Hace poco, los miembros de los órganos creados en virtud de tratados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recibieron la noticia de que, debido a los recortes presupuestarios, no podrían reunirse como suelen hacerlo para sus sesiones de otoño, las cuales serían canceladas. También se les informó a estos diez órganos de tratados que estaba previsto que los futuros presupuestos de la ONU les asignaran menos recursos, en lugar de darles recursos adicionales. Estos órganos, cuyos miembros se reúnen dos o tres veces al año, durante un total de alrededor de ocho a diez semanas, ya enfrentan importantes problemas en su trabajo para vigilar si los Estados están cumpliendo sus obligaciones adquiridas en los tratados. Apenas pueden mantenerse al tanto de los informes que rinden los Estados, a pesar de que el 80 % de estos informes llegan con retraso; si los Estados los presentaran a tiempo, los órganos de tratados se verían abrumados. Sin embargo, a lo largo de los años se ha manifestado una fría indiferencia ante sus peticiones de más recursos.
Al final, después de los arduos esfuerzos de la actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Secretario General de la ONU encontró los fondos necesarios para permitir que se celebren las sesiones de otoño de los órganos de tratados. Pero la amenaza de reducción de fondos en el largo plazo persiste, y no hay expectativas de que se asignen nuevos recursos para hacer frente a los rezagos actuales, los cuales no harán más que aumentar. Esta crisis, que se está gestando desde hace mucho tiempo, llega justo cuando la Asamblea General de la ONU tiene previsto examinar en 2020 la cuestión de la reforma del sistema de órganos de tratados. El último examen de este tipo concluyó en 2014, justo mientras terminaba mi mandato como Alta Comisionada. Se realizaron algunas reformas limitadas, destinadas a hacer el sistema más eficiente, pero se ignoraron en gran medida las propuestas que planteé para hacerlo más eficaz. No podemos permitir que eso suceda otra vez.
Los órganos de tratados sí marcan una diferencia, y podrían ser aún más eficaces si se adoptaran medidas para racionalizar y armonizar sus esfuerzos.
Los órganos de la ONU creados en virtud de tratados pueden parecer algo abstractos: expertos refugiados en salas de juntas, escudriñando informes jurídicos. Pero su escrutinio de los informes presentados por el Estado, sus opiniones sobre los casos individuales, así como la orientación general que proporcionan sobre la mejor manera de aplicar e interpretar los tratados de derechos humanos, tienen profundas consecuencias en el mundo real. El trabajo de los órganos de tratados ha dado pie a una reforma jurídica paulatina en docenas de países, ha ayudado a víctimas particulares en cientos de casos y ha persuadido a gobiernos de que implementen políticas a favor de los derechos humanos durante los últimos 40 años. Los derechos de las mujeres y los niños han avanzado considerablemente gracias al trabajo de los comités que vigilan el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. La prohibición de la tortura a nivel mundial, y un consenso cada vez más generalizado en contra de la pena de muerte, se han visto fortalecidos por el trabajo de los órganos de tratados. Asimismo, los derechos de los migrantes y de las personas con discapacidades han adquirido un mayor reconocimiento a través del trabajo de estos órganos, al igual que los derechos de las personas LGBTQI.
En mi gestión como Alta Comisionada, durante mis visitas a docenas de países e interacciones frecuentes con los gobiernos, observé el papel tan importante (muchas veces único, de hecho) que desempeñan los órganos de tratados en el fomento de las reformas en materia de derechos humanos. A medida que las Naciones Unidas, los gobiernos y los grupos de la sociedad civil adoptan cada vez más enfoques basados en los derechos con respecto al desarrollo y la lucha contra la pobreza, las recomendaciones que formulan los órganos de tratados para cada país ofrecen un modelo para guiar sus esfuerzos. También observé en muchas ocasiones que los grupos locales de derechos humanos recurrían a las recomendaciones y la orientación de los órganos de tratados de la ONU para dar más legitimidad y potencia a sus campañas de reforma.
Los órganos de tratados sí marcan una diferencia, y podrían ser aún más eficaces si se adoptaran medidas para racionalizar y armonizar sus esfuerzos, dar a conocer mejor su labor, establecer un contacto más directo con la sociedad civil y los reformadores de los gobiernos sobre el terreno y garantizar un seguimiento adecuado de las recomendaciones que formulan.
Se están negociando nuevos tratados de derechos humanos, ¿tan solo seguiremos creando nuevos órganos de vigilancia?
Hoy en día, existen diez órganos creados en virtud de tratados en la ONU y muchos Estados tienen la obligación (debido a su ratificación de varios tratados) de rendir informes periódicos ante varios de ellos. Existen importantes coincidencias, no solo en lo que deben informar los Estados, sino también en lo que podrían recomendar estos órganos en cuanto a las reformas. Se han puesto en práctica algunas medidas para agilizar la presentación de informes, pero se podría hacer mucho más. Los presidentes de los órganos de tratados anunciaron recientemente su nueva visión para “un sistema de vigilancia más sólido y simple”, lo que es un paso en la dirección correcta.
Hay varias ideas al respecto, incluida la creación de un solo órgano unificado, o la idea sugerida en mi propio informe de que todos los órganos de tratados pertinentes revisen el historial de cada Estado en un momento determinado y predecible. Simplemente no tiene sentido que un país tenga que rendir informes ante hasta diez comités de derechos humanos distintos de forma impredecible y descoordinada. Se están negociando nuevos tratados de derechos humanos, ¿tan solo seguiremos creando nuevos órganos de vigilancia? Esta superposición y duplicación de esfuerzos provoca acumulaciones de trabajo, y el sistema no está equipado para lidiar con aún más informes. Tiene que haber un mejor método.
Hoy en día, las sesiones de los órganos de tratados se transmiten por Internet, pero el impacto de su trabajo sería incluso mayor si dichas sesiones se pudieran llevar a cabo en los países sometidos a revisión, o al menos en la subregión correspondiente. Y sin recursos adicionales (ya sean fondos nuevos o los que se ahorren mediante la racionalización), los comités no podrán dedicar el tiempo necesario para hacer un seguimiento con los Estados sobre las recomendaciones formuladas anteriormente.
Los esfuerzos de reforma anteriores, incluido el que dirigí de 2012 a 2014, enfrentaron la oposición de algunos Estados y recibieron muy poco apoyo de muchos otros. Sin embargo, creo que es posible superar estos obstáculos. La propuesta de los presidentes de los órganos de tratados constituye un avance importante que necesita apoyo político. Si unos cuantos Estados asumieran un papel de liderazgo en este asunto, estoy segura de que muchos otros seguirían su ejemplo, junto con una coalición de la sociedad civil amplia y genuinamente global. Las ONG locales de muchos países tienen experiencia directa de la valiosa función que desempeñan los órganos de tratados y desean que sean más visibles y eficaces.
Además, no creo que la gran mayoría de los Estados que se han unido voluntariamente al sistema de revisión de los órganos de tratados quieran que fracase. El resultado de la reforma podría ser un sistema menos oneroso en términos de elaboración de informes y mejor capacitado para asesorar a los Estados sobre las reformas. Ese debería ser un resultado satisfactorio para todos.