El catolicismo en México ha llegado a un punto álgido de contradicción cuando se trata de los derechos humanos. Por una parte, los líderes extremadamente conservadores se han alineado con élites poderosas y económicas, lo cual ha creado una fuerza autoritaria que no es flexible en cuanto a ciertos tipos de derechos humanos. Por otra parte, son los católicos progresistas los protagonistas más activos entre las ONGs mexicanas que trabajan en nombre de los derechos. Además, el liderazgo católico ha usado “el derecho a la vida” para alegar enérgicamente en contra de la educación sexual y ciertos derechos de las mujeres, a la vez que se mantiene callado respecto a muchas otras cuestiones relacionadas con “el derecho a la vida” como son los asesinatos y las desapariciones extrajudiciales. ¿Entonces por qué estamos viendo estos contrastes tan marcados en la misma religión?
En primer lugar, como muchos debates sobre la religión y los derechos humanos han indicado, la rigidez y la jerarquía vertical de los conservadores religiosos a menudo son reflejos de poder, valores e interpretaciones individuales en lugar de la doctrina en sí. Los derechos humanos fomentan la acción política con base en los derechos y las libertades de los ciudadanos, no en las obligaciones impuestas por las instituciones y sus marcos normativos. Por lo tanto, la defensa de los derechos humanos yace en el interés básico de la capacidad del ciudadano de enfrentarse al abuso de poder de las autoridades, y esto implica un problema obvio para los que están en el poder. La estructura y las enseñanzas del catolicismo están, en realidad, firmemente a favor de los derechos humanos (por ejemplo, la preservación del valor de la vida y dignidad humana), pero promulgar estos derechos podría amenazar la propia estructura de poder de la religión.
La estructura y las enseñanzas del catolicismo están, en realidad, firmemente a favor de los derechos humanos, pero promulgar estos derechos podría amenazar la propia estructura de poder de la religión.
De hecho, las religiones pueden proporcionar doctrinas, teologías y modelos pastorales que pueden autonomizarse e incluso criticar a sus propias organizaciones, y aquí es donde reside la tensión entre muchos católicos mexicanos y su liderazgo. Estos “representantes pastorales” del cambio generalmente no son parte del centro de poder principal del catolicismo, a pesar del hecho de que algunos obispos han emprendido firmemente la labor de defender los derechos humanos.
En México, los dominicos y los jesuitas, en particular, fomentaron la creación de los primeros centros de defensa. En los años noventa, tanto los obispos como las organizaciones laicas de inspiración católica desempeñaron papeles decisivos en la transición a la democracia del país al luchar por los derechos políticos y favorecer a derrocar la dictadura del partido del estado. Pese a ello, estas acciones generaron conflicto con el Estado laico debido a la intrusión de la Iglesia en la actividad política del país. Algunos segmentos del catolicismo se apartaron, mientras que otros no lo han hecho, lo cual ha generado tensión en varios grupos católicos.
Mientras que el discurso de los derechos humanos establece un marco de valores que trasciende y se extiende a diferentes religiones, en México el discurso casi se ha convertido en un leitmotiv en el sentido de que cualquier líder religioso tiene que decir que es defensor de los derechos humanos, independientemente de sus prácticas reales. Como Barbara Frey lo señala, se ha vuelto popular en México hablar sobre los derechos humanos, pero en realidad protegerlos y aplicarlos es otra historia. Y el catolicismo (al menos en su forma conservadora y jerárquica) es una parte importante de este problema de doble lenguaje. Al final terminamos con un discurso de derechos humanos que se ha transformado en un territorio retórico en el que todo mundo parece estar convergiendo. Y esta convergencia debería ser algo positivo para los derechos. Salvo en el sentido de que en la práctica, los derechos humanos se han convertido en una zona de conflicto entre diversas perspectivas ideológicas, lo cual genera tensión en lugar de cooperación (por ejemplo, los liberales en contra de los socialistas, los conservadores en contra de los progresistas, los revolucionarios y los reformistas, los demócratas y los anarquistas, etc.).
