Ailton Krenak, líder indígena, habla de los efectos de la tragedia minera de Mariana en el pueblo Krenak en Brasil.
Sebastião Moreira/EFE.
Las actividades empresariales pueden tener una gran variedad de impactos en los derechos humanos —desde las condiciones laborales de las trabajadoras en las cadenas de suministro y el uso de la tierra por parte de las empresas que restringen el acceso de los pueblos indígenas a los recursos naturales, hasta los efectos de la reglamentación de la inversión y el comercio sobre la agricultura y los pequeños agricultores.
En 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, lo que reforzó la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Desde entonces, la evaluación del impacto en los derechos humanos (HRIA, por sus siglas en inglés) —un proceso con base empírica para identificar y afrontar los impactos negativos de las actividades empresariales para las personas— ha ganado fuerza como una de las principales herramientas a disposición de los actores empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil para contribuir al cumplimiento de esta responsabilidad.
Sin embargo, la práctica actual de la HRIA se caracteriza por diferencias enormes en los enfoques, los estándares aplicados y, en última instancia, la eficacia de las evaluaciones. Como lo señalan las diversas colaboraciones en el Handbook on Human Rights Impact Assessment (Manual sobre la evaluación del impacto en los derechos humanos) recién publicado, en el que se examina la situación actual de la HRIA en materia de empresas y derechos humanos, no debemos suponer que estas evaluaciones contribuyen automáticamente a una mayor rendición de cuentas empresarial. En cambio, es preciso hacer preguntas críticas para garantizar que la HRIA beneficie a quienes se supone que debe beneficiar en última instancia: los titulares de derechos que se ven perjudicados por las actividades empresariales.
Desafíos críticos para la práctica de la HRIA: participación, rendición de cuentas y adaptación a las industrias
Aunque hay una considerable diversidad en los enfoques actuales sobre la HRIA, en la práctica se presentan problemas comunes que deben abordarse con atención para garantizar que estas evaluaciones contribuyan significativamente al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, sobre todo a medida que las empresas dependen cada vez más de la HRIA y las nuevas leyes y reglamentos comienzan a estandarizar las expectativas sobre esta herramienta.
Un desafío central tiene que ver con la participación. Una buena práctica de HRIA debe buscar la participación activa de los titulares de derechos afectados por las actividades empresariales en la configuración de los objetivos, procesos y resultados de la evaluación. Sin embargo, se han observado deficiencias frecuentes en la práctica debido a una asignación insuficiente de tiempo y presupuesto para las evaluaciones, a equipos de evaluación que no cuentan con las habilidades adecuadas o a las dificultades para llegar a los titulares de derechos pertinentes. A este respecto, hay oportunidades claras para que las HRIA por encargo de las empresas aprendan de los enfoques basados en la comunidad.
No debemos suponer que estas evaluaciones contribuyen automáticamente a una mayor rendición de cuentas empresarial.
Las evaluaciones por encargo de las empresas se realizan en nombre de las empresas, como parte de su diligencia debida de derechos humanos; en cambio, las evaluaciones basadas en la comunidad son iniciadas y dirigidas por la sociedad civil en nombre de las comunidades afectadas. Las metodologías de evaluación con base en la comunidad suelen dar mayor énfasis a la participación, como un aspecto central de las evaluaciones. Por consiguiente, puede ser útil que las evaluaciones por encargo de las empresas se inspiren en los métodos y herramientas particulares utilizados en las HRIA basadas en la comunidad, a fin de fomentar la participación de los titulares de derechos. También se podría explorar, como un posible camino a seguir, un enfoque colaborativo que contemple a la comunidad y la empresa trabajando juntas en la HRIA desde el principio.
Un segundo desafío tiene que ver con la rendición de cuentas. Se ha observado un factor común clave en distintos enfoques sobre la HRIA: la capacidad limitada para obligar a que tomen medidas a los diferentes titulares de obligaciones (p. ej., actores gubernamentales o empresariales) responsables de afrontar los impactos adversos en los derechos humanos. Por ejemplo, las evaluaciones por encargo de las empresas siguen siendo una actividad mayormente voluntaria y las posibilidades de obligar a las empresas a realizar esas evaluaciones y a actuar en función de los resultados todavía suelen depender de su buena voluntad.
Por otra parte, en el caso de las evaluaciones basadas en la comunidad, es posible que la aplicación de las recomendaciones dirigidas a las empresas y los gobiernos se vea obstaculizada cuando estos titulares de obligaciones no están muy comprometidos con la evaluación. Sin embargo, hay posibles soluciones. Por ejemplo, las novedades legislativas y reglamentarias, como la reglamentación emergente sobre la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos, las formas contemporáneas de esclavitud y la presentación de informes no financieros, están generando expectativas sobre la conducta de los titulares de obligaciones que podrían utilizarse para armonizar las normas de la práctica de la HRIA y para reforzar su exigibilidad.
Un tercer desafío es que, para ser significativa y eficaz, la HRIA debe ser capaz de responder y adaptarse a diferentes contextos industriales. Gran parte de la práctica de la HRIA se originó en industrias que trabajan con base en proyectos, evaluando, por ejemplo, los impactos de un yacimiento minero, plantación agrícola o fábrica específicos. Por tanto, es preciso reflexionar más sobre cómo adaptar las metodologías de HRIA para que puedan aplicarse de manera significativa a actividades empresariales caracterizadas por realidades operativas distintas, como las cadenas de suministro complejas de los sectores de alimentos y bebidas y prendas de vestir, o el amplio alcance geográfico de los sectores de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el turismo. La HRIA tiene el potencial de identificar problemas específicos en situaciones específicas y desarrollar medidas concretas para hacerles frente. Sin embargo, quienes trabajan con HRIA también deben analizar con cuidado qué es lo que pueden y no pueden lograr estas evaluaciones en términos de afrontar las deficiencias de derechos humanos que caracterizan a ciertos modelos económicos y de negocio y reconocer que la promoción de cambios más sistémicos requiere intervenciones que vayan más allá de cualquier HRIA individual.
A fin de promover cambios más sistémicos, puede ser útil aplicar enfoques sectoriales que tengan en cuenta los impactos acumulativos, así como el marco legislativo y reglamentario de un sector empresarial en su conjunto. Las HRIA de los acuerdos de comercio —evaluaciones que se centran en el cumplimiento en materia de derechos humanos de los procesos de negociación y el contenido de los acuerdos de comercio— también pueden ser útiles para esto, siempre que dichas evaluaciones estén suficientemente basadas en los derechos y sean dinámicas, y que se apliquen las recomendaciones asociadas.
Direcciones futuras de la HRIA
Dado que la HRIA es una práctica emergente, se necesitan observaciones críticas para identificar y afrontar las deficiencias y para impulsar la teoría y la práctica. Al mismo tiempo, es útil reflexionar sobre los aspectos de la práctica de la HRIA que demuestran claramente el valor agregado de esta metodología para fomentar una conducta empresarial responsable. Por ejemplo, cuando se implementa de forma adecuada, la HRIA puede potenciar la capacidad de los titulares de derechos para entender y reivindicar sus derechos; capacitar a las empresas para que entiendan y afronten los impactos en los derechos humanos en el contexto de proyectos específicos, así como transferir dicho conocimiento a través de la empresa y, quizás, de la industria; contribuir a reformar la gobernanza en todo un sector al aportar información para los cambios legislativos y reglamentarios; y explicitar las dimensiones de derechos humanos del contenido y las negociaciones de los tratados de comercio y así facilitar una mejor toma de decisiones para configurar normas comerciales que creen entornos propicios para la efectividad de los derechos humanos.