La estrategia de respuesta a la eliminación de la covid-19 del gobierno neozelandés implicaba la aplicación de medidas agresivas para hacer frente al virus de forma “dura y temprana”. Aunque en un principio esta estrategia tuvo éxito, un estudio realizado por la Iniciativa de Medición de los Derechos Humanos (HRMI, por sus siglas en inglés) puso de manifiesto que, dado que el sistema sanitario neozelandés dio prioridad a la respuesta a la covid-19, no se atendieron de maner adecuada otras necesidades sanitarias y el acceso a la atención médica se retrasó de forma considerable. El sistema sanitario neozelandés no estaba preparado para una pandemia y es fácil ver por qué al observar un informe publicado hace poco que muestra que el derecho a la atención y protección sanitaria no ha mejorado en el país desde mucho antes de la pandemia.
En 2021, la HRMI, auspiciado por el instituto neozelandés de investigación económica Motu, se sumergió en el derecho a la atención y protección de la salud en Aotearoa —el nombre maorí de Nueva Zelanda— para medir si el gobierno neozelandés está tomando las medidas necesarias para cumplir sus promesas internacionales en materia de derechos humanos. Un artículo complementario en OpenGlobalRights muestra esta evaluación para el derecho a la vivienda adecuada en Aotearoa. Ambos artículos se basan en una investigación encargada por la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda.
Mediante la firma de tratados internacionales de derechos humanos, el gobierno de Nueva Zelanda ha prometido garantizar que todos los recursos disponibles se utilicen para mejorar el acceso de todos al derecho a la atención y protección de la salud a lo largo del tiempo. El gobierno también se ha comprometido a cumplir unas obligaciones básicas mínimas en relación con el derecho a la atención y la protección de la salud, que van desde garantizar el acceso a los centros de salud, a la vivienda básica y al agua potable, hasta el suministro de los alimentos mínimos esenciales para garantizar que no se padece hambre. Estas obligaciones ponen de manifiesto que todos los derechos económicos y sociales están interconectados.
El informe proporciona nuevas metodologías para medir si el gobierno está cumpliendo con cinco de sus promesas internacionales de derechos humanos para el derecho a la atención y protección de la salud. Estas metodologías son las mismas que las descritas en el artículo de OGR sobre la vivienda.
El gobierno neozelandés no cumple todas sus promesas en materia de derecho a la asistencia y protección sanitaria
El cuadro 1 muestra que, aunque la mayoría de los resultados sanitarios no han empeorado en Aotearoa, muchos resultados sanitarios no han mejorado con el tiempo para todas las personas.
De los 23 resultados del derecho a la salud que podemos seguir a lo largo del tiempo, catorce no han mejorado y siete se han deteriorado. En cuanto a la salud física, la tasa de mortalidad de menores de cinco años y la necesidad insatisfecha de atención dental no han mejorado, y la tasa de hospitalizaciones por fiebre reumática ha empeorado. En cuanto a las condiciones de salud subyacentes, la tasa de pobreza relativa de Aotearoa no ha mejorado y la financiación per cápita de los proveedores de salud maoríes, ajustada a la inflación, ha disminuido.
Los dos indicadores con mejores resultados se encuentran en la dimensión clave de la salud mental. La tasa de suicidio de Aotearoa y el porcentaje de personas que han sufrido violencia de pareja a lo largo de su vida han disminuido con el tiempo, lo que significa que los resultados en materia de derechos han mejorado.
Notas: Para la promesa de mejorar los resultados sanitarios a lo largo del tiempo, se cumple si la mayoría de los indicadores han mejorado con el tiempo, se concluye un fracaso si la mayoría de los indicadores se han deteriorado o se han mantenido constantes con el tiempo, y se concluye una evidencia mixta si los indicadores muestran resultados diferentes. En cuanto a la promesa de garantizar que los resultados sanitarios no se deterioren con el tiempo, se cumple si la mayoría de los indicadores permanecen al menos constantes a lo largo del tiempo, se concluye un fracaso si la mayoría de los indicadores se deterioran con el tiempo, y se concluye una evidencia mixta si los indicadores muestran resultados diferentes.
Además, de los 20 resultados sanitarios que podemos comparar entre subgrupos de población, diecisiete muestran incumplimientos de la promesa de no discriminación. El actual sistema de atención sanitaria de Nueva Zelanda dificulta la consecución de buenos resultados en materia de derecho a la salud para los maoríes y los pueblos del Pacífico, las personas discapacitadas, las mujeres, las personas con bajo nivel educativo y las que no tienen empleo.
Es necesario actuar con urgencia para mejorar los resultados sanitarios
Tras evaluar la actuación del gobierno neozelandés en relación con cada una de sus promesas en materia de derechos humanos, ahora tenemos un claro conocimiento de las muchas formas en que el gobierno ha permitido que su sistema sanitario se estanque. Podemos mostrarle al gobierno dónde es más urgente el cambio. Un buen punto de partida es abordar las necesidades insatisfechas de Aotearoa en materia de atención sanitaria primaria y dental, las elevadas tasas de pobreza relativa y los altos niveles de inseguridad alimentaria, de modo que se puedan prevenir más problemas de salud.
En general, el informe muestra que los derechos humanos no son sólo aspiraciones, sino que son compromisos internacionales cuyo desempeño puede evaluarse. Este tipo de investigación debe llevarse a cabo para pedir cuentas a los gobiernos y garantizar que los derechos humanos se tomen en serio.
Además, de los 20 resultados sanitarios que podemos comparar entre subgrupos de población, diecisiete muestran incumplimientos de la promesa de no discriminación.
Esto es especialmente importante durante la pandemia. La investigación de HRMI muestra que las medidas gubernamentales sobre la covid-19 suelen tener un impacto negativo en los derechos humanos, sobre todo entre quienes ya son vulnerables. De los 39 países encuestados, el 65,4% dijo que la covid-19 había afectado el disfrute del derecho a la salud de las personas. Si un país da prioridad a la mejora de la atención a la salud física y mental y a la protección contra las condiciones de salud subyacentes para todos, al tiempo que garantice que se eliminen las disparidades en el acceso a la atención sanitaria, estará en mejor posición para responder a la covid-19 y evitar más daños y violaciones de los derechos humanos.
¿Quiere saber cómo se comporta su país?
Otros países pueden utilizar las metodologías expuestas en el informe para medir de manera empírica si el gobierno está cumpliendo sus promesas en materia de derechos humanos. De este modo, más gobiernos pueden darse cuenta de sus fallos y reorientar sus estrategias políticas y recursos para mejorar de forma más eficiente los resultados en materia de derechos humanos para todos. Consulte el Rastreador de Derechos de HRMI para ver cómo cumple su país sus promesas en materia de derechos humanos, incluido el derecho a la atención y la protección de la salud. Consulte también el informe de derechos humanos durante la pandemia de HRMI para saber cómo la respuesta de su gobierno a la covid-19 ha afectado a los derechos humanos en su país.