En 2014, el Tribunal Supremo de la India dictó la histórica sentencia de la Autoridad Nacional de Servicios Legales (NALSA), que otorgaba a las personas transgénero la condición jurídica de "tercer género" y el derecho a autodeterminar su identidad de género. El tribunal sostuvo que la discriminación basada en el género viola los derechos constitucionalmente garantizados a la igualdad, la autonomía y la dignidad, ratificando así los derechos fundamentales de las personas transgénero y ampliando el ámbito de la discriminación positiva para incluirlas.
Sin embargo, los logros legales alcanzados a través de la sentencia fueron atacados con la aprobación de la Ley de Personas Transgénero (Protección de Derechos) (TPPR) por el Parlamento indio en 2019. Aunque la TPPR se posiciona como una ley emancipadora, adopta un enfoque anticuado del género, exigiendo a los candidatos que presenten un informe "médico detallado" a un comité de distrito antes de que se puedan validar sus reclamaciones de estatus legal.
Al obstaculizar el acceso de las personas transgénero a la categoría legal mediante la vigilancia médica y vital, la ley niega su derecho a la autodeterminación y, en consecuencia, su derecho a la plena ciudadanía. Y lo que es más importante, la ley criminaliza la práctica religiosa del badhai (recogida de limosnas) al confundirla con el acto secular de "mendigar". Dado que un amplio sector de la comunidad depende del badhai para su subsistencia y expresión cultural, el TPPR supone una amenaza no sólo para sus perspectivas económicas, sino también para su propia existencia.
Aunque las repercusiones del TPPR sobre las personas transgénero son evidentes y, por tanto, están bien documentadas, es necesario estudiar más a fondo las formas en que las leyes de ciudadanía más amplias actúan sobre las subjetividades transgénero.
Derogación del artículo 370 de la Constitución de la India
El artículo 370 de la Constitución india era un conjunto de "disposiciones temporales, transitorias y especiales" que conferían a Jammu y Cachemira su estatus especial y el derecho a autogobernarse y a determinar hasta qué punto deseaba aplicar la Constitución india a la región. La Asamblea Constituyente de Jammu y Cachemira se reservó el derecho de revocar el artículo, pero finalmente nunca hizo uso de él. Como resultado, la comunidad jurídica consideró que el artículo 370 había alcanzado un estatus permanente en la Constitución india, especialmente tras la orden presidencial de 1954, que concedió a la región el estatus de estado. En agosto de 2019, el Gobierno en funciones del Partido Bharatiya Janata (BJP) anuló la orden de 1954 y derogó el artículo 370, con lo que todas las disposiciones de la Constitución india pasaron a ser aplicables a Jammu y Cachemira. Tras el anuncio de la derogación se impuso el toque de queda, se bloquearon las líneas de comunicación -lo que algunos consideran "apartheid digital"-, se desplegaron tropas y se detuvo y encarceló extrajudicialmente a cachemires.
Los transexuales cachemires se enfrentan a retos únicos derivados de su doble marginación (musulmanes y no conformistas de género); a menudo carecen de apoyo familiar y dependen de Internet para tener una red de apoyo y hogares seguros. Así pues, aunque todos los cachemires se vieron afectados por estas medidas opresivas, los transexuales salieron peor parados en un momento en el que se les exigía permanecer dentro de los confines de su hogar.
Políticos y comentaristas de derechas aclamaron la TPPR como un paso adelante para liberar a los transexuales de las garras de un Estado regresivo y llevarlos al redil de una nueva India favorable al colectivo LGBTQA+, incluso cuando las amenazas de violencia se cernían sobre los transexuales cachemires. La decisión se promocionó como un "respiro para las personas LGBT" y uno de los "dos grandes saltos" para la comunidad LGBTQIA de la India en el plazo de un año, además de recibir el respaldo de la Queer Hindu Alliance (Alianza Hindú Queer), pero cualquiera que se manifestara en contra fue tachado sumariamente de homófobo y transfóbico. La tendencia del actual gobierno a utilizar los derechos de los transexuales como cebo para promover intereses mayoritarios hinduistas es un caso clásico de “pinkwashing” que desvía la atención de las necesidades de bienestar y los derechos humanos y de ciudadanía de los transexuales cachemires.