Esta tensión es particularmente obvia en relación al “derecho a la vida”. Desde el papado conservador de Juan Pablo II, el liderazgo católico ha tenido un lema absolutista de defensa por la vida desde el nacimiento hasta la muerte. En honor a esta postura, ha habido “cruzadas” en contra de la libertad de los derechos laicos, como movimientos en contra de las campañas de salud pública que pretenden reducir las epidemias y las muertes, como despenalizar el aborto, detener la propagación del VIH/SIDA y ampliar la disponibilidad de los anticonceptivos como la píldora “del día siguiente”, y también en contra de la educación sexual y del matrimonio entre homosexuales. Estas causas derivaron en una campaña nacional, y en el 2010 se formó “Mexicanos por la Vida de Todos” como una amplia coalición de 204 de grupos de derecha, grandes empresarios y élites. El discurso del derecho a la vida se radicalizó tanto que el arzobispo de Guadalajara (Juan Sandoval Iñiguez) declaró que el feminismo, junto con la idea del género y la homosexualidad, son “aberraciones que destruyen la estructura básica de la sociedad”.
Enrique Perez Huerta/Demotix (All rights reserved)
Catholics observe Ash Wednesday in Mexico City. Instead of vaguely worded statements, what the Mexican people really need are priests to fight for the right to life of common nameless citizens.
Pero lo que quizás sea más preocupante es que la argumentación católica a favor de la vida a menudo sigue escondida cuando los mexicanos más la necesitan. Ha habido un silencio sistemático por parte del liderazgo católico respecto a la política de la muerte y el genocidio que ahora son comunes en México. Asimismo, el liderazgo de la Iglesia no ha cumplido con la labor de hablar en contra del genocidio de las mujeres, que ocurre con mayor frecuencia en Juárez, o en contra de la impunidad del gobierno respecto a los asesinatos, la tortura y las desapariciones.
Ahora bien, pese a este silencio, hay muchas ONG respaldadas por la Iglesia Católica que específicamente denuncian el crimen organizado y la impunidad, y en el 2006, la Iglesia mexicana formó la sección pastoral de Movilidad Humana para promover y defender los derechos humanos de los migrnates (documentar los abusos y las desapariciones y ofrecer ayuda legal). Un caso ejemplar es el del padre Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de Movilidad Humana en la zona del Pacífico Sur, quien además de proporcionar un hostal que brinda alojamiento, alimentos y protección a los migrantes, ofrece protección y realiza denuncias en derechos humanos en torno al problema de los centroamericanos que son victimados por el crimen organizado, por las fuerzas policiales y por el abuso por parte de los agentes de inmigración. Otro caso es el del poeta Javier Sicilia, quien encabezó “la caravana del consuelo” para las víctimas civiles de la guerra en contra del narcotráfico durante el mandato de Calderón.
Hace poco, el recién nombrado Papa Francisco escribió una carta en la que reconocía los abusos a los que se enfrentan los migrantes y criticó el rechazo por parte de las instituciones públicas, y a su vez señaló que el trabajo de la Iglesia está volviéndose más difícil. Sin embargo, la diócesis católica mexicana ha actuado de forma muy precavida y no ha mostrado solidaridad a los ciudadanos que están pidiendo que no haya “una muerte más”. Los líderes católicos se mantuvieron callados incluso cuando cientos de miles de mexicanos tomaron las calles con el lema “se los llevaron vivos, regrésenlos vivos”, refiriéndose a las desapariciones de los estudiantes en Iguala, Guerrero. La primera señal de solidaridad la dio el cardenal Juan Sandoval de Guadalajara en octubre de este año durante la peregrinación de la Virgen de Zapopan, conocida como la “Pacificadora”, en la que anunció: hoy tenemos necesidad de pacificación, [vivimos] una sociedad convulsionada y amedrentada por el crimen organizado, hoy tenemos necesidad de coherencia entre tanta corrupción, tenemos necesidad del amor fraterno que nos permita Cristo ante tanta desigualdad".
Pero en lugar de formulaciones imprecisas, lo que los mexicanos realmente necesitan son sacerdotes que luchen por el derecho a la vida de ciudadanos comunes sin nombre. El derecho a la vida no es un lema, sino una lucha cotidiana por sobrevivir y la justicia más elemental. La realidad es que los católicos se encuentran divididos: algunos están encabezando la defensa de los ciudadanos exigiendo un México justo y equitativo, mientras que otros, como los “Mexicanos por la Vida” y la mayor parte del clero elitista, han mantenido un silencio sepulcral.