Roman Pilipey/EFE
Hong Kong atraviesa una crisis política profunda, y en el núcleo de esta crisis hay una batalla por los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. En junio de 2019, dos millones de ciudadanos de Hong Kong (una cuarta parte de la población) se manifestaron pacíficamente contra un proyecto de ley que habría legalizado la extradición de presuntos delincuentes al notorio sistema de justicia penal de la República Popular China. Aunque el gobierno de Hong Kong retiró el proyecto de ley a finales de octubre, no se vislumbró el final de las manifestaciones. El surgimiento del coronavirus cambió esto: las medidas tomados por el gobierno sumado a la creciente preocupación de los ciudadanos ha disminuido sustancialmente las actividades de los manifestantes. Las protestas actuales se basan en el frustrado Movimiento de los Paraguas de 2014, que tenía como objetivo lograr una democratización gradual de Hong Kong. Es muy poco probable que haya concesiones en este frente, a pesar de que el tratado de 1984 entre China y el Reino Unido prometía la democratización y de que la Ley Básica de Hong Kong se promulgó sobre esa base.
Si bien el sistema de Hong Kong es esencialmente liberal, está subordinado al partido-Estado autoritario de China. Antes de que el Reino Unido entregara Hong Kong a China, Beijing prometió un principio de “un país, dos sistemas”. Sin embargo, ese principio ahora se ve amenazado. Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista de China, está decidido a no perder el control político sobre Hong Kong. Perderlo supondría una amenaza para su permanencia en el poder, y él hará cualquier cosa para evitarlo. El 14 de noviembre de 2019, indicó que la continuación del principio de “un país, dos sistemas” no estaba garantizada y sostuvo que los manifestantes eran quienes lo debilitaban. ¿Hasta dónde llegará Xi para asegurar su control sobre Hong Kong?
En los meses transcurridos desde que comenzaron las manifestaciones, la policía de Hong Kong ha hecho un uso excesivo de la fuerza en repetidas ocasiones, mientras que los jóvenes manifestantes —que actúan sin una organización visible— han desarrollado un repertorio de protestas cada vez más flexible e impredecible. En noviembre pasado, se produjo una escalada de la violencia y la Universidad Politécnica de Hong Kong sufrió un asedio total. Los intentos de aliviar la tensión se vieron obstaculizados por la falta de liderazgo en el movimiento de protesta, la ausencia de estructuras democráticas y las limitadas facultades reales de decisión del gobierno de Hong Kong. El ala política prodemocrática obtuvo una victoria aplastante el 24 de noviembre, lo que confirmó la enorme falta de popularidad de la administración de Carrie Lam y la China continental. Aunque, dado el papel tan limitado de los consejos de distrito, no se ha modificado el equilibrio real de poder.
De acuerdo con la Ley Básica, el gobierno de Hong Kong, bajo el control de Beijing, podría “solicitar” asistencia de la policía paramilitar del continente. Beijing incluso podría ordenar al Ejército Popular de Liberación —el cual ya estaba participando en operaciones de limpieza— que aplaste las protestas en Hong Kong. Los observadores críticos temen que se haya tomado la decisión deliberada de permitir que Hong Kong “arda” a fin de justificar una represión violenta. Aun así, las autoridades centrales chinas preferirían formas más encubiertas de represión política que resultan mucho más difíciles de rastrear para las organizaciones internacionales de derechos humanos.
¿Quién puede hacer cumplir esas reglas?
Otra posibilidad sería la declaración de un estado de emergencia. Esto supondría el riesgo de una desintegración del preciado estado de derecho de la ciudad mediante una aplicación temporal de las leyes continentales “pertinentes”, lo que daría lugar a una mayor reducción del espacio para la sociedad civil de Hong Kong. Las autoridades centrales ya están presionando a Hong Kong para que introduzca una nueva ley de “seguridad nacional” de conformidad con el Artículo 23 de la Ley Básica, la cual podría debilitar los derechos humanos, como también podría hacerlo un uso problemático de la legislación de emergencia de la era colonial. Todas estas posibles situaciones conciernen a las obligaciones de Hong Kong en virtud de las leyes que incorporan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El PIDCP establece límites importantes a las restricciones de derechos humanos durante las emergencias e impone requisitos estrictos para la proclamación de un estado de emergencia. Es preciso respetarlo. Pero ¿quién puede hacer cumplir esas reglas?
