Conforme termina la presidencia de Trump en los EE. UU., surgen nuevas oportunidades para lidiar con los efectos del populismo sobre los derechos humanos en el mundo. Para ello, es posible derivar algunas lecciones de los ensayos del nuevo libro que edité, Human Rights and Populism: Challenges and Responses (Los derechos humanos y el populismo: retos y respuestas), publicado este año por Cambridge University Press.
El populismo es un término controvertido en la política y la ciencia política, y el fenómeno se manifiesta de maneras diferentes en países diferentes. Donald Trump ha tipificado la versión derechista del populismo “ideacional” y excluyente, al afirmar que expresa la voluntad de la “gente real”, al vilipendiar a las élites y los grupos marginales que protegen y al tratar de gobernar sin restricciones. Una vez que llegan al poder, los populistas ideacionales de izquierda y derecha ponen en riesgo los derechos humanos de sus propios ciudadanos y amenazan el sistema internacional para la protección de los derechos humanos en todo el mundo.
Como enfatizan los estudios del libro, las causas del populismo varían según el país y el periodo. Algunos factores tienen que ver con los gobiernos que no velan por los derechos humanos —ya sea económico-sociales o político-civiles— de sus ciudadanos. Otros factores se relacionan con la reacción cultural en contra de la mejora de los derechos humanos de otros grupos, como las minorías raciales y las mujeres.
Algunos gobiernos populistas miran hacia adentro, mientras que otros tratan de difundir el populismo ayudando a populistas de ideas afines en otros países, como hizo Hugo Chávez en la izquierda y como han hecho Viktor Orbán y Trump en la derecha. Los gobiernos populistas pueden retirarse de un mecanismo de derechos humanos para eludir su escrutinio, o quedarse en el sistema y esforzarse por debilitarlo. A menudo, se alían con Estados completamente autoritarios que suponen una amenaza aún mayor para los derechos humanos.
Los gobiernos populistas pueden retirarse de un mecanismo de derechos humanos para eludir su escrutinio, o quedarse en el sistema y esforzarse por debilitarlo.
Los órganos internacionales de derechos humanos y los defensores internacionales de los derechos humanos no pueden resolver el problema del populismo, pero pueden ayudar a los actores locales a resistirse a su atractivo y superarlo. El “populismo” es un término demasiado controvertido para que las instituciones internacionales lo identifiquen como un agravio jurídico. En cambio, deben centrarse en las condiciones que alimentan el populismo —como la inseguridad económica y los servicios gubernamentales inadecuados— y las violaciones características que cometen los populistas, entre ellas, la manipulación de los sistemas electorales, el debilitamiento del sistema de equilibrio de poderes, la opresión de las minorías y los ataques a la sociedad civil. Los actores internacionales pueden dar fe y decir la verdad.
En última instancia, los actores locales —defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos y movimientos sociales— deben ganar el conflicto de ideas a nivel nacional. Los críticos locales tienen a su disposición discursos locales que pueden usar para convencer a la opinión pública, en lugar (o además) del discurso internacional de los derechos humanos más neutral y generalizado. En tiempos de dominio populista, los derechos y los valores nacionales pueden constituir la base de marcos más persuasivos para un público más amplio.
Con suerte, estas lecciones generales se podrán aplicar una vez que el presidente Biden tome posesión de su cargo en los Estados Unidos, aunque esto suceda en medio de una pandemia en una sociedad dividida y con un gobierno dividido. La nueva administración querrá restaurar el pluralismo democrático y un objetivo común a nivel nacional. Las crisis en materia económica y de salud pública exigirán que se preste atención a los derechos económicos y sociales, en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Es probable que la nueva administración vuelva a las formas anteriores de colaboración multilateral, que tanta falta han hecho.
La mejor manera de regresar al estado de derecho y fortificar la democracia en los Estados Unidos será volver a enfatizar los valores democráticos e igualitarios del país, y reivindicar la veracidad después de cuatro años de fraude trumpiano. Los EE. UU. tendrán que ser sinceros en el futuro y completamente transparentes con respecto a las acciones del régimen anterior y sus consecuencias. Aunque puede ser útil mostrar cómo la regresión ha socavado el respeto y la influencia de los EE. UU. en el mundo, es poco probable que el discurso internacional sobre los derechos humanos y las críticas externas modifiquen las opiniones de los votantes bajo el influjo de un nacionalismo agresivo.
Los EE. UU. tendrán que ser sinceros en el futuro y completamente transparentes con respecto a las acciones del régimen anterior y sus consecuencias.
La administración saliente parece empeñada en utilizar sus últimas semanas para perpetuar los daños a las instituciones nacionales e internacionales. La nueva administración tendrá que elegir prioridades para sus primeros esfuerzos por limitar la persistencia de los daños. En el ámbito internacional, un imperativo inicial para el Departamento de Estado rescatado debe ser repudiar el notorio informe de la llamada “Comisión de Derechos Inalienables”. El Departamento de Estado de Trump ha estado difundiendo este informe en varios idiomas en las Naciones Unidas y otros canales. Se trata de un documento despectivo y hostil hacia los sistemas actuales de derecho internacional de los derechos humanos, y anima a este país y a otros a utilizar los principios de derechos humanos de forma egoísta e instrumental. Un caso en curso en el que se impugne la legalidad del establecimiento de la Comisión podría brindar al gobierno estadounidense una rápida oportunidad de resolver el litigio y denegar la condición oficial del organismo y sus resultados.
Una cuestión más difícil es la de la “Alianza Internacional por la Libertad Religiosa” que puso en marcha el Departamento de Estado de Trump, en la que destaca la participación de gobiernos populistas de derecha, como Hungría y Polonia, que tratan de obtener legitimidad al elevar los intereses de su propia mayoría religiosa. La nueva administración podría disolver la alianza, dejar de financiarla o abandonarla. Otra posibilidad sería tratar de ampliar la alianza y redirigirla hacia un enfoque convencional sobre los derechos humanos, que respete por igual los derechos de todos los creyentes y los derechos a la libertad sexual y reproductiva que el Departamento de Estado de Trump ha tratado de subordinar a las objeciones religiosas. Una vez reconfigurada, la alianza podría apoyar la labor de las instituciones de derechos humanos existentes en lugar de tratar de debilitarlas o reemplazarlas. A nivel nacional, ese esfuerzo también podría hacer que algunos grupos religiosos regresen a los valores compartidos y se alejen de las divisiones populistas.
Es probable que recuperarse del gobierno populista no sea ni rápido ni fácil, tanto en los Estados Unidos como en otros países. Prestar atención al rumbo comparativo del populismo y al contexto internacional debería contribuir a orientar los esfuerzos.