Trabajadores del extinto Seguro Popular mantuvieron su plantón ante el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi), en Ciudad de México (México). Trabajadores del desaparecido Seguro Popular exigieron a las autoridades de salud mexicanas certeza sobre su situación laboral ya que tras la creación del Instituto para el Bienestar (Insabi) no fueron ni liquidados ni recontratados, según denunciaron. EFE/José Méndez
Desde el inicio de la pandemia de la covid-19, fue evidente que los gobiernos del mundo enfrentaban una difícil paradoja: para intentar proteger los derechos a la vida y la salud de millones de personas y evitar el colapso de sus sistemas de salud, tenían que implementar medidas severas de “distanciamiento social” que afectarían de manera masiva el ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
Una encuesta levantada en noviembre de 2020 en Jalisco, México, por investigadores del ITESO, Universidad Jesuita en Guadalajara, documentó esta situación. Los resultados llevan a la conclusión de que el ejercicio de los DESC en países con una infraestructura de seguridad social endeble e inoperante, como México, depende en gran medida del empleo y el ingreso. En estos contextos, no es la acción del Estado la que garantiza la vigencia de derechos, sino las acciones de las personas y sus redes de apoyo familiar y social.
A finales de marzo de 2020, el Gobierno de México estableció la suspensión de las actividades “no esenciales” en el país. Esta medida —la acción central de “distanciamiento social”— implicó el cierre de gran parte de la actividad económica. Casi 9 % de las personas que contribuyen a los ingresos de los hogares de Jalisco perdieron su empleo. Cerca de la mitad de ellas encontraron otro trabajo a partir del verano, cuando la economía comenzó a recuperarse, después de que las autoridades empezaron a levantar las restricciones a las actividades “no esenciales”. Otra cuarta parte se las ingenió para encontrar otra fuente de ingresos. Hacia noviembre de 2020, no obstante, cerca del 25 % de quienes perdieron su trabajo no habían encontrado otro ni una fuente de ingresos alternativa.
Los resultados llevan a la conclusión de que el ejercicio de los DESC en países con una infraestructura de seguridad social endeble e inoperante, como México, depende en gran medida del empleo y el ingreso.
Por su parte, las personas que mantuvieron su trabajo sufrieron recortes en el número de horas de trabajo: el 36,9 % trabajaron menos horas a la semana que antes de la pandemia y el confinamiento. La encuesta documenta que esto afectó más a las familias de menores ingresos de Jalisco.
Esta combinación de pérdida de empleo y reducción de horas trabajadas generó una dinámica que llevó a más de la mitad de las familias de Jalisco a perder, en promedio, el 43,2 % de su ingreso. Un número considerable de ellas perdieron más del 60 % de lo que solían recibir antes de la pandemia.
Las consecuencias de este proceso de pérdida de empleo e ingreso fueron muy costosas para la mayoría de los hogares de Jalisco, que enfrentaron severas dificultades para mantener el acceso a bienes y servicios relacionados con los DESC.
Estudiantes de más de 50 mil hogares, en particular de los más pobres, dejaron la escuela. Por otro lado, las condiciones preexistentes, particularmente en materia de acceso a internet y dispositivos digitales, hicieron que los estudiantes de cientos de miles de hogares no pudieran ejercer en óptimas condiciones su derecho a la educación durante las clases virtuales: el 27,6 % de hogares con estudiantes no tuvieron acceso a internet con la conectividad necesaria y poco más de la mitad (52,5 %) no tuvieron suficientes dispositivos digitales. Una vez más, los hogares más afectados fueron los de nivel socioeconómico bajo.
Casi la mitad de los hogares sintieron preocupación de que la comida se acabara y aumentó la cantidad de personas que reportaron haberse quedado sin alimentos, haber consumido menos de los estándares recomendados o haber dejado de alimentarse de forma saludable.
La garantía del ejercicio de los derechos humanos es obligación del Estado, no de los familiares o amistades de las personas que no cuentan con ingresos suficientes o con acceso a la seguridad social.
Solamente dos de cada cien de los hogares de Jalisco tuvieron que cambiar de residencia. Sin embargo, tres de cada diez hogares tuvieron dificultades para pagar la renta o el crédito de su vivienda y casi veinte de cada cien se quedaron sin acceso a servicios básicos como agua, luz, gas o teléfono por no poder pagar.
Los gobiernos (federal, estatal y municipal) no reaccionaron ante esta pérdida de empleo, la reducción generalizada del ingreso y las resultantes afectaciones al acceso a los DESC: apenas 3 % de los hogares de Jalisco recibieron apoyo económico gubernamental. Fueron las propias familias las que intentaron reaccionar, y agotaron sus ahorros, pidieron dinero prestado a familiares o amigos o vendieron sus bienes.
Durante la pandemia, los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano fallaron en su obligación de garantizar el acceso a los derechos humanos de millones de personas por no contar con una infraestructura de seguridad social suficiente y por no reaccionar con la debida diligencia. La garantía del ejercicio de los derechos humanos es obligación del Estado, no de los familiares o amistades de las personas que no cuentan con ingresos suficientes o con acceso a la seguridad social. El Estado debe desarrollar un aparato robusto de seguridad social y garantizar un ingreso básico universal que posibilite el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su situación laboral y su ingreso, no solamente en contextos extremos, como el de la pandemia, sino de manera permanente.