Pareciera que el coronavirus es un flagelo de salud que por primera vez en mucho tiempo devasta de forma desproporcionada a los países más ricos del mundo. Si comparamos las cifras de casos y muertes acumuladas por covid-19 desde el inicio de la pandemia, entre los países con peor desempeño encontramos a buena parte del mundo desarrollado. Al 25 de marzo de 2021, Estados Unidos acumula más de 1600 muertes por millón de habitantes y el Reino Unido más de 1.850 (ver gráfico 1). Un rápido vistazo muestra que, a mayor producto interno bruto per cápita, mayores son las muertes confirmadas por covid-19 por millón de habitantes (ver gráfico 2).
(Gráfico 1)
(Gráfico 2)
Según esos datos, podría pensarse que es apenas lógico que el suministro global de vacunas esté siendo acaparado por los países del norte global. Las cifras más recientes muestran que países como Canadá, Estados Unidos, Israel y muchos países europeos adquirieron muchas más dosis de las que se requerirían para inocular a toda su población. Los países ricos probablemente alcanzarán sus metas de vacunación antes de que se termine este año, mientras que el resto del mundo tendrá que esperar hasta 2022 o incluso 2023.
Sin embargo, esta aparente justificación de la concentración de vacunas en los países más afectados esconde una historia de extorsión y profunda inequidad global en el desarrollo, la producción y la aplicación de vacunas, que amenaza el derecho a la salud de los más pobres y vulnerables del mundo.
(Gráfico 3)
Basta con observar lo sucedido en Latinoamérica. La región ha sido casi tan golpeada por la covid-19 como Europa y Norteamérica, con más de 1200 muertes confirmadas por millón de habitantes. Si el criterio de asignación de vacunas siguiera alguna lógica de necesidad, esta región tendría que haber sido de las más priorizadas, no sólo por el número de casos y de muertes, sino por sus altos índices de pobreza, informalidad y desigualdad que agravan los impactos de las medidas de protección implementadas por sus gobiernos. Sin embargo, Latinoamérica está tan rezagada en la adquisición y aplicación de vacunas como el resto del mundo en vías de desarrollo.
Hay dos razones cruciales relacionadas con las compañías farmacéuticas transnacionales y los gobiernos desarrollados que explican esta vacunación en la región. La primera es que la industria farmacéutica occidental se comportó tal y como venía comportándose antes de la pandemia. Le siguió apostando al secretismo, a la especulación y a la discriminación de precios, al no reconocimiento de la inversión pública en ciencia y tecnología y al mercadeo de las tecnologías más nuevas, independientemente de su utilidad y su escalabilidad en contextos diversos. La segunda es que los Estados Unidos, Canadá y otros países del norte global le siguieron apostando al debilitamiento de los mecanismos de cooperación global y regional. Para Latinoamérica eso significó que mecanismos de integración entre países de la región como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o la Unión de Naciones Suramericanas, que habrían podido constituirse en frentes unidos para la negociación de vacunas en mejores condiciones, estuvieron prácticamente ausentes de la escena pandémica.
La industria farmacéutica siguió igual
Ninguna de las prácticas de las transnacionales farmacéuticas ha demostrado ser distinta a las de antes de la pandemia. Es cierto que el desarrollo de las vacunas y los ensayos clínicos para probar su seguridad y eficacia se dieron en tiempo récord, pero eso se debe en mayor medida a la inyección de recursos públicos y a la disponibilidad casi infinita de participantes para los ensayos clínicos.
A pesar de la solicitud de varios gobiernos de países en vías de desarrollo, la industria farmacéutica occidental ha hecho un lobby sin tregua para impedir que haya una suspensión temporal a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas (patentes y secretos industriales) que permitiría que más países puedan producirlas y así acabar con las limitaciones que hoy enfrenta el suministro global. Peor aún, siguiendo con una tendencia que ya había hecho carrera en las negociaciones entre farmacéuticas y gobiernos para la adquisición de medicamentos para enfermedades de alto costo como el cáncer, las productoras de vacunas le apostaron a la confidencialidad de todos sus acuerdos de suministro. Esto significa que los países no pueden hacer públicos los contratos que suscribieron para acceder a las vacunas, a pesar de que estos son claramente de interés público y esto impide que los gobiernos negocien en igualdad de condiciones. Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta que entre las condiciones impuestas por las farmacéuticas en estos contratos está el ser eximidas de cualquier responsabilidad por efectos adversos que puedan generar sus vacunas y la exigencia de que los países de Latinoamérica tengan suficientes fondos reservados para atender cualquier demanda por dichos efectos adversos.
A este panorama se le suma el mercadeo de la efectividad y las "marcas" farmacéuticas, que hace que la tarea de inocular a la mayor parte de la población del mundo lo antes posible parezca más una competencia de compañías de celular que un proceso de inversión pública con consecuencias claras para la salud.
Dividir para reinar
Si a la política usual de las transnacionales farmacéuticas le sumamos la política usual de los países desarrollados, comenzamos a ver por qué regiones como Latinoamérica van quedando rezagadas en la batalla contra la covid-19. Además de tener limitaciones importantes para acceder a las vacunas por las condiciones impuestas por las farmacéuticas, los países latinoamericanos no contaron con su arma más poderosa a la hora de negociar vacunas: la cooperación regional.
Y es que desde hace años los países desarrollados, y especialmente los Estados Unidos en el gobierno Trump, le han jugado a debilitar los mecanismos de cooperación en salud a nivel regional y global. Es así como el fondo rotatorio de la OPS, que por años sirvió para agregar la demanda y garantizar el acceso a vacunas de todos los países de la región a los mejores precios, fue absorbido por Covax y fue prácticamente irrelevante para el suministro de vacunas en la región.
Esta aparente justificación de la concentración de vacunas en los países más afectados esconde una historia de extorsión y profunda inequidad global en el desarrollo, la producción y la aplicación de vacunas, que amenaza el derecho a la salud de los más pobres y vulnerables del mundo.
En conclusión, Latinoamérica está en el peor de los mundos: cada país negocia acuerdos de producción y compra como una isla frente al poder concentrado durante años por parte de la industria farmacéutica transnacional. En ese contexto, los países han comprometido casi todo a cambio de nada. Eximieron de responsabilidad a las empresas, garantizaron la confidencialidad de las condiciones y los precios de negociación, rogaron por acceso a la propiedad intelectual y a cambio recibieron un lugar mediocre en una lista sobrepoblada de abastecimiento. Como era de esperarse, todos los países de la región han tenido que remitirse a la oferta de compañías chinas y rusas para llegar al final del mes.
La falta de solidaridad pandémica tanto de las compañías farmacéuticas, como de los países desarrollados se tradujo ya en demoras en el abastecimiento de vacunas en Latinoamérica. Eso a su vez, complica la logística para la aplicación de las mismas. Que las dosis lleguen a cuentagotas dificulta campañas masivas de vacunación ideales en contextos dispersos y con altos índices de pobreza. La región está aplicando vacunas más lentamente que cualquier otra con la misma incidencia de covid-19 y eso es particularmente prominente en regiones apartadas y entre los más vulnerables. Aunque los gobiernos de los Estados Unidos y de algunos países europeos hayan apoyado recientemente la exención de patentes para vacunas Covid, falta mucho para que esas voluntades se traduzcan en verdadera transferencia de tecnología y aumento de la producción global. Es así como las acciones de compañías transnacionales que cotizan en bolsa y de gobiernos de países desarrollados terminan, una vez más, violando el derecho a la salud de los más pobres en una de las regiones más desiguales del planeta.