El Registro Nacional de Ciudadanos y la Ley de Enmienda de la Ciudadanía
Una vez revocado el estatus especial de Jammu y Cachemira y resuelta una cuestión decididamente mayoritaria, el gobierno procedió a tomar disposiciones para proteger a los grupos perseguidos de sus países vecinos mediante la aprobación de la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA) en diciembre de 2019. La CAA proporcionó una vía acelerada a la ciudadanía india para las minorías perseguidas hindúes, sijs, cristianas, budistas, jainistas y parsi que llegaron a India antes de finales de diciembre de 2014, omitiendo convenientemente a las minorías musulmanas de esa lista. Otra legislación, el Registro Nacional de Ciudadanos (NRC, por sus siglas en inglés), fue introducida por el gobierno indio en 2003, pero no entró en vigor hasta 2018 bajo el BJP. Se introdujo en el estado nororiental de Assam, fronterizo con Bangladesh, con la intención de aislar y expulsar a los inmigrantes indocumentados según la Ley de Ciudadanía de 1955. Solo en 2018, el gobierno clasificó a casi 33 millones de personas como residentes ilegales en el país, convirtiéndolas en apátridas. Se espera que el CAA trabaje en tándem con el NRC; en consecuencia, deben entenderse como una unidad, incluso cuando el gobierno continúa negando cualquier vínculo entre ellos.
Es importante reconocer el componente de género del complejo CAA-NRC. Por ejemplo, unas 2.000 personas transgénero fueron excluidas de la base de datos del NRC en Assam, lo que las puso en peligro directo de detención y privación de ciudadanía. Las personas transgénero -que encarnan una triple marginación basada en sus identidades religiosa, étnica y de género- se enfrentan a una serie de retos únicos cuando intentan establecer su linaje indio. Muchos están alejados de sus familias y han perdido el acceso a los documentos que establecen su linaje. Los que intentan restablecer el contacto familiar para obtener sus documentos a menudo no reciben la ayuda que necesitan y, en ocasiones, sufren violencia a manos de su familia. En algunos casos, las familias actúan de forma vengativa, destruyendo los documentos de identidad del familiar transexual para impedir que abandone su hogar.
Los que superan con éxito estos retos deben enfrentarse al obstáculo burocrático de corregir los documentos antiguos en los que figuran sus nombres de pila y los marcadores de sexo anteriores para que reflejen sus identidades actuales. Al imponer la carga de demostrar la ciudadanía a las personas transgénero, el Estado no tiene en cuenta no sólo su limitada capacidad jurídica para presentar un caso ante los tribunales, sino también las formas en que las vidas trans eluden las categorizaciones burocráticas.
La amenaza de la derecha a la protección jurídica en la India
Con el ascenso de la ideología de derechas en la política y la vida pública de la India, los proyectos modernos de ciudadanía como el CAA y la reunificación de Cachemira se basan cada vez más en la ansiedad de la gente en torno a la preservación cultural y la seguridad nacional. Las personas con identidades minoritarias, como los musulmanes, los transexuales y otros grupos religiosos y étnicos cuya existencia supone un desafío para la familia heteropatriarcal hindú -piedra angular de la nación hindú-, se han convertido en los principales objetivos de estos proyectos.
Cuando el BJP revocó el estatuto especial de Jammu y Cachemira, destacados miembros del partido cooptaron rápidamente a grupos feministas y LGBTQA+ en un intento de combatir la imagen austera del partido. Así, con una base de apoyo más amplia, el BJP pudo presentar la medida como un "respiro" para las personas LGBTQA+, aun cuando la mordaza de comunicación y el toque de queda que la acompañaron bloquearon sus redes de apoyo y las pusieron en riesgo de violencia.
Las leyes contemporáneas relativas a la ciudadanía de los grupos minoritarios, incluidas las personas transgénero, no reconocen la tensa relación que estos grupos pueden tener con los organismos burocráticos. Al igual que el TRRP, el CAA vuelve a pedir a las personas transgénero que presenten una gran cantidad de documentación para verificar su identidad y vincularla a su vida anterior. Una vez más, la ley convierte a la burocracia en un arma para restringir los derechos y la ciudadanía de los transexuales y excluir potencialmente a grupos de personas del cuerpo político del país.