En la lucha constante por la justicia reproductiva, el aborto autogestionado ha surgido como una herramienta vital para garantizar la autonomía reproductiva, la privacidad y la salud. El aborto autogestionado es el proceso de interrupción de un embarazo sin supervisión clínica directa, a menudo mediante el uso de medicamentos como la mifepristona y el misoprostol. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que las personas pueden autogestionar el aborto de forma segura utilizando píldoras abortivas con medicamentos durante las primeras 12 semanas de embarazo, lo que lo convierte en un aspecto esencial del avance de los derechos reproductivos a escala mundial.
Sin embargo, aunque esta práctica ofrece una vía fundamental para que las personas ejerzan el control sobre su salud reproductiva, las barreras jurídicas y políticas siguen arraigadas en todo el mundo, obstruyendo el acceso al aborto autogestionado. No se trata simplemente de un problema de salud, sino de una profunda violación de los derechos humanos que exige atención urgente.
Hay muchas razones por las que las personas pueden desear autogestionarse el aborto en lugar de acceder a él a través del sistema sanitario oficial. En países con leyes de aborto muy restrictivas, el aborto autogestionado puede ser la única opción posible para interrumpir un embarazo. Pero incluso allí donde el aborto es legal en términos generales, el estigma que rodea a la atención del aborto, la preocupación por la confidencialidad, la falta de acceso a los centros sanitarios y los abusos de los derechos humanos cometidos en el pasado en los centros sanitarios pueden obligar a las personas a preferir la autogestión.
Barreras legales y acceso al aborto autogestionado
Los datos son alarmantes. Un estudio de 35 países y cuatro estados de EE.UU. realizado por el Centro de Derechos Reproductivos reveló la presencia de marcos jurídicos y políticos excesivamente intrusivos. Por ejemplo, casi el 90% de las jurisdicciones estudiadas exigen algún tipo de intervención del profesional sanitario, como asesoramiento obligatorio, múltiples consultas médicas y periodos de espera, para acceder a la atención del aborto, lo que viola las directrices sanitarias mundiales. Estas restricciones obligan a las personas a recorrer un laberinto de obstáculos jurídicos y médicos y no contribuyen en absoluto a promover la seguridad de las pacientes ni la calidad de la atención.
Incluso en regiones con leyes relativamente liberales sobre el aborto, los obstáculos legales siguen dificultando el acceso a los abortos autogestionados. De hecho, todas las jurisdicciones examinadas en el estudio exigen receta médica para acceder a la medicación abortiva, y más de la mitad de ellas no permiten la administración de píldoras de mifepristona y misoprostol en casa, lo que significa que las personas siguen teniendo que lidiar con los entresijos y complejidades de los sistemas sanitarios para acceder a la atención del aborto. Estas barreras afectan de manera desproporcionada a quienes ya se enfrentan a desigualdades, como los grupos rurales, empobrecidos e históricamente desatendidos, lo que agrava las desigualdades existentes y margina aún más a estas comunidades.
El panorama legal del aborto autogestionado está marcado por fuertes contrastes. Por un lado, países como Francia, Nueva Zelanda y Colombia han reforzado recientemente sus marcos jurídicos para aumentar el apoyo al aborto autogestionado, reconociendo el aborto como un derecho garantizado y eliminando barreras excesivas para mejorar el acceso al aborto autogestionado. Por otro lado, en muchas regiones siguen existiendo leyes restrictivas y políticas obsoletas, especialmente en países como Filipinas, Brasil e India, donde el aborto sigue estando muy estigmatizado o penalizado y donde, en consecuencia, el aborto inseguro está muy extendido.
Hacia un enfoque del aborto autogestionado basado en los derechos
Estas barreras no son meras cuestiones técnicas o jurídicas, sino que representan una violación fundamental de los derechos humanos. Cuando los gobiernos imponen restricciones innecesarias al aborto autogestionado, niegan de hecho a las personas el derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y vidas, perpetuando sistemas patriarcales que pretenden controlar sus cuerpos. Sin la posibilidad de acceder a abortos autogestionados, las personas se ven obligadas a recurrir a métodos inseguros o a soportar embarazos no deseados, lo que tiene graves consecuencias para su bienestar físico y mental.
El camino a seguir es claro: los gobiernos deben tomar medidas decisivas para eliminar estas barreras y crear entornos jurídicos propicios para los abortos autogestionados. Un enfoque del aborto autogestionado basado en los derechos no sólo es necesario, sino que debería haberse adoptado hace mucho tiempo y debe guiar los esfuerzos para reformar las leyes y políticas sobre el aborto.
Un primer paso esencial es liberalizar completamente las leyes sobre el aborto, garantizando que el aborto sea legal a petición y esté completamente despenalizado. Con demasiada frecuencia, las leyes restrictivas imponen cargas indebidas a las personas, sometiéndolas a restricciones innecesarias que socavan la autonomía reproductiva. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia salud reproductiva es un componente esencial de la integridad corporal y del derecho a la salud, y la imposición de tales restricciones constituye una clara violación de estos derechos.
Igualmente importante es la necesidad de que los gobiernos eliminen los requisitos basados en la ubicación que obligan a acudir en persona a los centros de salud para la atención del aborto. Las personas deben poder abortar en el lugar de su elección, libres de requisitos restrictivos que las obliguen a recorrer largas distancias o a desenvolverse en entornos médicos hostiles. Un marco basado en los derechos exige que las personas puedan ejercer sus derechos reproductivos con dignidad y privacidad y sin interferencias innecesarias del Estado o de los profesionales sanitarios.
Además, debe garantizarse el acceso a la mifepristona y el misoprostol. Estos medicamentos, recomendados por la OMS, han demostrado ser seguros y eficaces para el aborto autogestionado, pero siguen estando fuera del alcance de muchas personas debido a su coste y a las barreras normativas. Desde una perspectiva basada en los derechos, el acceso asequible a estos medicamentos, que la Organización Mundial de la Salud considera «esenciales» desde 2005, es crucial para salvaguardar el derecho a la salud.
Por último, invertir en proporcionar información precisa y completa sobre el aborto autogestionado es una piedra angular de un enfoque basado en los derechos, ya que dota a las personas de los conocimientos que necesitan para ejercer sus derechos reproductivos de forma segura y autónoma. En muchos países abunda la desinformación sobre el aborto, lo que contribuye al estigma y al miedo. Los gobiernos tienen la responsabilidad de contrarrestar esta situación con información accesible y basada en pruebas que capacite a las personas para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.
Permitir el acceso al aborto autogestionado no es sólo una cuestión política, sino un imperativo de derechos humanos. No se puede exagerar la urgencia de estas reformas. La autonomía reproductiva no es un privilegio que se conceda en función de la geografía, los ingresos o la condición social, sino un derecho humano fundamental que debe defenderse universalmente. Los gobiernos deben reconocer el aborto autogestionado como un componente vital de la salud reproductiva y actuar con decisión para reformar sus leyes.