Foto: EFE/RODRIGO SURA
Proceso de exhumaciones de cerca de 50 víctimas de una masacre perpetrada por el Ejército salvadoreño en 1981.
Desde hace tiempo, los activistas y los científicos se han aliado para desarrollar estándares para la documentación de exhumaciones o tortura, pero las exigencias de una mayor aportación de datos y la necesidad de documentar violaciones complejas están llevando a los investigadores a buscar nuevas maneras de determinar los hechos. Gracias a la introducción de metodologías novedosas en las actividades de constatación de hechos e incidencia, los activistas tienen nuevas oportunidades para colaborar con investigadores y científicos de diferentes disciplinas académicas, desde hidrólogos hasta antropólogos, geólogos y geógrafos. Las asociaciones resultantes ayudan a los activistas a aplicar nuevos métodos y aprovechar conocimientos especializados.
Sin embargo, la colaboración entre científicos y defensores de derechos humanos puede ser una tarea abrumadora, debido a las diferencias en cuanto a metodologías, criterios de valoración de pruebas y objetivos de investigación. Para formar estas asociaciones, es necesario tener conciencia de los desafíos únicos que supone tender puentes entre la investigación basada en las universidades y la investigación basada en la práctica. Con base en las experiencias de On-call Scientists —una iniciativa de la American Association for the Advancement of Science (AAAS)— y el Human Rights Methodology Lab —un proyecto que estudia métodos y prácticas de investigación—, este artículo analiza cuatro desafíos de estas colaboraciones y ofrece algunas recomendaciones.
La colaboración sobre las preguntas de investigación
A pesar de las numerosas maneras en las que la investigación y el activismo podrían beneficiarse mutuamente, es posible que los defensores de derechos humanos no estén enterados de las maneras en que los investigadores académicos podrían respaldar su trabajo; quizás sepan cuándo necesitan la ayuda de un experto en calidad del agua, pero tal vez no perciban con tanta claridad las ventajas de asociarse con un científico social o un especialista en bioestadística. Por ejemplo, los economistas pueden ayudar a los activistas a evaluar los posibles efectos presupuestarios de los cambios en las políticas. Pero antes de eso, los investigadores de derechos humanos necesitan saber qué clase de preguntas puede responder un economista. Por su parte, los científicos no podrán diseñar agendas de investigación que apoyen las actividades de defensa y promoción si no están conscientes de las necesidades y prioridades de los activistas.
Las asociaciones entre investigadores académicos e investigadores basados en la práctica requieren que las preguntas de investigación se desarrollen de forma abierta y centrada en el diálogo, en un proceso en el que los activistas puedan explicar los tipos de desafíos que enfrentan y los científicos puedan hablar sobre los tipos de preguntas que pueden responder. Por ejemplo, es posible que una agrupación de derechos humanos comience buscando una clase de pericia científica, pero que después de consultar el tema descubra que resultaría más provechoso utilizar otra clase de pericia. Un diálogo temprano también maximizará las repercusiones de la investigación, al generar una visión compartida de los insumos necesarios para la investigación y de cómo se utilizarán sus resultados.
La experiencia de On-call Scientists también indica que los activistas aprecian las oportunidades de obtener asesoramiento informal y realizar lluvias de ideas con los expertos, antes (o en lugar de) comprometerse con una colaboración a largo plazo. Con base en esta retroalimentación, la AAAS creó una línea directa que permite a los defensores de derechos humanos consultar a un grupo central de expertos para hacerles preguntas específicas puntuales o tener conversaciones informales.
Comprensión de los efectos de la investigación
También es posible que los académicos y los defensores sientan que sus actividades de investigación tienen objetivos distintos. Los académicos suelen estar orientados hacia las hipótesis, mientras que quienes trabajan en derechos humanos se centran en la incidencia, lo que conduce a diferentes formas de evaluar los resultados. Aunque ambos grupos enfatizan el consentimiento informado, los activistas se centran en el efecto que tendrá la investigación para sus actividades de defensa y promoción y sobre la comunidad o los grupos que pretenden ayudar. Los investigadores académicos, por el contrario, evalúan y gestionan los riesgos de la investigación con base en el daño a los sujetos investigados, y es posible que no perciban las repercusiones que la investigación podría tener para la comunidad más amplia o los objetivos de defensa y promoción. En algunos campos, a los investigadores académicos también puede preocuparles que el contexto de activismo politice su investigación.
