.jpg)
EFE/Narendra Shrestha
Invertir en la igualdad para las mujeres también promete generar beneficios sociales y económicos importantes, tanto a corto como a largo plazo.
Con su promesa de que “nadie se quedará atrás” y el compromiso transversal de luchar contra las desigualdades de todo tipo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene el potencial de transformar las vidas de las mujeres y niñas en todo el mundo. Sin embargo, tras más de dos años de implementación, un nuevo informe de ONU Mujeres muestra la cruda realidad de todo lo que aún queda por hacer para que los ODS sean algo más que simples promesas vacías.
Un contexto mundial desafiante
El mundo está lleno ataques contra los logros en materia de igualdad de género y contra quienes defienden los derechos de las mujeres. El cambio climático y la degradación ambiental siguen avanzando a un ritmo sin precedentes. Una década de crisis, recesión y medidas de austeridad ha causado estragos en los medios de subsistencia de las personas, y el informe de ONU Mujeres deja en claro que las mujeres y las niñas son las más afectadas por todo esto. Ahí donde la protección social y los servicios públicos se reducen en nombre de los presupuestos equilibrados, las mujeres son quienes lidian con el problema, en términos de cargas de trabajo más elevadas y mayor inseguridad económica. Y, dados sus precarios puntos de partida, los efectos son más intensos para las mujeres más desfavorecidas, que sufren discriminación en varios frentes. Por ejemplo, en 2015 las mujeres hispanas en EE. UU. tenían casi tres veces más probabilidades de no contar con seguro de salud que las mujeres blancas. Asimismo, el Women’s Budget Group del Reino Unido encontró que las mujeres negras y asiáticas serán las más afectadas por los cambios previstos en materia de impuestos y prestaciones: las madres solteras de estos grupos demográficos perderán del 15 al 17 % de sus ingresos. Como siempre, lo personal es político y la pobreza en todo el mundo tiene rostro de mujer.
De hecho, los nuevos datos presentados en el informe muestran que, a nivel mundial, es 22 % más probable que las mujeres de entre 24 y 35 años (cuando reciben mayores ingresos y están en sus mejores años reproductivos) vivan en condiciones de pobreza extrema, en comparación con los hombres de la misma edad. Es evidente que la responsabilidad de reconciliar el trabajo remunerado y las obligaciones familiares recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, lo que tiene enormes consecuencias para sus ingresos, derechos y medios de subsistencia.
De las promesas a la acción
En vista de estos desafíos, sería fácil descartar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como una distracción poco realista. Pero el informe de ONU Mujeres proporciona una hoja de ruta clara para avanzar en materia de derechos de las mujeres. Además de dar seguimiento a los resultados de igualdad de género en los 17 ODS, el informe proporciona un análisis del tipo de políticas que se necesitan para promover los derechos de las mujeres. Las políticas integrales y bien financiadas en dos áreas —la violencia contra las mujeres y las niñas, y los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados— serán de vital importancia para impulsar el progreso de las mujeres. Desde hace mucho tiempo, las feministas las han reconocido como barreras estructurales para la igualdad de género y los defensores de los derechos de las mujeres han celebrado su inclusión como metas del ODS 5 como una gran victoria.
El informe exhorta a proporcionar servicios de guardería universales como una medida que contribuiría a la consecución de varios ODS: desde reducir el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres (meta 5.4) hasta mejorar la salud, la educación y la nutrición de los niños (2.2, 3.2, 4.2); desde crear trabajos dignos en el sector de servicios sociales (8.3) hasta igualar las oportunidades de los niños de contextos desfavorecidos, lo que ayudaría a reducir la desigualdad de resultados (10.3). ¿Por qué universal? Porque las pruebas indican que es la forma más eficaz de llegar a los grupos desfavorecidos y garantizar que se beneficien de servicios de calidad, sin estigma.
La importancia de establecer un vínculo entre los ODS y los derechos humanos para promover la igualdad de género es más evidente cuando se hace hincapié no solo en la indivisibilidad de los derechos sino también en la necesidad de adoptar un enfoque integral para la implementación. Consideremos el caso de la violencia contra la pareja: una mujer que abandona una relación de violencia, por ejemplo, necesita no solo acceso a la justicia (meta 16.3), sino también un lugar para vivir (11.1), atención médica (3.8), un trabajo digno (8.5) y protección social (1.3).
