Las iniciativas legales que reconocen los derechos de la naturaleza han pasado de ser un goteo a una cascada. A 1 de enero de 2024, se habían presentado un total de 493 propuestas de este tipo en 44 jurisdicciones y en foros internacionales como las Naciones Unidas, según cifras recopiladas por el Eco Jurisprudence Monitor. Aproximadamente tres cuartas partes han sido aprobadas. Estas iniciativas se duplicaron entre 2011 y 2016 y, de nuevo, entre 2016 y 2021.
Más que derechos humanos
Esta tendencia forma parte de un creciente interés interdisciplinar por los enfoques ecocéntricos de lo que el ecofilósofo David Abrams denomina el «mundo más-que-humano»: la red de la vida que incluye a humanos y no humanos por igual. En el ámbito jurídico, esto se ha manifestado en una proliferación de debates conceptuales y doctrinales sobre los «derechos más-que-humanos», como uno de nosotros ha propuesto denominar a los derechos de la naturaleza en un volumen publicado recientemente . Dada la complejidad y lo reciente de este debate, muchas cuestiones clave siguen abiertas: ¿Quién cuenta como sujeto de derechos? ¿Debe concederse protección jurídica a individuos, especies o ecosistemas enteros? ¿Quién, si es que hay alguien, habla en nombre de la naturaleza?
Sin embargo, se ha prestado menos atención a la repercusión de los derechos no humanos, especialmente a las sentencias judiciales que han reconocido la personalidad jurídica de los no humanos, desde animales hasta bosques y ríos.
La sentencia de Los Cedros
Para contribuir a llenar este vacío, el Proyecto Más que Vida Humana (MOTH, por sus siglas en inglés) y la Clínica de Investigación y Acción por los Derechos de la Tierra (TERRA, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York realizaron un estudio sistemático sobre la aplicación de una de las decisiones más destacadas de este tipo. En 2021, el Tribunal Constitucional de Ecuador falló a favor del Bosque de Los Cedros, un bosque nuboso de Ecuador de gran biodiversidad. Invocando el reconocimiento pionero de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana de 2008, la sentencia se produjo en respuesta a la concesión por el gobierno de licencias mineras dentro del bosque. El Tribunal consideró que las actividades mineras causarían una degradación medioambiental que vulneraría los derechos fundamentales y los derechos de la naturaleza, en concreto, el derecho de Los Cedros a existir y regenerarse mediante ciclos vitales saludables. Declaró nulos los permisos y sostuvo que las actividades que amenazan los derechos de la naturaleza -incluidos todos los tipos de actividades mineras- están prohibidas en Los Cedros.
La decisión del Tribunal incluye órdenes para los organismos gubernamentales y las empresas mineras que operaban anteriormente en Los Cedros, incluida la Empresa Nacional Minera (ENAMI) y sus socios.
Evaluación del cumplimiento
Nuestro informe, escrito en colaboración con estudiantes de TERRA NYU, evaluó la implementación y el nivel de cumplimiento gubernamental y corporativo de las órdenes de la Corte Constitucional a junio de 2024. La evaluación se basa en una combinación de métodos cualitativos, incluyendo visitas de campo a Los Cedros (en octubre de 2022 y mayo de 2024), y una revisión sistemática de fuentes primarias y secundarias, así como entrevistas con actores clave en el cumplimiento de la sentencia.
El informe muestra que la aplicación de los derechos de la naturaleza y sentencias como la de Los Cedros pueden ser herramientas eficaces para proteger ecosistemas en peligro cuya supervivencia y florecimiento son esenciales para hacer frente a las crisis ecológicas. A diferencia de muchos otros bosques y ecosistemas que han sucumbido a la presión de la minería y otros proyectos extractivos en todo el mundo, Los Cedros sigue siendo una fuente de vida para los seres humanos y no humanos. Como muestra nuestro informe, las operaciones mineras cesaron en Los Cedros al mes siguiente de la sentencia. Los Cedros sigue existiendo como un punto caliente de biodiversidad y como una fuente de bienestar para los seres humanos y no humanos por igual. Sin la sentencia, es probable que Los Cedros se hubiera enfrentado a una degradación medioambiental y a una importante extinción de especies, al igual que otros bosques de Ecuador y de todo el mundo que se han visto afectados por la minería.
Los resultados de la aplicación de otras órdenes judiciales muestran oportunidades para seguir actuando. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), encargado de supervisar la aplicación de la sentencia, no ha puesto en marcha un plan de gestión con participación comunitaria para la protección del bosque. Desde mediados de 2023, el MAATE ha hecho poco por garantizar el cumplimiento de la sentencia y los derechos de la naturaleza en Ecuador. Por el contrario, la Defensoría del Pueblo ha cumplido ampliamente con sus responsabilidades, vigilando el cumplimiento e instando al MAATE a adherirse al fallo.
En suma, la sentencia ha sido notablemente efectiva en cuanto a su impacto inmediato y directo en la protección del bosque como sujeto de derechos frente a la amenaza de la minería a gran escala. Estas victorias invitan a prestar más atención a los efectos indirectos de la sentencia sobre la implicación de las comunidades y a la necesidad de reforzar la reglamentación y los procedimientos administrativos sobre los derechos de la naturaleza en general.
Desplazar la responsabilidad
El éxito en la protección del bosque frente a la minería no significa que el futuro de Los Cedros y de los derechos de la naturaleza en Ecuador esté bien asentado. El informe indica que, debido a la actuación insuficiente del gobierno ecuatoriano, la protección de Los Cedros ha recaído en otros actores.
En concreto, la carga de la aplicación de la sentencia ha recaído en gran medida en la Estación Científica de Los Cedros, que, a pesar de sus limitados recursos y personal, ha sido la única responsable de vigilar la vida salvaje y detectar actividades ilegales en el bosque desde 1988. La Estación también forma a miembros de la comunidad local para que ayuden a proteger el bosque, pero incluso con estos esfuerzos, reconoce que su capacidad para proteger adecuadamente Los Cedros es insuficiente.
Para hacer frente a estos retos y consolidar el precedente de la sentencia de Los Cedros, se necesita una acción urgente y continuada por parte de los actores nacionales e internacionales. El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de recuperar el tiempo perdido apoyando a la Estación Científica y permitiendo la participación de las comunidades locales. Del mismo modo, el compromiso continuo de la sociedad civil nacional e internacional y de las organizaciones científicas e intergubernamentales será crucial para el destino de Los Cedros. En el litigio de Los Cedros participaron biólogos, colectivos ecologistas, artistas, celebridades y simpatizantes en línea que aportaron pruebas al Tribunal, elaboraron campañas de apoyo a la demanda y convirtieron Los Cedros en un icono de la protección de la biodiversidad. Ellos y todos los demás que se han inspirado en ella deberían estar atentos a la aplicación de la sentencia.
Este artículo se basa en el informe «The Impacts of the Rights of Nature: Assessing the Implementation of the Los Cedros Ruling in Ecuador» publicado por el proyecto MOTH de la NYU y el Programa TERRA. Una versión más larga de este artículo se publicó en Verfassungsblog.