Foto: EFE/EPA Legnan Koula
Para muchos, la reciente absolución del expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, y su aliado político, Charles Blé Goudé, señaló otro fracaso para la Corte Penal Internacional (CPI). Sin duda, a muchos observadores cercanos les dolió ver el colapso de otro caso de alto perfil, con lo que la Corte tiene la dudosa distinción de aún no haber logrado la condena de un funcionario de gobierno en sus diecisiete años de existencia. Pero las reacciones iniciales ocultaron los efectos siempre diversos que tienen esta clase de acontecimientos sobre la legitimidad de la Corte.
Por supuesto, la “legitimidad” es un concepto notoriamente escurridizo. Para nuestros fines, defino la legitimidad como una medida de la distancia entre las expectativas y la realidad. Cuanto más se acerque la realidad a las expectativas (o las supere), más legítima será la institución. Si la realidad no está a la altura de las expectativas, tenemos la situación inversa: una brecha de legitimidad. El hecho de que las absoluciones refuercen o mancillen la legitimidad de la CPI depende de cuáles expectativas estamos tomando en cuenta.
Muchas personas esperan que la CPI emita una condena. Esto se debe a al menos tres dinámicas. En primer lugar, la CPI suele concentrarse en las personas “más responsables” de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. En consecuencia, esperamos que, si la Corte expide una orden de detención contra alguna persona, esta persona debe de ser la “más responsable” y, por lo tanto, culpable.
En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, la CPI solo se enfoca en una pequeña fracción de los perpetradores de cualquier situación dada. En Costa de Marfil, eso equivale a tres personajes: Gbagbo, Blé Goudé y la ex primera dama Simone Gbagbo. Dicha selectividad impulsa la idea de que estos pocos individuos deben asumir la responsabilidad de los crímenes que se les imputan.
En tercer lugar, la cara pública de la CPI es la fiscal y, como es la personalidad más visible y expresiva de la Corte, esto contribuye a las percepciones de que la función principal de la institución es lograr una sentencia condenatoria, en lugar de llevar a las personas a juicio.
Para muchas personas, entonces, la legitimidad de la fiscal se debilita con las absoluciones, precisamente porque esperan que la fiscal obtenga condenas.
Sin embargo, este punto de vista pasa por alto la importancia de la defensa para la legitimidad de la Corte. Sareta Ashpraph, por ejemplo, declaró en respuesta a la absolución de Gbagbo que deberíamos “estar agradecidos” y reconocer el papel de la defensa para garantizar juicios justos. Desde esta perspectiva, la absolución de Gbagbo contribuye, en lugar de restar valor, a la legitimidad de la CPI, porque las absoluciones demuestran respeto por el debido proceso y un tribunal penal que funciona.
Esto muestra cuántas hebras de “legitimidad” están presentes en cualquier momento. La legitimidad de la CPI puede verse afectada y prosperar con las absoluciones. Por un lado, una absolución demuestra que la ley y el debido proceso funcionan por encima de la prerrogativa política de obtener condenas. Por otro lado, sugiere que algo está mal con la forma en que la fiscalía está preparando los casos y procesando a los acusados.
En lo que respecta a Gbagbo, Blé Goudé y sus fervientes partidarios, puede que las absoluciones no los lleven a pensar que la CPI en su conjunto es creíble. Sin embargo, seguramente deben creer que el proceso judicial estuvo en lo “correcto” al absolverlos y, por lo tanto, fue justo. Quizás no esperaban las absoluciones, pero las obtuvieron y, por lo tanto, es posible que la CPI haya superado sus expectativas.
Pero ¿qué sucede con las víctimas y los sobrevivientes, quienes deciden participar en los procesos judiciales confiando en que se cumplan sus expectativas de justicia? Quienes decidieron participar en los juicios de Gbagbo, el exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba (también absuelto) o el presidente y el vicepresidente de Kenia, Uhuru Kenyatta y William Ruto (casos sobreseídos), tienen todo el derecho a estar furiosos con los resultados. No solo no reciben justicia, sino que su condición de víctimas y su sufrimiento se ven socavados cuando un caso se viene abajo o tiene como resultado una absolución. Cualquier explicación que se ofrezca tiene pocas probabilidades de aliviar su dolor y sus preocupaciones.
Por supuesto, debemos preguntarnos quién eleva las expectativas de las víctimas y templarlas en el futuro. Pero está claro que muchas víctimas han perdido la fe en la capacidad de la Corte para impartir justicia.
¿Cuáles son las repercusiones de la decisión para Costa de Marfil? Los partidarios de Gbagbo están encantados con la absolución y la posibilidad de que su antiguo líder regrese. Si regresa –algo que aún no está claro, dado que hay acusaciones de corrupción en su contra en Costa de Marfil–, es casi seguro que resurgiría como un actor político importante. Esto también podría tener efectos palpables en la credibilidad de la CPI.
Si Gbagbo se postulara para presidente, ¿aprovecharía su “triunfo” en La Haya para su campaña? Bemba se estaba preparando para hacer precisamente eso cuando regresó a la República Democrática del Congo el año pasado, utilizando una fotografía de su juicio en sus perfiles de redes sociales. En Kenia, el manejo político que se dio a los juicios de Kenyatta y Ruto contribuyó a que fueran elegidos para los cargos más altos del país; una empresa de relaciones públicas utilizó los casos de la CPI para obtener apoyo político. Todo esto lleva a una pregunta bastante incómoda: ¿ser procesados por la CPI ayuda a las carreras políticas de algunos políticos? Sin duda, esto no debería ser algo que se espera de la Corte.
Los Estados miembros de la CPI representan otro grupo importante a la hora de evaluar la legitimidad de la CPI. Cada vez están más orientados a los resultados. Quieren un “rendimiento de su inversión”. Para muchos, eso significa más condenas, sobre todo para las figuras de alto perfil, como Gbagbo, Bemba o Kenyatta. Pero los Estados que más apoyan a la Corte también ocupan una posición curiosa en el juego de la legitimidad, precisamente porque invirtieron en la CPI. Como tal, aunque no están contentos con su desempeño, invariablemente comparten algunas de las ganancias o pérdidas de legitimidad de la Corte como un reflejo de la sensatez de sus inversiones políticas.
Por último, es importante tener en cuenta un “lado positivo” en la absolución de Gbagbo, a saber, que hace más difícil sostener el argumento de que la CPI “caza” a los estadistas africanos. La expectativa de que la CPI solo busca encarcelar a los líderes africanos despóticos se debilita cuando libera a personas como Kenyatta, Bemba y Gbagbo.
Las reacciones a la absolución de Gbagbo revelan la diversidad del público de la Corte. La legitimidad se negocia simultáneamente a través de varios grupos que tienen expectativas divergentes de la CPI; por lo tanto, miden la legitimidad de la institución de maneras diferentes, e incluso incompatibles. En consecuencia, casi todo lo que sucede en la CPI puede interpretarse como algo que favorece y que perjudica la legitimidad de la institución. Eso debería ser una lección para los observadores de la Corte: las cosas nunca son tan buenas ni tan malas como parecen.