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Durante la última década, se ha producido un crecimiento exponencial de proyectos mineros en Colombia, patrocinados por distintas administraciones que han intentado utilizar el sector minero para impulsar la economía del país. Con el objetivo de obtener inversiones extranjeras, el último gobierno firmó tratados de libre comercio, estableció leyes permisivas para la concesión de licencias de minería y otorgó exenciones fiscales a las multinacionales, así como flexibilidad laboral. Sin embargo, las empresas transnacionales que invirtieron en Colombia debido a estos incentivos no cumplieron sus promesas de prosperidad, y sus actividades dejaron una estela de costos socioambientales. Hoy en día, Colombia es el segundo país del mundo con más conflictos ambientales y está entre los países con un mayor número de conflictos territoriales.
Los acuerdos comerciales que priorizan las ganancias de las empresas frente a los derechos indígenas y ambientales ilustran un creciente sistema de impunidad empresarial, y la corrupción es un fenómeno generalizado en la industria extractiva. Las empresas de esta industria han utilizado el tráfico de influencias, la información privilegiada y los sobornos para obtener licencias, ocultar los daños ambientales que causan sus actividades y negar la existencia de comunidades indígenas dentro de los territorios explotados. Los intereses empresariales influyen cada vez más en las decisiones públicas, sobre todo en los países en desarrollo, donde los gobiernos a menudo ceden a la presión de las empresas y relajan la legislación a cambio de inversiones; Colombia no es la excepción.
En el país han operado redes corruptas, como la que se operó durante la piñata minera (donde los funcionarios públicos se otorgaron títulos mineros y luego los vendieron a las empresas transnacionales) de forma similar al caso Odebrecht, donde empresas en toda Latinoamérica les pagaron millones de dólares a diversos políticos a cambio de contratos públicos y han puesto de manifiesto el poder de las transnacionales para corromper la política en la región. Las multinacionales en Colombia también tienen un historial de contratación de grupos paramilitares para amenazar o eliminar a los manifestantes y líderes sociales. Además, dada la existencia de tratados débiles sobre la protección de los derechos humanos, por un lado, y acuerdos estrictos para proteger el libre comercio, por el otro, las empresas transnacionales están despojando a los Estados de su función en la administración de justicia, ya que los tratados de libre comercio normalmente solo contemplan sistemas privados de resolución de disputas. La demanda que entabló hace poco la empresa canadiense Eco Oro contra el Estado colombiano es un ejemplo de lo anterior: el aumento de las restricciones estatales a la extracción y exploración minera llevó a la empresa a interponer una demanda ante el Banco Mundial, en la que pide una indemnización por daños de 764 millones de dólares estadounidenses. La empresa sostiene que las nuevas restricciones violan el acuerdo de libre comercio entre Canadá y Colombia, independientemente de cualquier consideración de derechos humanos.
En un clima político tan sombrío, la participación ciudadana es una de las únicas estrategias eficaces para poner fin a la colusión entre los políticos y los ejecutivos de las empresas. Aunque hasta hace poco la participación popular no era algo frecuente en Colombia, la Constitución de 1991 establece claramente que Colombia es una república participativa: “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular…” (Artículo 103, con énfasis añadido).
En un clima político tan sombrío, la participación ciudadana es una de las únicas estrategias eficaces para poner fin a la colusión entre los políticos y los ejecutivos de las empresas.
Una de estas estrategias participativas se ha desplegado recientemente en torno al desarrollo de proyectos mineros en Colombia. Desde 2013, se han realizado consultas municipales sobre la industria extractiva, y todas las comunidades afectadas han votado en contra del establecimiento de empresas mineras en sus territorios. La primera consulta popular municipal sobre actividades mineras se celebró en 2013 en Piedras (Tolima). Esta consulta se llevó a cabo a propuesta del alcalde, en ella participó más de la mitad de la población oficial y la mayoría de los asistentes votaron “no” al proyecto extractivo. Este patrón se ha repetido a lo largo de los años en varios otros distritos. En un país donde los defensores del medio ambiente sufren acoso constante y amenazas violentas, y a veces son asesinados, el hecho de que el voto en contra haya ganado de forma abrumadora en todas las consultas muestra que los ciudadanos tienen convicciones muy firmes sobre los costos de estos proyectos extractivos.
Por supuesto dados esos resultados en contra de los proyectos extractivos y el anuncio de nuevas consultas , las empresas transnacionales no tardaron en movilizarse contra las mismas, iniciando una batalla jurídica resuelta hasta la fecha por la Corte Constitucional a favor de las consultas. Sin embargo la presión sobre lideres sociales y ambientales no decae: : el 30 % de todos los defensores de derechos humanos asesinados a nivel mundial en 2017 eran colombianos, y el 67 % de las personas asesinadas luchaban contra proyectos extractivos transnacionales.
El principal beneficio del efecto vinculante de la consulta popular es que va más allá de la participación consultiva hasta la participación decisiva. De hecho, la realización de consultas populares sobre los contratos extractivos multinacionales podría haber evitado muchos casos anteriores de sobornos corporativos y sus consecuencias perjudiciales. Por ejemplo, en Tauramena (Casanare), el segundo municipio en celebrar una consulta popular en Colombia, las extracciones comenzaron a principios de los noventa. Desde entonces, las empresas petroleras contaminaron el agua, abolieron derechos laborales, crearon milicias paramilitares que asesinaron a líderes sociales, y sumergieron a las instituciones en la corrupción. Antes de que comenzaran las primeras consultas en 2013, nunca se habían considerado las opiniones de los ciudadanos sobre las actividades de las empresas transnacionales, que transforman irreversiblemente la vida de los residentes. La victoria aplastante del voto en contra detuvo en efecto el inicio de nuevos proyectos.
Estas consultas han tenido un efecto dominó en todo el país. En junio de 2018, la población de Cumaral votó “no” (97 % del voto) a la extracción de petróleo, específicamente en relación con la empresa multinacional china Mansarovar Energy. El caso está pendiente ante la Corte Constitucional. Muchos opinan que este fallo será decisivo para el futuro de las consultas populares y la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, para aumentar su eficacia contra la corrupción, el proceso de consulta no solo tiene que ser vinculante, sino también informado; debe ir precedido de una campaña que difunda informes sobre las repercusiones económicas y los impactos ambientales. Los procedimientos administrativos opacos, que abundan en Colombia, permiten la corrupción; la transparencia la combate. Como afirma la fórmula de Robert Klitgaard: la corrupción crece a medida que aumenta el monopolio, así como el poder discrecional en la toma de decisiones de los funcionarios (que también tiene niveles elevados en el caso colombiano). Sin embargo, la corrupción disminuye cuando hay más transparencia. Proporcionarla es una función crítica de las consultas populares.
Después del acuerdo de paz con las FARC-EP y la liberación de amplias secciones del territorio colombiano del control de la guerrilla, la presencia de la industria extractiva no hará más que aumentar. De hecho, ya se incrementaron los conflictos violentos sobre la tierra y las rutas comerciales, lo que ha provocado más desplazamiento y destrucción ambiental. La paz no está garantizada. Sin embargo, las consultas populares podrían obligar a las transnacionales a plantear propuestas más atractivas para las comunidades, y así transformar un sistema que daña el medio ambiente, no genera el desarrollo económico prometido y amenaza con normalizar la corrupción.