¿Son los derechos económicos y sociales sólo derechos “suaves”, demasiado confusos para obligar a concretar las leyes o constituciones? Sí, argumentarian algunos. Cuando un policía tortura a un prisionero político, se puede culpar al estado fácilmente, pero cuando un niño muere porque sus padres son demasiado pobres para alimentarlo, ¿quién es responsable? Los derechos implican deberes, y para que tengan sentido, se tienen que cumplir. Muchos países en desarrollo simplemente no cuentan con los recursos para proveer alimento, educación o servicios de sanidad a todos los ciudadanos que lo necesiten. Por lo tanto, ¿dónde está el punto en convertir los derechos económicos y sociales en derechos legales y en pedirle a las cortes que los haga cumplir?
Estamos en desacuerdo por dos razones. Primero, desde una perspectiva de desarrollo, la noción de que algunos derechos valen más la pena que otros y merecen protección legal, simplemente no tiene sentido. Segundo, dar protección legal a los derechos económicos y sociales tiene un impacto que va más allá de los tribunales.
Dividir los derechos en categorías, civiles y políticos o económicos y sociales, no es de utilidad para el objetivo de combatir la pobreza. Cuando el derecho de una viuda africana a poseer una tierra se reconoce, ¿de qué tipo de derecho estamos hablando? ¿Se trata de un derecho civil porque aborda la discriminación? ¿Es un derecho económico porque se trata de una propiedad? ¿O es un derecho social porque la tierra asegura el derecho que tiene la mujer de alimentarse a sí misma y a su familia?
Rajput Yasir/Demotix (All rights reserved)
Residents protest slum dwelling demolition drive in Kotri, Pakistan.
Cuando una mujer africana huye de la violencia en su hogar, ella desea justicia, pero también quiere un lugar seguro dónde estar, atención médica para curar sus heridas y un trabajo que la sustente en el futuro. Si se debilita un reclamo, se debilitarán todos.
La experiencia vivida por las personas pobres demuestra que la libertad es indivisible de la educación y la alimentación; la educación y la alimentación del sustento; y el sustento de la vida y de la libertad.
La realidad es que los derechos son más como los huevos. Los rompes para abrirlos y los derechos fluirán, se unirán y esparcirán alrededor de las personas y comunidades como una proteína social: son buenos para todos de muchas formas. Y a menudo no habrá nadie para decir dónde termina un derecho y empieza el otro, por lo tanto, es difícil separar sólo algunos derechos para darles una protección legal.
Los que han contribuido antes a este debate, han abogado con fuerza a favor y en contra de legalizar los derechos económicos y sociales, basando sus argumentos en la ejecución judicial, es decir, en la conveniencia y viabilidad de los tribunales para adjudicar los reclamos de educación, salud, seguro social y vivienda. ¿Deben las leyes y constituciones darle a las personas el derecho de demandar a su gobierno, por ejemplo para solicitar agua limpia o educación escolar? Sí, dice un grupo: una decisión judicial le da a la gente pobre algo para ondear en la cara de las autoridades. No, dicen los otros: no es práctico, es más bien contraproducente y podría servir sólo para desviar los escasos recursos del estado hacia los ruidosos y pleitistas en lugar de a los vulnerables y necesitados.
Para nosotros, este análisis exclusivamente centrado en la jurisprudencia es una equivocación. Por supuesto, los tribunales deben hacer su trabajo dando un toque de atención a los gobiernos reacios, aunque vale la pena recordar que en muchos países en vías de desarrollo, los tribunales a menudo son muy lentos y caros de utilizar, o carecen de la independencia necesaria para hacer cumplir decisiones de las cuales las autoridades son responsables.
Pero la razón para legalizar los derechos económicos y sociales no es sólo para que sean justiciables en los tribunales, sino para crear un impulso político y social que hagan que los derechos sean una realidad.
Legalizar los derechos económicos y sociales dota de expresión formal a los ideales progresistas; construye la legitimidad política que los sustenta; crea un horizonte de expectativas sociales. Cuando las necesidades esenciales para una vida digna - vivienda, educación, atención sanitaria básica – se elevan al rango de derechos legales, tienen el poder de cambiar el discurso político y las decisiones basadas en la asignación de recursos. Los responsables políticos están obligados a considerar los derechos legales cuando diseñan y llevan a cabo planes de desarrollo. Para los legisladores es difícil ignorar las obligaciones que establece la ley, o lo hacen a su propio riesgo, especialmente en sociedades democráticas donde un electorado molesto a menudo tiene más peso que un sabio magistrado.
Incorporar los derechos a las leyes crea un ambiente que conlleva cambios y proporciona un marco para intervenciones exitosas. El programa de ley de salud del International Development Law Organization (IDLO) ha demostrado que para combatir la discriminación y garantizar el acceso a tratamiento médico, se debe recoger el derecho a la salud en la legislación nacional y se debe implementar haciendo hincapié en las personas con mayor riesgo. Adicionalmente, a medida que aumenta la amenaza de enfermedades no transmisibles, los países que tienen leyes más débiles o inapropiadas sin referencia a las obligaciones de los derechos humanos, se encuentran a sí mismos en una considerable desventaja contra el tabaco, el alcohol y la industria de la alimentación. No hace falta decir que también hay pruebas de que es más probable que los gobiernos de los países con leyes estrictas de salud inviertan en el sector de salud, lo que a cambio se traduce en mayores dividendos sociales y económicos.
Las leyes pueden ser la vanguardia del cambio, siendo el motor de las opiniones populares y de los cambios políticos. Si bien es cierto que hay una gran cantidad de pruebas de que las leyes por sí solas no erradican los prejuicios raciales o desigualdades de género, es difícil encontrar un país en el mundo que haya abordado con éxito una discriminación arraigada sin ningún tipo de reforma constitucional o legal.
Para las personas y comunidades que viven en la pobreza, considerar sus carencias en educación, atención sanitaria, vivienda o agua limpia no como un fallo de la política del gobierno sino como una negación de sus derechos, es un factor movilizador. Cuando estos derechos están refrendados por las leyes, unidos a conocimientos jurídicos y a programas de empoderamiento y apoyados por una sociedad civil dinámica, se convierten en una fuerza importante de cambio. El estudio de IDLO demuestra que este enfoque inclusivo, combinando empoderamiento popular con una protección de los derechos legales y constitucionales, es particularmente relevante para las mujeres que no pocas veces, se ven obligadas a recurrir a pactos informales en sus comunidades para resolver agravios.
Las estrategias de empoderamiento legal no sólo tratan sobre litigios, aunque podrían ser un elemento importante. Tratan más bien sobre ayudar a las personas pobres a obtener los conocimientos y las herramientas para comunicarse con los que en realidad regulan las leyes que afectan a sus vidas diarias – oficinas de inscripción de tierras, agencias de gobiernos locales y programas de alivio de pobreza, por dar algunos ejemplos – de manera que puedan proteger sus propiedades, combatir la discriminación, recibir la atención sanitaria, educación y otros servicios a los que tienen derecho , así como participar en la toma de decisiones de su comunidad y del gobierno que afecta directamente sus vidas y medios de subsistencia.
Cuando los derechos económicos y políticos sean legalizados, es muy probable que el mayor impacto no se dé en litigios, sino en las esferas políticas; no en más burocracia, sino en más agilidad para las iniciativas de desarrollo; no en los tribunales, sino en las comunidades y en la vida de las personas.