Hace casi un año, la Organización de las Naciones Unidas definió los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un ambicioso plan para que los gobiernos y los financieros utilizaran sus recursos y su poder político para acabar con la pobreza, el hambre y las enfermedades.
Pero el éxito (o fracaso) de este esfuerzo no dependerá solamente de los grandes actores habituales. Las personas y las organizaciones civiles que ayudarán a diseñar, llevar a cabo y supervisar los proyectos de desarrollo de los que depende todo el sistema son mucho más importantes que los gobiernos y los donantes internacionales. Sin sociedades civiles dinámicas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no llegarán a ninguna parte.
Los individuos y las comunidades destinadas a beneficiarse del desarrollo son los que mejor saben cuáles son sus necesidades y cómo se pueden satisfacer. Y los activistas y los grupos de la sociedad civil son los que pueden asegurarse de que los recursos para el desarrollo lleguen a su destino previsto y alcancen sus objetivos. Será la cooperativa de mujeres en Senegal la que demuestre cómo diseñar un sistema de riego eficaz. Será el grupo comunitario en Bangladesh el que garantice que realmente se construyan las escuelas prometidas en el presupuesto público para la educación.
Pero todo el proyecto de desarrollo sostenible y participativo está en peligro. En todo el mundo, los grupos y activistas que trabajan para mejorar las propuestas de desarrollo, o alzan la voz sobre los problemas de los proyectos de infraestructura o energía, se ven amenazados, intimidados o incluso atacados violentamente cada vez con más frecuencia por los gobiernos, los inversionistas, las fuerzas de seguridad privada y otros actores que quieren evitar el escrutinio.
En el último mes, lamentamos el asesinato de dos mujeres activistas que se opusieron a proyectos de desarrollo de energía hidroeléctrica a los que percibían como una violación de los derechos de sus comunidades. Lesbia Yaneth Urquía era una dirigente de derechos indígenas e integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras que había hecho campaña en contra de la represa Aurora I en Honduras. En Brasil, Nilce de Souza Magalhães, líder del Movimento dos Atingidos por Barragens (Movimiento de Afectados por las Represas), luchó contra el desplazamiento forzado de su comunidad para dar paso a otra represa. Su cuerpo fue encontrado en el embalse de la represa.
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Indigenous activists protest the construction of a hydroelectric dam in the Amazon river basin. Development institutions like the World Bank often fail to incorporate the voices of local communities when planning and financing development projects.
Al mismo tiempo que los asesinatos de activistas ambientales y de derechos sobre la tierra alcanzan niveles sin precedentes, los gobiernos de todo el mundo promulgan leyes que dificultan cada vez más el funcionamiento de los grupos de la sociedad civil y su capacidad de expresar inquietudes. De acuerdo con la investigación de CIVICUS, el año 2015 fue testigo de graves violaciones de las libertades de expresión, asamblea y asociación en 109 países: El gobierno de la India canceló las licencias de más de 4,000 organizaciones cívicas conforme a nuevas leyes que limitan la recepción de fondos extranjeros. Una nueva ley en España limitó el derecho a reunirse o manifestarse cerca de los edificios legislativos. Se les exigió a las organizaciones de la sociedad civil en Camboya que se registraran con el gobierno. Durante un tiempo, Bangladesh prohibió completamente las manifestaciones en Dhaka, su capital.
Como he señalado en repetidas ocasiones durante mi trabajo como relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la sociedad civil es un actor esencial para el desarrollo sostenible. Cuando se restringen los derechos de las personas a reunirse y asociarse, ya sea debido a un clima de miedo o intimidación, o por leyes que reducen el financiamiento para los grupos independientes, no tenemos ninguna posibilidad de diseñar programas de desarrollo que realmente satisfagan las necesidades de las comunidades pobres. En este entorno de reducción acelerada de espacios para la participación pública, es crucial que los bancos de desarrollo y sus países miembros defiendan esa función.
Las propias investigaciones del Banco Mundial y otras instituciones financieras para el desarrollo indican la importancia de la participación pública para que los proyectos de desarrollo sean eficaces. Sin embargo, con demasiada frecuencia estas instituciones no garantizan el acceso básico a la información y la participación de las comunidades a las que afectan los proyectos. El mecanismo independiente de rendición de cuentas del Banco Mundial señaló recientemente a la consulta, la participación y la divulgación de información pobres o inexistentes como temas comunes en los casos de desplazamiento de comunidades. En una encuesta de 800 personas afectadas por proyectos de desarrollo en ocho países, el 88 % afirmó que no se le consultó durante la fase de planificación del proyecto. En los casos en los que el gobierno organizó consultas, el 67 % informó que una atmósfera de miedo evitó su participación plena.
La semana pasada, más de 150 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo entregaron una declaración a las principales instituciones financieras internacionales, pidiéndoles que apoyen un entorno favorable para la participación pública en el que la gente pueda tomar parte en la elaboración de sus propias agendas de desarrollo y llamar a cuentas a sus gobiernos, los donantes, las empresas y otros actores. La declaración destaca siete áreas de acción, que incluyen identificar y hacer frente a los posibles riesgos de derechos humanos y garantizar que se proteja de represalias a las personas que expresan sus inquietudes sobre los proyectos de desarrollo.
Los bancos siempre deben asegurarse de que se respeten los derechos humanos, especialmente los derechos fundamentales para el espacio cívico.
Los bancos tienen varias herramientas a su disposición para ayudar a impulsar esta agenda, como el diálogo con los gobiernos o el sector privado, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades y, por supuesto, el tipo más poderoso de influencia: el dinero. Cuando proporcionan fondos a los gobiernos o las empresas privadas para la implementación de proyectos de desarrollo, los bancos siempre deben asegurarse de que se respeten los derechos humanos, especialmente los derechos fundamentales para el espacio cívico: las libertades de reunión, asociación y expresión.
Cuando los gobiernos o desarrolladores privados tratan de restringir la participación en los proyectos de desarrollo o atacan a los activistas de derechos humanos, los bancos de desarrollo deben reaccionar con firmeza. Necesitan investigar el asunto, condenar públicamente a los actores involucrados, hacer uso de la diplomacia y tomar otras medidas necesarias para garantizar que el financiamiento actual y futuro de los bancos no contribuya a las violaciones de derechos humanos. En algunos casos, puede ser necesario detener el financiamiento hasta que se hagan mejoras.
El banco de desarrollo holandés, FMO, y su homólogo finlandés, Finnfund, recientemente suspendieron el financiamiento para la represa Agua Zarca en Honduras, después de que se relacionó a la empresa encargada de la construcción con el asesinato de la activista indígena Berta Cáceres, quien fue una vehemente opositora de la represa. Los movimientos sociales en Honduras piden el retiro definitivo de los bancos.
Muchos bancos de desarrollo han tomado medidas importantes durante los últimos años para mejorar la participación y la rendición de cuentas. El hecho de que la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial adoptara el requisito de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas cuando se realicen proyectos de desarrollo en sus tierras es un ejemplo de ello. Otro es el establecimiento de mecanismos de denuncia independientes en todos los grandes bancos multilaterales. Pero estas políticas y herramientas solo son eficaces en un entorno en el que las comunidades puedan buscar información, participar en la toma de decisiones o expresar sus quejas sin temer por su seguridad.
El desarrollo sostenible requiere que los bancos de desarrollo trabajen activamente en la promoción de un entorno propicio para la participación de la comunidad en sus actividades. Sin ello, los Objetivos de Desarrollo Sostenible seguirán siendo meras aspiraciones.
Este artículo se publicó originalmente en Foreign Policy.