ocultar y controlar el flujo de información sobre la guerra civil. El acceso a Tigray sigue estando restringido para los medios de comunicación internacionales y los investigadores de derechos humanos, incluida la investigación dirigida por la Unión Africana y la comisión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Independientemente de que se restablezca la conectividad, está claro que el cierre ha tenido efectos irreversibles a largo plazo en la población civil de Tigray. Desconectó incluso a los más cercanos y paralizó los sistemas comunitarios existentes, como la sanidad, las empresas, la banca y la educación. Privó a los habitantes de Tigray de los medios para prevenir, vigilar, informar, corroborar o iniciar respuestas a las atrocidades denunciadas y al deterioro de las condiciones humanitarias, dejando a las víctimas y a los supervivientes de estos crímenes sin la posibilidad de exigir justicia y rendición de cuentas. Además, desconectó a los tigrayanos del mundo y les quitó la propiedad de su propia historia, permitiendo la militarización de la desinformación, las narrativas extremistas y el discurso del odio contra los tigrayanos. Esto ha exacerbado los ciclos de violencia y el aislamiento de la región del resto de Etiopía.
En última instancia, el cierre ha causado un daño irreversible a las comunidades indígenas y ha dañado gravemente el tejido social de Etiopía, disminuyendo la posibilidad de paz y reconciliación y arriesgando nuevos ciclos de caos y violencia.
Luz sobre los cierres
Es vital que los gobiernos que despliegan estas tácticas rindan cuentas mediante cualquier medida posible. Los grupos de la sociedad civil han lanzado con éxito campañas para concienciar y animar a los gobiernos a comprometerse a proteger el acceso a Internet, especialmente en fechas próximas a elecciones u otros periodos políticos clave. La Coalición para la Libertad en Línea también ha creado un grupo de trabajo sobre cierres de Internet para elaborar recursos y directrices que ayuden a los Estados miembros a actuar diplomáticamente en este ámbito. Además, en algunos entornos normativos en los que los tribunales son independientes, el litigio estratégico ha demostrado ser prometedor para reparar los perjuicios de los cierres de Internet y disuadir a los Estados de utilizarlos.
Los inversores, los financiadores, las empresas de telecomunicaciones y las comunidades políticas y de derechos humanos en general deben apoyar y defender estos esfuerzos vitales. Impedir los cortes de Internet ayudará a mantener conectadas a las personas y a sacar a la luz las violaciones de derechos humanos que se producen en la oscuridad.