Nathalia Aguilar/EFE
Los gobiernos alrededor del mundo están luchando por enfrentar los efectos económicos de la crisis de la covid-19, cuyas respuestas han sido muy diferentes. Primero, hay un gran contraste entre las distintas intervenciones de rescate financiadas por el gobierno y sus impactos en los derechos humanos.
Segundo, los gobiernos tienen unas capacidades muy distintas para establecer esas intervenciones. Pocas veces se han mencionado las obligaciones de derechos humanos en los debates de estas intervenciones. Sin embargo, estos son cruciales para determinar lo que los gobiernos deberían hacer, de manera individual o colectiva, para proteger a las personas más vulnerables de los impactos sociales y económicos de la crisis.
Algo común a todas las intervenciones es la bienvenida, incluso de parte de quienes más critican los déficits, de una política fiscal expansiva (es decir, estímulos). La propagación de la covid-19 ha mostrado las consecuencias catastróficas de las políticas fiscales de contracción (es decir, la austeridad) que se han implementado de manera agresiva desde la crisis financiera global, lo cual dejó a los sistemas de salud alrededor del mundo sin los recursos necesarios para lidiar con la enfermedad. Incluso los sistemas de salud pública robustos, en términos comparativos, en países ricos como España e Italia han llegado al límite gracias a la erosión de su resiliencia por años de recortes presupuestales.
Algunos auxilios financieros son más iguales que otros
Varios países que están actualmente en el epicentro de la pandemia han introducido paquetes amplios para mitigar los efectos del virus y la recesión económica que este ha desencadenado. Aunque la mayoría de estos “auxilios financieros” incluyen protecciones para trabajadores y empresas, cabe anotar las diferencias en su énfasis. Estas diferencias se correlacionan con cómo han integrado los países los compromisos de derechos sociales en sus marcos legales y de política.
España, por ejemplo, asignó € 200 millones a un paquete de “escudo social”, que incluye una moratoria en los pagos de hipotecas y de servicios públicos y expande otras protecciones de seguridad social para quienes están más en riesgo. El programa, supervisado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, está enraizado explícitamente en las garantías de derechos sociales de la Constitución española. En otros países con fuertes tradiciones de derechos sociales, como Francia y Dinamarca, el gobierno ha actuado como un “pagador de último recurso” para impedir despidos o liquidaciones.
En Estados Unidos, por contraste, se aprobó un paquete de alivio económico de US$ 2 billones aprobado a finales de marzo (que incluían US$ 500 mil millones de asistencia a la industria aeronáutica y a otras grandes empresas), con unas condiciones limitadas para asegurar la protección de los derechos laborales o la reducción de las emisiones de carbono. El plan tomó pasos importantes para mitigar el impacto económico de la crisis, como el aumento de las protecciones laborales, la extensión del seguro al desempleo para quienes están en la economía de contratistas (gig economy) y brindar asistencia monetaria a individuos. Pero no se incluyeron otras medidas propuestas de protección social, como una expansión de licencias pagas por enfermedad, lo cual le trajo críticas a la ley por estar más del lado de las empresas que de las familias trabajadoras.
Los legados de austeridad en el sur global
En países con menos recursos, donde los sistemas de salud han sido debilitados por los recortes de austeridad auspiciados por el FMI, las olas sucesivas de ajuste fiscal han incluido reformas que restringen derechos laborales, debilitan los esquemas de protección social y exacerban el trabajo que de por sí ya era precario. Estas medidas han dejado a millones de personas aún más vulnerables a los efectos económicos de la pandemia, en especial a las mujeres, que están altamente concentradas en los sectores informales y de servicios. En países como Brasil, Ecuador, Egipto y Sudáfrica, los compromisos de austeridad incrustados en sus Constituciones, los acuerdos de préstamo del FMI y los presupuestos resultan ser una camisa de fuerza letal al gasto público, lo cual impide que se hagan inversiones vitales en salud, protección social y en otras medidas redistributivas necesarias para lidiar con la crisis actual.
El espacio fiscal en los países de ingreso medio y bajo para mitigar los impactos del virus es aún más restringido por factores como la fuga de capital, la baja de precios de materias primas, los altos niveles de deuda y el abuso fiscal de parte de las empresas multinacionales, que son resultados frecuentes de las decisiones de política de países más ricos y de instituciones financieras internacionales (IFI). Tanto el FMI como el Banco Mundial han anunciado planes para movilizar recursos significativos para abordar el impacto de la crisis de la covid-19 en países pobres. Pero también han hecho un llamado para que haya “reformas estructurales” que “generen confianza” y “alienten a los mercados”, e imponen condiciones a sus préstamos y programas de asistencia relacionados con la covid, lo cual muestra una reticencia a separarse de los dogmas de austeridad que han exacerbado la crisis actual.