El poder judicial de Hong Kong sigue tomando decisiones importantes, incluida la decisión del Tribunal Superior sobre la inconstitucionalidad de la prohibición del uso de máscaras. Después de que se celebraron audiencias de apelación en enero de 2020, aún está pendiente la adopción de una decisión sobre el caso. Pero la cuestión más amplia de si los tribunales de Hong Kong pueden limitar o no la erosión de los derechos fundamentales aún es muy incierta. En lo que constituye una reacción muy preocupante a la decisión del Tribunal Superior, la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional opinó en noviembre pasado que “solo el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional puede juzgar y decidir si las leyes creadas por la Región Administrativa Especial se apegan a los estándares establecidos en la Ley Básica de Hong Kong. Ningún otro organismo tiene la autoridad para hacer un juicio y tomar una decisión”. Al parecer, las autoridades centrales en Beijing están tratando de despojar al poder judicial de Hong Kong, hasta ahora autónomo, de la facultad de interpretar la Ley Básica de Hong Kong. Esto entra en franca contradicción con el artículo 158 de la Ley Básica y con la jurisprudencia sobre esta disposición, la cual puede decirse que ha reducido, pero ciertamente no aniquilado, las facultades de interpretación del Tribunal Superior.
Al parecer, las autoridades centrales en Beijing están tratando de despojar al poder judicial de Hong Kong, hasta ahora autónomo, de la facultad de interpretar la Ley Básica de Hong Kong.
El movimiento de protesta defenderá su caso ante los tribunales cuando se vea obligado a hacerlo, como en los juicios de los manifestantes del movimiento “Occupy”, la próxima audiencia de apelación de uno de ellos, Benny Tai, y los próximos juicios de algunas de las personas que participaron en las protestas de 2019. Pero hace tiempo que perdió la esperanza de que el estado de derecho en Hong Kong pueda protegerse solo con medios judiciales. Al llevar su resistencia contra la usurpación de los derechos a las calles, los manifestantes de Hong Kong aumentaron la importancia política para todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos de otros países. Sus solicitudes de apoyo a los países democráticos dieron lugar a la aprobación en EE. UU. de la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, pero aparte de eso aún no reciben respuesta. Hasta ahora, la Unión Europea (UE) ha evitado expresar una postura clara a favor de los manifestantes pacíficos y su exigencia de democracia, aunque Joseph Borell, alto representante de la UE, al menos enfatizó las implicaciones de la crisis para los derechos humanos durante su visita en diciembre pasado. Además, la UE está trabajando en una “Ley Magnitsky” que le permitiría imponer prohibiciones de viaje y otras sanciones a los funcionarios hongkoneses. No es claro cúal es la influencia que puede tener el coronavirus en estas propuestas.
La experiencia de Hong Kong nos aporta dos lecciones generales:
En primer lugar, debemos reafirmar el carácter político de los derechos humanos y el vínculo intrínseco entre los derechos humanos y la democracia. Las protecciones jurídicas son importantes y muchas veces ayudan a los defensores de derechos humanos, pero no son suficientes cuando los oponentes de los derechos humanos toman el control de los tribunales. Los activistas de derechos humanos de todas partes del mundo deben vigilar y tratar de anticipar los cambios en la dinámica política, así como aumentar su repertorio táctico para complementar la defensa jurídica con otras formas de activismo.
En segundo lugar, la creciente influencia internacional de China plantea serias preocupaciones para todas las personas que valoran los derechos humanos. El alcance del partido-Estado llega mucho más allá de Hong Kong, como ilustra el caso reciente de un estudiante chino de la Universidad de Minnesota que fue encarcelado por los tuits que publicó mientras estaba en los EE. UU. Desde la academia y el activismo de derechos humanos, debemos hacer un mayor esfuerzo por investigar el alcance neototalitario y cada vez más global del partido-Estado chino y exponer sus transgresiones de la ley, así como mejorar nuestra comprensión del activismo de derechos humanos, la protesta política y el derecho a la resistencia.