Una de las preguntas más urgentes para cualquier persona que defienda o estudie los derechos humanos es: ¿en qué condiciones se convierten en una amenaza genuina para las estructuras de dominación? El reciente ataque contra las organizaciones de derechos humanos en Israel arroja un poco de luz sobre esta cuestión.
Las agrupaciones de derechos humanos en Israel, particularmente las que se concentran en los derechos de los palestinos colonizados, han enfrentado fuertes críticas de parte de distintos gobiernos y de una serie de actores políticos conservadores durante años. No obstante, la percepción de las ONG israelíes de derechos humanos como una amenaza a la seguridad que debe controlarse mediante leyes represivas y campañas de incitación es algo relativamente reciente.
Muchos expertos han enmarcado la intensa agresión contra las organizaciones de derechos humanos como parte de la batalla entre las fuerzas liberales y no liberales dentro de Israel. Si bien esto es definitivamente cierto, sobre todo si se tiene en cuenta el carácter protofascista de algunos de los partidos políticos actualmente en el gobierno, la lucha entre estos dos bandos no explica por completo la escalada reciente.
Es necesario entender que esta ola de represión está relacionada con la manera en que el Estado ha llegado a percibir a las ONG de derechos humanos como una amenaza para su continuo afianzamiento del proyecto sionista.
Es necesario entender que esta ola de represión está relacionada con la manera en que el Estado ha llegado a percibir a las ONG de derechos humanos como una amenaza para su continuo afianzamiento del proyecto sionista. La amenaza de los derechos humanos es una amenaza para el Estado etnocrático.
No cabe duda de que la publicación del Informe Goldstone (la comisión de la ONU que investigó presuntas violaciones israelíes y palestinas del derecho internacional durante la Guerra de Gaza de 2008-2009) fue un punto de inflexión en la campaña contra los derechos humanos. Unas pocas horas después de la publicación del informe, NGO Monitor emitió un comunicado de prensa que lo caracterizaba como un documento “cortado y pegado” de las ONG. Su argumento era que una parte considerable de las conclusiones se basaba en informes y testimonios proporcionados por organizaciones de derechos humanos sesgadas, varias de ellas israelíes.
Al cabo de dos días, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel respondió, alegando que el Informe Goldstone “ata las manos de los países democráticos que luchan contra el terrorismo en todo el mundo; pone en duda la legitimidad de las investigaciones y los sistemas jurídicos nacionales, [y] promueve procesos penales contra las fuerzas que enfrentan el terrorismo en Estados extranjeros y trata de ampliar la jurisdicción de la CPI más allá de su Estatuto”.
Danny Ayalon, que en ese momento era el viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, afirmó que “hoy en día las trincheras están en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos, o en Nueva York en la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, o en La Haya en la CIJ”. Con motivo del Día de los Derechos Humanos en 2010, Ayalon denunció el “uso sesgado de los derechos humanos” por parte de las ONG liberales y, en una conferencia de prensa conjunta con representantes de NGO Monitor, sostuvo que “el Día Internacional de los Derechos Humanos se ha transformado en el día de los derechos del terrorismo”. Se enmarcó a los derechos humanos como promotores de la “guerra jurídica” (una herramienta jurídica que utilizan los actores no estatales para amenazar a los Estados liberales y alcanzar objetivos militares) y se les caracterizó como una amenaza para la seguridad.
La amenaza a la que se refería Ayalon tiene poco que ver con una radicalización de las ONG liberales israelíes de derechos humanos en los últimos años. Estas ONG han presentado informes a la ONU y usado estrategias similares desde finales de la década de los 1980. No se transformaron en movimientos sociales de bases populares, por ejemplo, ni prestaron sus nombres para la creciente campaña internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones, la cual ha adoptado un enfoque no violento con base en los derechos humanos.
The Israeli Parliament.
Por el contrario, la transformación de las ONG de derechos humanos en una amenaza tiene que ver con un aumento del uso de la jurisdicción universal en la CPI, así como en tribunales regionales y nacionales, junto con el hecho de que la información que producen las organizaciones de derechos humanos se utiliza como evidencia de violaciones graves en estos tribunales. Pero también se nutre de una erosión cada vez más considerable de la legitimidad internacional de las políticas discriminatorias de Israel hacia la población no judía en los territorios palestinos ocupados y en Israel. La amenaza, en otras palabras, surge a partir de cambios más amplios en el ámbito internacional, y es sistémica.
Dicho de otra manera, desde una perspectiva jurídica, las organizaciones israelíes no constituían una amenaza para el Estado. Sus peticiones se presentaban dentro del sistema judicial nacional, el cual está incrustado dentro del aparato estatal y casi siempre respaldaba las acciones de despojo y violencia por parte del Estado.
La amenaza es más bien el resultado de largos años de trabajo y revela cómo a veces la resistencia y la cantidad pueden producir efectos políticos inesperados. Los comunicados de prensa, los informes, las hojas de datos, los mapas, las fotografías y los videos producidos por estas ONG (y organizaciones palestinas) llevan ya muchos años circulando por el ciberespacio. Durante la última década, una base de apoyo internacional mucho más amplia ha sido receptiva a esta información. Poco a poco, la idea de que las políticas israelíes que violan los derechos humanos son solo temporales y se imponen como reacción ante la violencia palestina perdió toda su credibilidad. Cada vez más, las evidencias de los abusos han logrado generar descrédito diplomático y desencadenar campañas políticas populares a nivel mundial.
A las fuerzas represivas en Israel les preocupa el hecho de que las evidencias de las violaciones sistemáticas que han recolectado las ONG locales de derechos humanos (con ayuda del financiamiento internacional) están rebasando las fronteras del debate nacional. Se ven amenazadas porque las acusaciones de abusos se están acumulando en un archivo inmenso de violencia orquestada por el Estado, un archivo que ya no se puede manejar dentro del espacio jurídico, político y simbólico del Estado. Parafraseando a Antonio Gramsci, las fuerzas represivas se ven amenazadas porque el Estado ya no logra absorber los derechos humanos.