El 8 de marzo del 2017, un día especialmente significativo por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, sorprende a las organizaciones que trabajan a favor de los derechos de la niñez en Guatemala con una salvaje noticia: 41 niñas y adolescentes albergadas en un hogar por orden de juez para su protección y abrigo encontraron allí la muerte en un horrendo incendio. Recientemente, cinco funcionarios públicos fueron arrestados por esta tragedia, entre ellos el defensor de los derechos de los niños del hogar que fue inexplicablemente acusado y encarcelado de la misma manera que el agente de policía directamente responsable de la muerte de los niños.
El 26 de abril, un joven embiste con su vehículo a un grupo de estudiantes de un instituto nacional que exigían su derecho a la educación con calidad—11 adolescentes gravemente heridos y la muerte de una jovencita después de que se le amputó un brazo y una pierna. Sin embargo, estas tragedias no son infrecuentes: Guatemala tiene el sexto mayor índice de homicidio infantil en el mundo y altas tasas de impunidad—los países que ocupan las peores posiciones están todos en América Latina. Además, cientos de niños han quedado huérfanos debido a las crecientes tasas de homicidio de madres y padres.
Flickr/Pan American Health Organization/CC BY-ND 2.0 (Some Rights Reserved).
The main threat to young people in Guatemala is the high level of impunity for crimes against children and adolescents.
Los niños necesitan protección desesperadamente en Guatemala, sin embargo los defensores de sus derechos son constantemente atacados, amenazados y aislados. Consideremos los siguientes ejemplos que nunca llegaron a ser noticia: los integrantes de un espacio de voluntarios de Guatemala para la protección de la niñez identifican y denuncian una red de trata de niños, por lo que recibieron amenazas a su integridad y a su vida. Una defensora que acompañó en el proceso legal y psicosocial a una niña, cuyo padre la violó sexualmente, recibió intimidaciones desde la prisión en donde este se encontraba recluido. El secuestro de una coordinadora de proyectos en una importante ONG defensora de los derechos de la niñez en el occidente del país, que finalmente apareció sana y salva debido a las presiones desde una embajada con enorme influencia en el país. Esta violencia, sin embargo, no es un tema nuevo: ya desde 2001, Human Rights Watch condenaba las altas tasas de ataques contra los defensores de derechos, en particular los que protegen a la niñez. Pero poco se ha hecho y el problema persiste.
Esta inacción se da, al menos parcialmente, porque los propios defensores tienen dudas sobre denunciar o no estos hechos de violencias en su contra, por lo que el problema sigue invisible. En la mayoría de los casos, tampoco se recibe todo el apoyo porque, mientras Guatemala tiene un largo historial de violación de los derechos humanos de sus propios ciudadanos, los otros defensores (como los de los derechos ambientales, derechos indígenas, etc.) tienen un mayor peso político en el escenario nacional e internacional. Los niños y niñas, a pesar de constituir más de la mitad de la población, ocupan el último lugar en la lista de prioridades del gobierno y sólo aparecen en el discurso político cuando es conveniente. Las continuas luchas por poder entre la oligarquía guatemalteca y la "elite del narco" llevaron los políticos a se centrar en temas relevantes para consolidar y proteger su posición, pero los niños no influyen en esta dinámica en absoluto. Cuando se tratan de inversiones gubernamentales y cambios reales en las políticas, los niños, niñas y sus defensores son olvidados.
Todos estos hechos producen en los defensores de los derechos de la niñez un impacto psicosocial fuerte, dado que están involucrados en situaciones complicadas, a veces más que cualquier otro defensor de otro tema, una vez que presencian constantemente el sufrimiento y abuso de niños y niñas. Estas situaciones van desde recoger testimonios con una enorme carga emocional, hasta confrontar la impunidad de las instituciones públicas cuya misión es el cumplimiento de los derechos de niños y niñas. El stress llega al extremo de tener que enfrentar personalmente y sin ningún apoyo los problemas de su propia seguridad personal, mientras que el gobierno no hace nada para protegerlos.
"4,485 violaciones contra defensores, un promedio de 280 anuales."
Las violaciones contra los defensores de los derechos de los niños y niñas también están mal documentadas por las mismas organizaciones que deberían identificar y dar seguimiento a las denuncias de amenazas y acciones intimidatorias - como la UDEFUGUA (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala). Según UDEFEGUA, entre los años 2000 y 2015 se registraron 4,485 violaciones contra defensores, un promedio de 280 anuales. La mayoría fue contra defensores varones (55.5%), en el periodo del ex presidente Otto Pérez (49%), y en la región metropolitana (52%), caracterizadas por amedrentamiento, criminalización, daños a la propiedad, violencias que causaron lesiones graves, asesinatos e intentos de asesinatos. Sin embargo, en 2014 sólo se presentó una queja por intimidación contra una ONG de protección a la infancia. Y en el 2015, se presentaron 7, una por amenazas contra la hija de un defensor, 2 por difamación contra una ONG y 4 por allanamiento de otra, ambas organizaciones dedicadas a la protección de la niñez y adolescencia. Sin embargo, estas no son todas las amenazas contra defensores de derechos de la niñez. Se puede argumentar que esta baja notificación se debe en parte a una cultura de miedo: estas denuncias resultan en una reacción violenta contra los defensores de los niños y niñas en todo el país.
¿Quién o qué puede cambiar este desprecio por los niños y por aquellos que los protegen? Como señaló UNICEF, la principal amenaza para los jóvenes en Guatemala es el alto nivel de impunidad de los crímenes contra niños, niñas y adolescentes. La misma impunidad ocurre con los delitos contra los defensores de los derechos de la niñez y de los jóvenes. En la sociedad violenta y corrupta de Guatemala, muchos de los que tienen el poder de cambiar la política no se importan por el tema de la infancia. Para que haya un cambio, los defensores deben aprender a difundir mejor su trabajo y a involucrar a los encargados de formular políticas en cuestiones difíciles sobre lo que debe ser prioridad. Las ONGs internacionales y las embajadas con influencia también pueden ayudar disponiendo de herramientas y capacitación para mejorar estrategias de defensa y promoción del tema, reforzando la capacitad de adaptación y resistencia de los defensores y construyendo redes de apoyo para su salud mental. Presentemente, este apoyo ha sido intermitente e insuficiente. Para que haya cambio efectivo, la presión sobre el gobierno guatemalteco debe ser implacable. Este país necesita líderes que reconozcan que los niños y niñas son el futuro, no meras molestias. Sólo entonces se asignarán a los niños y a sus defensores los recursos y el reconocimiento debidos.