Cuando mi organización abrió sus puertas hace 20 años, el nuevo orden mundial postsoviético apenas se empezaba a conformar. La Guerra Fría había terminado. El bloque oriental se abría rápidamente al desarrollo político y económico. Muchos abogados de interés público, como los que apoyamos, participaron con entusiasmo en un amplio esfuerzo por desarrollar el Estado de derecho y las instituciones democráticas en estas sociedades antes cerradas.
Uno de los países en los que trabajamos fue Hungría, donde se adoptó una constitución modificada al estilo occidental en 1989 y (lo que fue igual de importante) se creó un Tribunal Constitucional en 1990, uno de los primeros de este tipo en Europa Oriental. Gracias a ello, Hungría estaba lista para el desarrollo del Estado de derecho. Nuestros esfuerzos y los de otras organizaciones civiles y de derechos humanos que intervinieron en Europa Oriental a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa lograron resultados medibles con relativa rapidez. Muchos nuevos abogados de derechos humanos se foguearon en esa región, mientras que otros defendieron sus causas en Centroamérica, en África y más adelante en el Medio Oriente.
En la era de la globalización
Hoy en día, la extrema concentración de la riqueza ha alcanzado niveles que no se habían visto desde la Edad Dorada: las cifras más recientes muestran que ocho individuos ultrarricos poseen tanta riqueza como el 50 % más pobre del mundo. Tan solo en los Estados Unidos, los ingresos del 50 % más bajo se han estancado durante los últimos 30 años, mientras que los ingresos del sector superior han crecido en un 300 %. En las economías desarrolladas, esto ha alimentado aún más una reacción popular y antisistema por parte de aquellos que se ven a sí mismos como los perdedores de la globalización.
Michael Coghlan/Flickr (Some Rights Reserved)
At a time when many public interest and social justice advocates feel disillusioned and in despair, it’s time to rediscover the law’s immense potential.
Ese es el entorno en el que trabajamos. Si bien los defensores de la justicia social siempre han enfrentado una dura batalla, las herramientas de las que disponemos actualmente para luchar no siempre pueden responder a las injusticias que experimentan las comunidades vulnerables. Las herramientas como el litigio estratégico y la denuncia y el descrédito fueron particularmente eficaces cuando se dirigían a Estados que buscaban aumentar su legitimidad democrática en la segunda mitad del siglo XX. Ahora es necesario buscar herramientas de defensa legal nuevas y más eficaces para el siglo XXI.
Tradicionalmente, los abogados de interés público han utilizado una parte poderosa, pero limitada, de lo que las leyes pueden ofrecer
Tradicionalmente, los abogados de interés público han utilizado una parte poderosa, pero limitada, de lo que las leyes pueden ofrecer: una gama relativamente reducida de herramientas legales que buscan, sobre todo, la reparación. Por el contrario, el sector privado ha aprovechado toda la amplitud del potencial de las leyes para proteger los intereses de sus clientes y minimizar su exposición a los riesgos. Los abogados corporativos, en particular, brindan un servicio indispensable a sus clientes privados, ya que dominan la práctica de identificar los riesgos y las posibles responsabilidades en asuntos que van del financiamiento a la incorporación, del cumplimiento a la imposición fiscal, etc.
Nuevas herramientas para servir al interés público
Hoy en día, debemos buscar formas innovadoras de llevar las habilidades especializadas de los abogados corporativos a las manos de los abogados de interés público. Las organizaciones como la mía, que buscan capacitar y empoderar a los defensores de la justicia social, deben ser más eficaces al enseñarles cómo extraer y aprovechar la experiencia y los conocimientos legales que ya están disponibles dentro de todas las sociedades. Una nueva generación de abogados de interés público con la capacidad de trabajar “transaccionalmente” puede ofrecer asistencia legal oportuna al examinar cuidadosamente los contratos, presupuestos y reglamentos en la mesa de negociaciones o durante la etapa de planificación, mientras se toman las decisiones.
Esto no se trata solo de igualar las condiciones para ambos lados de una transacción; se trata de producir resultados más favorables y sostenibles, al anticipar y manejar la incertidumbre, y de evitar los posibles efectos negativos. Por ejemplo, es posible que los abogados de interés público que solo recurren a argumentos centrados en los derechos no sean la opción más adecuada para ayudar a las comunidades que enfrentan usurpaciones de tierras o amenazas a su entorno debido a grandes proyectos de desarrollo, en parte porque la mayoría de las veces las reclamaciones se presentan una vez cometida la violación. El momento de proteger los intereses de las comunidades vulnerables es antes de que ocurra la injusticia y para eso es necesario estar sentados en la mesa de negociaciones, justo como lo hacen las corporaciones y sus abogados.
Por supuesto que no es fácil lograr esta inclusión. Pero aprender a hablar el idioma correcto —que es, de hecho, el idioma de los riesgos— es parte esencial del empoderamiento de una nueva generación de abogados de interés público que puedan proteger y fomentar la salud y la resiliencia de sus sociedades.
Una sociedad civil más fuerte
El uso de estas nuevas herramientas para gestionar mejor los riesgos también puede proteger a los propios defensores del interés público. Como parte del esfuerzo de los Estados soberanos para afirmar su autoridad nacional en la era de la globalización, algunos de ellos están debilitando las instituciones democráticas a favor de un nuevo autoritarismo. Sus medidas represivas han afectado fuertemente a la sociedad civil, en particular a las asociaciones y organizaciones que promueven el control del poder estatal. Como comunidad, hemos alentado a valientes abogados a oponerse audazmente a los intereses gubernamentales y corporativos que están en conflicto con el interés del público. En algunas ocasiones, los resultados han sido impresionantes. En otras, este enfoque ha aislado a los defensores del resto de la sociedad. Las leyes restrictivas —que son nuevas y tan complicadas que incluso los gobiernos y sus funcionarios no saben cómo implementarlas— satanizan a los defensores tachándolos de “agentes extranjeros indeseables” y los amenazan con acusaciones burocráticas falsas y de motivación política. Cuando los defensores están mejor conectados e involucrados con la comunidad más amplia, incluido el sector privado, es menos probable que sean marginados y amenazados.
En una época en la que muchos defensores de la justicia social y el interés público están desilusionados y desesperanzados, es tiempo de redescubrir el inmenso potencial de las leyes; después de todo, siguen funcionando muy bien para algunos. El muro paradigmático que separa a los abogados en dos bandos, el privado y el público, es un obstáculo para las posibilidades y una amenaza para la salud y la resiliencia de nuestras sociedades. Es hora de que todos trabajemos juntos para derribar este muro, así como lo hicimos cuando cayó el que dividía a Europa hace más de 20 años.