Es posible enfrentar estos desafíos hablando desde el principio sobre las responsabilidades de investigación del proyecto, la participación de actores interesados y las posibles consecuencias positivas y negativas. Las colaboraciones exitosas han desarrollado soluciones innovadoras como, por ejemplo, una junta de revisión de ética que incluya especialistas en ética y personas apreciadas en la comunidad.
Manejo del uso y control de la información
Las diferentes formas en que los investigadores académicos y de derechos humanos conciben el propósito de su trabajo afectarán las expectativas sobre el intercambio de información. Los científicos y los activistas quieren difundir sus investigaciones, pero los activistas pueden necesitar que la información se comparta en distintos lugares y en diferentes momentos. Por lo general, los investigadores académicos publican sus resultados una vez terminada la investigación, mientras que los activistas pueden querer informar los resultados a los medios y otros grupos de maneras que complementen su calendario de actividades de defensa y promoción. Por su parte, las comunidades afectadas querrán mantener la propiedad y el control de sus datos, además de participar en el centro de las discusiones sobre cómo compartir los resultados de la investigación. Las asociaciones exitosas desarrollarán una estrategia para el uso y control de la información por adelantado.
Plazos
Otro tema que deben abordar las asociaciones entre académicos y defensores de derechos humanos es el calendario y el ritmo de la investigación. En muchos casos, los plazos de las subvenciones, las fechas de comparecencia ante tribunales y los calendarios gubernamentales dirigen la agenda de investigación de los activistas. Estos planes también pueden interrumpirse en cualquier momento para responder a fechas límite u oportunidades imprevistas. Por su parte, los académicos suelen planificar su trabajo hasta con un año de anticipación para garantizar fondos y recursos; también trabajan conforme al calendario académico, lo que puede afectar su disponibilidad y la de sus estudiantes. Además, las fechas límite en los contextos académicos suelen ser mucho más flexibles que las que enfrentan quienes trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Estas tensiones se pueden minimizar mediante conversaciones anticipadas sobre las expectativas y el calendario. Cada uno de los socios participantes debe comprender las necesidades de programación del otro; juntos, deben discutir el cronograma propuesto, los planes para cambios imprevistos a ese cronograma y las contingencias que podrían limitar los recursos disponibles, como el apoyo de los estudiantes fuera del año académico.
Recomendaciones
Sugerimos tres cosas que pueden ayudar a navegar las colaboraciones entre los defensores de derechos y los investigadores académicos.
1. Puede ser útil que alguien sea el “intermediario de conocimiento” o intermediario entre los defensores y los investigadores académicos, y posiblemente también con las comunidades afectadas. Cada vez es más común contar con un intermediario de conocimiento tanto en las investigaciones académicas como las basadas en la práctica, para estructurar la comunicación y la retroalimentación con las comunidades afectadas por las investigaciones. Varios proyectos exitosos de On-call Scientists han incluido la participación de una o más personas capacitadas para generar confianza y facilitar la comunicación entre investigadores, defensores y líderes comunitarios. Por ejemplo, en 2017 la FIDH, la Fundación Parque Nacional Pico Bonito (FUPNAPIB) y el Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) publicaron una investigación colaborativa y recomendaciones para prevenir las repercusiones negativas esperadas en materia de derechos humanos de una represa hidroeléctrica propuesta. La FIDH coordinó los esfuerzos de una asesora científica pro bono, Cecilia G. Flocco, para formular las preguntas de investigación relativas a los impactos ambientales y después incorporó la información al trabajo conjunto de las ONG y las comunidades afectadas en Honduras.
2. Los activistas y los investigadores académicos deben negociar roles y responsabilidades antes de formar una asociación. La AAAS elaboró una serie de lineamientos que ofrecen un marco para estas discusiones. Comunicarse con claridad desde el principio, y mantener esos canales de comunicación, ayudará a los socios a abordar los problemas conforme vayan surgiendo.
3. Las instituciones académicas pueden promover las asociaciones con el sector académico al recompensar el trabajo de servicio de sus investigadores. Reconocer y recompensar este trabajo ayudará a aumentar la capacidad de los investigadores académicos para satisfacer las necesidades de investigación de los defensores de derechos humanos.
Como lo ilustran los ejemplos anteriores, las asociaciones entre académicos y activistas ya han generado formas innovadoras de documentar crímenes de lesa humanidad, enfrentar daños ambientales y llenar las lagunas en los datos oficiales que marginan a las poblaciones vulnerables. Comprender los posibles desafíos y abordarlos anticipadamente permitirá que los socios dediquen una mayor parte de su tiempo y recursos limitados a resolver problemas de derechos humanos.