Durante los últimos 20 años, Jordania se ha visto inmersa en una espiral descendente de elevada deuda pública y déficits presupuestarios crónicos que una serie de préstamos masivos no ha logrado corregir. De hecho, Jordania ha firmado nueve acuerdos de préstamo con el FMI desde 1989, y el FMI ha exigido las clásicas políticas de austeridad neoliberal que prescribe a todos los países en crisis, incluida la reducción de las redes de seguridad social universales. Cabe destacar que estas medidas para "apretarse el cinturón" no han revertido el declive económico de Jordania. Por el contrario, su deuda ha aumentado del 80% al 111% del PIB del país.
Cuando se produjo el COVID-19, el país se quedó sin una red de seguridad adecuada, y la pobreza aumentó del 15% al 24%. El programa de protección social del FMI, que se introdujo para proteger a las personas vulnerables de los efectos de la austeridad, sólo llegó a una de cada cinco familias de bajos ingresos. Por supuesto, a pesar de la influencia del FMI en la política económica de Jordania, el gobierno jordano es el principal responsable de garantizar los derechos humanos de los jordanos. No obstante, Jordania es un ejemplo conmovedor de las condiciones que conllevan los préstamos del FMI, que afectan a muchos países de la región.
Las próximas reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Marrakech brindan la oportunidad de entablar un debate significativo sobre el mandato de estas instituciones de Bretton Woods, creadas en 1944. Sin embargo, es crucial que las voces de la sociedad civil tengan la oportunidad de transmitir sus experiencias vividas en el extremo receptor de la austeridad y la deuda paralizante, como en el caso de Jordania.
Oriente Medio y Norte de África en el ojo del huracán
La región de Oriente Medio y Norte de África (MENA) ha vivido múltiples crisis de agitación política y armada, gobernantes que no rinden cuentas, COVID-19, inseguridad alimentaria y agitación económica. Debido a la escasa o nula protección social universal, la región está mal preparada para las crisis venideras, incluida una previsible crisis de la deuda. La vulnerabilidad de la región también se refleja en su gran número de préstamos del FMI: dieciocho sólo entre 2010 y 2021. El FMI tiene una gran impronta política en la región, y es especialmente preocupante que, tras las excepciones durante la pandemia del COVID-19, haya vuelto a exigir austeridad, o "consolidación fiscal", como la denomina el Fondo.
La política fiscal es una cuestión de derechos humanos
Como están demostrando actualmente los países latinoamericanos, la política fiscal no es una mera cuestión técnica a discreción de los gobiernos; es una cuestión de justicia y de derechos. La política fiscal se rige por principios de derechos humanos que dictan que los Estados deben garantizar el máximo de recursos disponibles para el disfrute de los derechos económicos y sociales y deben evitar a toda costa la reducción del gasto social. En particular, mientras que los gobiernos promulgan principalmente medidas de austeridad, las instituciones financieras internacionales como el FMI desempeñan un papel importante a la hora de prescribir reformas económicas como parte de las condiciones de los préstamos, como demuestra el caso de Jordania. En los casos en que estas instituciones financieras internacionales recomiendan o imponen medidas que tienen efectos negativos previsibles sobre los derechos humanos, son cómplices de las violaciones resultantes y deben rendir cuentas.
No es sólo un problema del Sur Global
Según las previsiones del propio FMI, se espera que aproximadamente el 85% de la población mundial se vea afectada por medidas de austeridad en 2023. Aunque la región de Oriente Medio y Norte de África está sufriendo en gran medida medidas como despidos en el sector público, privatizaciones, recortes de pensiones y reducción de los sistemas de protección social, las tendencias también son evidentes en Europa. Grecia es la historia de terror europea más reciente de austeridad tras una crisis financiera, marcada por el rescate de 2010 por parte de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, al que siguieron dolorosas reformas. Por ejemplo, el rescate incluyó una serie de reformas laborales regresivas a partir de 2012, que socavaron los convenios colectivos, condujeron a reducciones del salario mínimo, abolieron la jornada laboral de ocho horas y legalizaron las horas extraordinarias no remuneradas: un ejemplo perfecto de cómo la austeridad inducida por la crisis puede vulnerar los derechos de los trabajadores a unas condiciones laborales dignas y a unos salarios justos.
Las falacias de la austeridad
En contra de las afirmaciones de que la austeridad reduce la deuda, a menudo limita el crecimiento económico, aumenta la pobreza y la desigualdad, y no consigue resolver los problemas financieros de los países. Incluso el FMI ha admitido recientemente que la austeridad en tiempos de crisis no funciona, aunque evidentemente este reconocimiento no ha repercutido en sus políticas. Tal vez no resulte sorprendente que estas medidas políticas puedan exacerbar las desigualdades sociales, afectando de forma desproporcionada a grupos marginados como las mujeres, las personas con discapacidad y las poblaciones racializadas. La carga de la austeridad recae en gran medida sobre las mujeres, como demuestra la experiencia del Reino Unido, donde las mujeres, en particular las mujeres de color, han sufrido impactos socioeconómicos adversos desproporcionados.
Alternativas alineadas con los derechos humanos
Sin embargo, existen enfoques alternativos que pueden aumentar el espacio fiscal para los países en crisis financiera. Entre ellos se incluyen el aumento de los ingresos fiscales, la ampliación de la cobertura de la seguridad social, la reestructuración de la deuda, la eliminación de los flujos financieros ilícitos y la reasignación del gasto público. Aunque escasos, existen algunos ejemplos progresivos en la región. Por ejemplo, Argelia ha introducido impuestos sobre los beneficios inesperados en el sector energético, y Turquía ha gravado los servicios digitales.
La elaboración de políticas fiscales no es una cuestión técnica a discreción de los gobiernos y las instituciones financieras internacionales: las políticas fiscales tienen consecuencias en el mundo real para los ciudadanos de los países que aceptan préstamos del FMI. En consecuencia, deben ajustarse a los principios de derechos humanos y hacerlo de forma inclusiva y transparente, rindiendo cuentas ante la población.
Cuando el FMI y el Banco Mundial celebren sus reuniones anuales en octubre, deben dar cabida y escuchar las voces de Oriente Medio y el Norte de África sobre la experiencia vivida con la austeridad y desarrollar alternativas. Este nuevo enfoque debe impulsar el profundo cambio que deben experimentar las vetustas instituciones de Bretton Woods para poder responder a las crisis de nuestro tiempo. La modernización de las instituciones debe incluir la inclusión, la transparencia, la gobernanza democrática y el respeto de los derechos humanos, así como una metodología que no se limite a medir el bienestar mediante el PIB. Aquí, las voces de la sociedad civil son inestimables.