Un hombre ejerce su voto en el Estadio Nacional en Santiago (Chile). Cerca de 14,8 millones de chilenos decidirán en las urnas si quieren o no reemplazar la actual Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y qué órgano debería redactar el nuevo texto, una votación que está considerada la más importante desde el retorno a la democracia. EFE/ Alberto Valdés
En octubre de 2019, una serie de protestas contra el aumento de las tarifas del transporte público en Santiago desvelaron graves grietas en el modelo económico y social de Chile. “No son 30 pesos (0,40 dólares), son 30 años”, gritaban muchos de los manifestantes, cuando se cumplen tres décadas del fin de la dictadura de Pinochet. Aunque en estas tres décadas se han elegido nuevos dirigentes de manera democrática, los pilares socioeconómicos que sustentaban el régimen militar permanecían intactos. Hasta ahora.
Las protestas populares han cogido desprevenida a la clase política y económica chilena. Sólo cuando el gobierno, la oposición y la sociedad civil se pusieron de acuerdo para iniciar un proceso de reforma de la Constitución de 1980, las cosas se calmaron y pudieron encontrar un camino a seguir.
Un referéndum celebrado en octubre de 2020, en plena pandemia de la covid-19, confirmó la determinación de los chilenos de elegir una nueva convención encargada de redactar una nueva constitución para el país. Los representantes fueron elegidos en mayo de 2021, y la convención comenzó sus trabajos en julio. Se trata de la primera asamblea constituyente que tiene garantizada la paridad entre hombres y mujeres, así como una representación mínima garantizada para indígenas. La presidenta de la convención constituyente es Elisa Loncón, una académica de ascendencia mapuche que nació en la pobreza.
Chile fue el primer teatro de operaciones del neoliberalismo en los años setenta y ahora vive un momento de esperanza y de posible transformación. Un número importante de los 155 representantes elegidos en la convención constitucional se comprometió a apoyar unos servicios sociales fuertes, una mayor igualdad y los derechos laborales. Chile tiene la oportunidad de tomarse en serio los derechos sociales en este nuevo y emocionante proceso político.
El régimen de Pinochet adoptó la Constitución de 1980 en un intento de dar una imagen de legitimidad a la dictadura. A pesar de las múltiples reformas, la constitución, que todavía está en vigor, contiene una serie de difíciles requisitos de procedimiento, como el control preventivo de constitucionalidad por parte de la corte constitucional, o los requisitos de supermayoría en ambas cámaras, especialmente insuperables con el sistema electoral antiproporcional vigente hasta 2018. Estos enclaves autoritarios dificultaron, cuando no imposibilitaron, que los gobiernos de izquierdas pudieran introducir cambios en las leyes y políticas, y mucho más las enmiendas constitucionales progresistas.
Chile tiene la oportunidad de tomarse en serio los derechos sociales en este nuevo y emocionante proceso político.
La Constitución de 1980 es también la encarnación del modelo neoliberal: Da prioridad a la propiedad privada y a la economía de mercado, pero no garantiza la educación, la sanidad y la seguridad social para los necesitados. La Constitución sólo reconoce la libertad de elegir entre diferentes proveedores, por ejemplo, en relación con la sanidad y la seguridad social, pero no garantiza un contenido mínimo para estos derechos; el derecho a la educación y el derecho a un ambiente sano no son justiciables, y el derecho a una vivienda adecuada no se encuentra en ninguna parte.
En 2016, el Relator Especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos concluyó que “las fórmulas empleadas (en la Constitución de 1980) en general no se ajustan a las normas internacionales y carecen de un firme arraigo en el lenguaje de los derechos y las obligaciones. Los métodos de aplicación contemplados son relativamente vagos, confieren escasas atribuciones y no incluyen expresamente la acción judicial” en relación con los derechos sociales.
Según la Constitución de 1980, los derechos sociales no son una cuestión de servicio público, sino que son bienes comercializables a los que sólo pueden acceder quienes se los pueden permitir. Y la asequibilidad está distribuida de forma desigual como consecuencia de los altos niveles de desigualdad. A pesar del crecimiento económico de las últimas décadas, Chile tiene una de las tasas más altas de desigualdad de ingresos de la OCDE, tanto en términos de distribución de ingresos como de la riqueza, así como una de las tasas más bajas de gasto público.
Ya en 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomendó a Chile que “que garantice el reconocimiento integral y la protección jurídica necesaria de los derechos económicos, sociales y culturales” en una nueva Constitución, y asegurar “que el proceso de reforma constitucional previsto se realice de una forma transparente y participativa”.
Además de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, es importante para la democracia considerar los derechos sociales en el momento constitucional de Chile. La equidad de una constitución depende de la medida en que los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, estén consagrados en ella, con la debida responsabilidad de las autoridades públicas. Al mismo tiempo, la legitimidad democrática de una constitución depende de la medida en que se tengan en cuenta las opiniones de los más afectados por ella. En una democracia, sólo cuando la participación es abierta, transparente y significativa, los ciudadanos tienen motivos para considerar un acuerdo constitucional como propio, incluso cuando no estén necesariamente de acuerdo con todo lo que dice.
Para hacer justicia a un objetivo tan ambicioso, el proceso chileno no debe dejar a nadie atrás. Esta es una ocasión histórica para defender los derechos sociales. Una responsabilidad clave es escuchar con atención a los más afectados por las políticas públicas, por las decisiones de las autoridades y por sus omisiones.
Ese es precisamente el inmenso desafío y la oportunidad que enfrenta Chile en este momento. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex (Reino Unido), la Universidad de Concepción (Chile) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (IG-ESCR) han unido sus fuerzas en este momento histórico de esperanza y responsabilidad cívica para aportar pruebas y análisis a la convención constitucional.
Al mismo tiempo, la legitimidad democrática de una constitución depende de la medida en que se tengan en cuenta las opiniones de los más afectados por ella.
Los tres socios han reunido a cincuenta académicos y profesionales, la mitad de ellos chilenos y la otra mitad de un amplio abanico de países, como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Inglaterra, Irlanda, México, Escocia, Sudáfrica y Estados Unidos. Juntos, son los autores de un nuevo libro, de acceso gratuito en línea en español, que examina diferentes modelos de reconocimiento de los derechos sociales. En más de treinta capítulos, los aportes incluyen estudios jurídicos y multidisciplinares sobre los fundamentos teóricos de los derechos humanos, el papel del poder judicial y otros órganos de rendición de cuentas, el contenido de los derechos (seguridad social, trabajo, salud, vivienda, educación, agua y saneamiento, y el derecho a un medio ambiente sano), la necesaria protección de los grupos con mayor riesgo de sufrir daños, desventajas y discriminación (indígenas, personas con discapacidad, mujeres, niños y personas mayores), y las lecciones aprendidas de otros procesos constitucionales en el mundo (en particular, Brasil, Colombia y Sudáfrica). Además de las perspectivas internacionales y comparativas, el libro también examina lo que puede significar la constitucionalización de los derechos sociales en el ordenamiento jurídico de Chile.
La mayoría del pueblo chileno está presionando por un nuevo marco constitucional que pueda hacer realidad todos los derechos humanos, incluidos los sociales, para todos. El desafío va más allá de la mera arquitectura de las instituciones públicas y de la formulación técnico-jurídica de los derechos. Se trata de una oportunidad para revisar los cimientos sobre los que se construye la sociedad chilena, el tipo de país y el tipo de futuro que merecen los chilenos.