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El movimiento actual de derechos humanos se enfrenta a un conjunto de retos interconectados, desde el cambio climático hasta la justicia racial, desde el ascenso de los populistas que parecen impermeables a las estrategias de denuncia y exposición, hasta el poder empresarial desmesurado y la corrupción generalizada y el crimen organizado.
Para afrontar mejor estos retos, es necesario abordar tres tendencias del actual canon y movimiento de derechos humanos. En primer lugar, el estadocentrismo y la incapacidad de pensar de forma creativa sobre los actores no estatales sin aliarse con las peores tendencias represivas de los Estados. En segundo lugar, el institucionalismo y el atractivo de la creación de instituciones globales en lugar de las respuestas en red y desde abajo. Y en tercer lugar, el procedimentalismo y sus males.
El estadocentrismo proviene del necesario enfoque en los Estados de parte del movimiento de derechos humanos de la posguerra: ellos eran tanto los que dictaban las normas como los principales violadores de los derechos. Más recientemente, las ideas de “garantizar” los derechos y las obligaciones estatales de prevenir y proteger se han ampliado para abarcar la violencia contra las mujeres o las depredaciones del medio ambiente, sin importar su origen. Y el derecho de la guerra siempre se ha aplicado a los actores no estatales, aunque su aplicación contra ellos haya resultado difícil.
Pero muchos de los abusos de hoy en día se producen en una compleja red de actores estatales corruptos, élites venales y crimen organizado, por ejemplo en México, Honduras y Colombia. El poder del Estado ha sido capturado y reconfigurado para el beneficio privado, reforzado por la violencia y la impunidad. La propia división entre Estado y no Estado tiene poco sentido en estas condiciones. Las comisiones de búsqueda de desaparecidos en México y otros países han empezado a reconocer esta realidad, al abarcar no sólo las desapariciones forzadas relacionadas con el Estado, sino también las desapariciones cometidas por actores privados. El problema es hacer que los actores no estatales rindan cuentas cuando muchos de ellos están entrelazados con funcionarios del Estado y tienen poco interés en la legitimidad (y, por tanto, son difíciles de “denunciar y exponer”). Y hacerlo sin aliarse completamente con las peores tendencias carcelarias y represivas de los Estados, encapsuladas, por ejemplo, en la “guerra contra las drogas”.
En el ámbito de las empresas y los derechos humanos se han hecho algunas incursiones para tratar con los actores no estatales, pero sin estrategias claras más allá de pedir una mejor regulación estatal y litigar contra los malos actores. El movimiento de derechos humanos necesitará herramientas más amplias —incluida una mayor movilización de la presión financiera directamente sobre los actores privados y sus inversionistas, las capacidades de rastreo de activos y análisis de redes, y una nueva forma de explicar los vínculos entre lo público y lo privado— para hacer frente al desafío.
El institucionalismo se refiere a la tendencia a querer implementar los derechos humanos a través de nuevas e innovadoras instituciones y grandes organizaciones centralizadas. Por ejemplo, crear una Corte Penal Internacional, que siempre dependerá de la financiación de los Estados ricos (y, por lo tanto, estará sujeto a las mismas naciones ricas), en lugar de prestar suficiente apoyo a los juicios nacionales difundidos a través de redes de actores nacionales, que suelen ser menos conocidas y más desordenadas. O para animar a los Estados a que envíen la mayor parte de la financiación para la justicia internacional a los tribunales internacionales, mientras que privan de recursos a las iniciativas locales, como muestra el reciente estudio de Page Arthur. O incluso para construir grandes organizaciones internacionales de derechos humanos (en su mayoría con sede en el norte global), en lugar de hacer hincapié en el apoyo a la creación de redes y el sostenimiento de miles de pequeños grupos e individuos locales, independientes y menos profesionalizados, que operan en uno o unos pocos países. No se trata sólo de la sobreprofesionalización del campo, sino de salvaguardar su independencia y sus conexiones con las luchas de base.
Evidentemente, no se trata de un cambio fácil, y requiere algo más que la simple financiación de organizaciones e instituciones del sur global para que reproduzcan el modelo de las del norte. Los esfuerzos para apoyar los casos basados en la jurisdicción universal, para defender a los defensores y para abogar por la justicia ambiental han adoptado un enfoque más en red. La idea no es abandonar las instituciones globales, sino reequilibrar el apoyo a las mismas a través de las instituciones locales, que serán necesariamente más ágiles y más independientes, con presupuestos más pequeños y una mayor inmersión local.
Por último, centrarse en el procedimiento adecuado, si bien permite a los activistas evitar los líos de la política, puede conducir a una falta de imaginación y ambición en la búsqueda de soluciones a los problemas de derechos humanos. Por ejemplo, ante el acaparamiento de tierras y el despojo de comunidades indígenas, la respuesta inicial de muchos defensores fue exigir la consulta previa, libre e informada (CPLI). Aunque esto ha conseguido retrasar los proyectos, aumentar los costos para los desarrolladores o acaparadores de tierras y evitar las cuestiones básicas sobre los patrones de propiedad de la tierra, al final no han sido muy eficaces para evitar el despojo. Por este motivo, muchas comunidades indígenas y campesinas de Latinoamérica han vuelto a plantear la cuestión de los derechos a la tierra como táctica central. Una crítica similar podría aplicarse al énfasis en el procedimiento de detención y juicio justos, más que en quién está siendo detenido en primer lugar.
Un replanteamiento de estas cuestiones a la luz de los retos actuales podría conducir a un proyecto de derechos humanos renovado, más capaz de mantener sus ventajas específicas al tiempo que apoya mejor otros proyectos de cambio, quizá más radicales.