Es momento de que los países ricos, las IFI y otros actores económicos detengan la debilitación de las capacidades de otros países de proteger los derechos socioeconómicos de quienes están más en riesgo en la crisis de la covid-19.
Más aún, las respuestas nacionalistas de los países ricos están debilitando las capacidades de los países pobres de proteger a las personas del impacto de la pandemia. Por ejemplo, los países de la UE han aprobado unas limitaciones a la exportación de equipos hospitalarios por un valor de US$ 12 mil millones. Esto puede tener un impacto devastador en el derecho a la salud de países más pobres que necesitan estas importaciones.
La crisis del multilateralismo ha acelerado la propagación de la enfermedad.
Es momento de que los países ricos, las IFI y otros actores económicos detengan la debilitación de las capacidades de otros países de proteger los derechos socioeconómicos de quienes están más en riesgo en la crisis de la covid-19. Este no es sólo un asunto de solidaridad internacional, como lo ha llamado el FMI. La cooperación internacional es una obligación según el derecho internacional de los derechos humanos. Todos los gobiernos tienen una responsabilidad para asegurar que sus acciones no causen un daño previsible más allá de sus fronteras, ni impedir la habilidad de que otros países cumplan con sus obligaciones de derechos humanos.
Los estímulos globales como un tema de derechos
Los gobiernos y las IFI deberían cumplir con estas obligaciones y aprobar de inmediato una serie de nuevos instrumentos que les permitan a los países más pobres movilizar “la mayor cantidad de recursos disponibles” para proteger a quienes están en riesgo durante la pandemia. Dichas medidas incluyen:
- Reestructurar y condonar deudas: el FMI y el Banco Mundial propusieron una moratoria a la deuda para los países más pobres en todos los pagos de intereses, pero eso es sólo el primer paso. Debería extenderse a una reestructuración de deuda para más países. Los acreditadores deberían contribuir con los alivios y condonar deudas.
- Emitir al menos US$ 500 mil millones de la moneda propia del FMI, conocida como los derechos especiales de giro, para ayudar a los países de ingresos medios y bajos a estabilizar sus economías, contener las pérdidas financieras y financiar paquetes de estímulo doméstico.
- Dirigir el apoyo del G20 y de la ONU para hacer una mejora masiva de la infraestructura sanitaria y de protección social en el sur global, y asegurar que las vacunas y tratamientos estén ampliamente disponibles tan pronto sea posible.
- Evitar el comercio defensivo y las medidas de propiedad intelectual y eliminar las restricciones del uso de tecnologías sanitarias en el sur global: por ejemplo, al crear un fondo común de propiedad intelectual para compartir patentes para desarrollar medicamentos para la covid-19, vacunas y diagnósticos.
- Permitir que los países de ingresos medios y bajos adopten medidas fiscales de emergencia para obtener los ingresos que necesitan: en los lineamientos de la OCDE se encuentran los impuestos solidarios, a la riqueza o al carbono, la eliminación de incentivos fiscales innecesarios y limitar el abuso fiscal transfronterizo. Las empresas que utilizan paraísos fiscales deberían estar excluidas de los auxilios financieros de los gobiernos.
Además del alivio inmediato, la cooperación internacional también debe incluir medidas ambiciosas para transformar la economía global. En particular, la necesidad de un estímulo prolongado es una oportunidad para acelerar la transición a economías sustentables por medio de un New Deal verde y global. Esto reduciría la vulnerabilidad de los países de ingresos medios y bajos ante los choques debido a su amplia dependencia en las materias primas y así ayudar a diversificar la producción.
Como lo aprendimos en la crisis financiera global, los momentos de disrupción económica pueden presentar una rara oportunidad para cambiar el statu quo. Pero a menudo también los usan quienes tienen intereses en mantenerlo. Esta vez debemos hacer responsables a los gobiernos y a las instituciones internacionales por el tipo de recuperación que buscan: o bien una recuperación justa que lidie con las disparidades que la crisis ha dejado de manifiesto (tanto al interior como entre países) o una recuperación “superficial” que sólo cubra las grietas con papel.
Una versión anterior de este artículo fue publicada por CESR el 27 de marzo.