La aplicación sistemática de los principios internacionales de derechos humanos también puede ayudar a los encargados de formular políticas a ir más allá de la cómoda retórica de “que nadie se quede atrás”. ¿Se están tomando medidas para que los servicios esenciales de los que dependen millones de mujeres y niñas —la salud (incluida la atención reproductiva), el agua, la educación— estén disponibles y sean accesibles y asequibles para todas las personas? ¿Los encargados de formular políticas consideran la intersección de distintas formas de discriminación? Por ejemplo, en Colombia, si se es una mujer pobre, rural e indígena, la probabilidad de no tener acceso a atención especializada durante el parto es más de ocho veces el promedio nacional. El compromiso de que “nadie” se quede atrás debe abarcar a las personas que suelen ser excluidas y marginadas deliberadamente: trabajadoras sexuales, mujeres trans, mujeres sin hogar, mujeres encarceladas y mujeres con discapacidades, por ejemplo. Al arraigar las iniciativas de igualdad en los derechos humanos también entran en juego un conjunto de mecanismos y herramientas de rendición de cuentas, que los defensores de derechos humanos utilizan cada vez más de manera estratégica.
¿Quién pagará?
No cabe duda de que el cumplimiento de estos principios exigirá un gran despliegue de recursos. En Sudáfrica, por ejemplo, hacer que los servicios de guardería estén disponibles para todas las personas implicaría una inversión anual bruta del 3.2 % del PIB. La afirmación de que para lograr los ODS se necesita pasar de “miles de millones a billones” ha suscitado un mayor entusiasmo por las asociaciones con el sector privado (APP) y el financiamiento privado o “mixto”. Sin embargo, la dependencia excesiva del sector privado conlleva riesgos significativos, como lo demuestran el legado cuestionable de las APP anteriores y los efectos muy diversos de las actividades empresariales (especialmente las de las corporaciones multinacionales y las industrias extractivas) sobre los derechos de las mujeres.
Hay que cuestionar las afirmaciones de que los recursos para el fortalecimiento de los servicios esenciales, la protección social o la infraestructura básica simplemente no están disponibles con cargo al erario público: no vivimos en un mundo de escasez, sino en uno en el que los recursos se distribuyen de manera grotescamente injusta, sin llegar a quienes más los necesitan. Una serie de reformas fiscales progresivas —incluidas tasas más altas del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta para las personas con mayores ingresos, la introducción o la aplicación adecuada de impuestos sobre el patrimonio, por ejemplo sobre la propiedad o las acciones, y la adopción de una postura agresiva contra la evasión y el fraude fiscales— podrían producir en conjunto una enorme cantidad de ingresos muy necesarios. No se trata de que los Estados generen billones de la nada, se trata de reorganizar las prioridades para favorecer los derechos humanos y la igualdad.
Invertir en la igualdad para las mujeres también promete generar beneficios sociales y económicos importantes, tanto a corto como a largo plazo. En el ejemplo sudafricano, ofrecer servicios de guardería universales crearía de dos a tres millones de empleos nuevos, lo que a su vez aumentaría los ingresos en materia de seguridad social e impuestos. Y esto sin mencionar los efectos transformadores que puede tener a largo plazo la educación temprana en los niños o los beneficios para las mujeres que dispondrían de tiempo libre para la educación, el ocio, el trabajo remunerado y el descanso.
Los compromisos de los ODS con la igualdad son loables, y podrían convertirse en un faro para estos tiempos oscuros. Sin embargo, si no adoptamos las estrategias de financiamiento y las políticas acertadas, corremos el riesgo de solo perpetuar una retórica vacía. En definitiva, no alcanzaremos ninguno de los ODS si no logramos una mayor igualdad para las mujeres en todas las áreas. Este objetivo también está consagrado en las obligaciones de derechos humanos y requiere mucho más que intervenciones a pequeña escala para “empoderar” a las mujeres. Los obstáculos a la igualdad de género son múltiples y estructurales, por lo que necesitamos políticas ambiciosas, integrales y bien financiadas para garantizar que todas las mujeres puedan reivindicar y ejercer sus derechos para 2030.