En julio de 2022, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución pionera que declaraba oficialmente el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano universal. La resolución recibió el apoyo de 161 Estados miembros. El reconocimiento de este derecho por parte de la AG subraya la importancia de aplicar plenamente los acuerdos medioambientales multilaterales en el marco del derecho medioambiental internacional, incluida la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto.
Sin embargo, los representantes en las negociaciones de la COP28 perdieron la oportunidad de recordar activamente a los Estados su compromiso de apoyar la resolución mencionada, así como las obligaciones en materia de derechos humanos que les impone la ratificación de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. Este descuido se produjo durante las negociaciones y los actos paralelos organizados por distintas partes y activistas.
La reticencia de los Estados a incorporar el lenguaje de los derechos humanos en las negociaciones sobre el clima tiene su origen en sus obligaciones en materia de derechos humanos, que les exigen respetar, promover y cumplir los derechos humanos. Vincular las negociaciones sobre el cambio climático a los derechos humanos puede hacer que los Estados se preocupen por las posibles consecuencias jurídicas y las obligaciones financieras, así como por la posibilidad de que el contexto histórico "complique" el proceso de negociación. Por lo tanto, es crucial abogar firmemente por incluir el lenguaje de los derechos humanos y garantizar la representación de las comunidades marginadas en la mesa.
Aunque los derechos humanos y el lenguaje asociado no ocuparon un lugar central en los debates de la COP28, y no se estableció ningún vínculo directo entre el cambio climático y los derechos humanos, el texto final de la decisión sobre el balance mundial incluía un párrafo que abordaba los derechos humanos. Esta cláusula abre la ventana a la incorporación de una defensa más eficaz de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones sobre el cambio climático. Sin embargo, sin un marco claro que vincule las decisiones sobre el clima con los derechos humanos y una defensa eficaz, los Estados pueden escapar al escrutinio por sus contribuciones e impactos sobre el cambio climático que están directamente relacionados con el disfrute de los derechos humanos.
¿Qué nos falta? Abogar por un lenguaje de derechos humanos
El lenguaje que utilizamos y cómo nos comunicamos, junto con los mensajes que transmitimos durante la defensa de la justicia climática, son factores cruciales que contribuyen al éxito de nuestros resultados. A pesar de una década de activistas y defensores del medio ambiente presionando para que las negociaciones sobre el cambio climático adopten enfoques de derechos humanos, la palabra derecho no se escuchó en la COP28.
Para garantizar un enfoque integral, es crucial abordar explícitamente derechos específicos cuando se debatan las cuestiones correspondientes. Esto incluye destacar el derecho a la alimentación en los debates sobre la escasez de alimentos, hacer hincapié en el derecho al agua y al saneamiento cuando se aborden los problemas de acceso al agua, y considerar el impacto del cambio climático en diversos grupos utilizando enfoques interseccionales.
Es fundamental subrayar que existen leyes, normas y mecanismos internacionales de derechos humanos para orientar estos debates. Por ejemplo, es esencial mencionar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a la hora de explorar el impacto sobre las mujeres y las niñas, especialmente en situaciones como los desplazamientos causados por fenómenos meteorológicos. Estos desplazamientos aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a diversas formas de violencia de género.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es otro instrumento crucial que debería desempeñar un papel central en las negociaciones sobre el clima. Este pacto no sólo se centra en la protección de los derechos, sino que también hace hincapié en la cooperación entre los Estados y la realización progresiva de los derechos.
Recordar a los Estados la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos -como se consagra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los tratados pertinentes firmados y ratificados por la mayoría de los países- refuerza sus compromisos a escala internacional. Este enfoque refuerza las declaraciones y los esfuerzos de los defensores del clima.
Centrar los derechos humanos en las negociaciones sobre el clima
El lenguaje de los derechos humanos puede y debe incorporarse a todas las negociaciones sobre el cambio climático, a todos los niveles, durante los actos paralelos, así como en las conversaciones habituales antes de la Conferencia de las Partes. Además de los defensores y activistas, los científicos y ecologistas también deben abrir la puerta a los derechos humanos.
Insertar el lenguaje de los derechos humanos en todos los debates puede parecer imposible, pero se puede conseguir mediante la unidad y la coherencia, el intercambio de información y la planificación estratégica. La unidad exige que los defensores de los derechos humanos dejen de hablar sólo consigo mismos y se unan, participen en actos conjuntos, compartan información, abran las puertas a las personas interesadas y celebren más reuniones con el público en general. Resaltar sistemáticamente el lenguaje de los derechos humanos y hacer hincapié en por qué la redacción actual es menos eficaz tendrá un impacto significativo, ayudando a conseguir más partidarios en todo el mundo. Reconocer el poder de las personas que se unen en torno a una causa mejorará la eficacia de la defensa.
Trabajar para cambiar la mentalidad
La integración del lenguaje de los derechos humanos implica no sólo centrarse en una redacción específica, sino también comprender los efectos desproporcionados del cambio climático y el concepto de interseccionalidad, que hace más vulnerables a distintos grupos infrarrepresentados. En ocasiones, los defensores de los derechos humanos contribuyen involuntariamente a reforzar las brechas existentes entre el Norte Global y el Sur Global.
Durante las negociaciones y conversaciones con diversos representantes en la COP28, quedó claro que el proceso de financiación climática -específicamente el establecimiento del fondo para pérdidas y daños, cuyo objetivo es apoyar al Sur Global- se enfrenta a obstáculos únicos. La principal duda radica en cómo los países "desarrollados" pueden transferir dinero a naciones que quizá no tengan un historial "decente" en materia de derechos humanos. ¿Por qué las economías desarrolladas deberían financiar a otros con su presupuesto? Cambiar esta mentalidad es crucial para una defensa tangible, empezando por modificar el lenguaje divisivo que perpetúa los estereotipos.
Las palabras importan, especialmente cuando la concienciación es esencial para abordar el cambio climático. La división errónea de los países en "en desarrollo" y "desarrollados" en función de su desarrollo económico contribuye a crear estereotipos despectivos que influyen en los debates sobre el cambio climático, desviando la atención de los contaminadores industrializados históricos. Del mismo modo, cuando los defensores utilizan términos como "condonación de la deuda", ocultamos las desigualdades inherentes que suponen una mayor carga para el Sur Global. Utilizar el término "condonación de la deuda" no hace sino reforzar aún más las desigualdades y la idea de clientelismo, oponiéndose al principio de "equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas" consagrado en el Acuerdo de París. Durante la COP28, un representante gubernamental del pabellón del Pacífico destacó el constante estado de recuperación de su país tras sucesivas catástrofes, obstaculizado aún más por las deudas, que impiden el establecimiento de un sistema fiscal eficiente. Los defensores deberían reconocer que, repitiendo este tipo de formulaciones, apoyamos el refuerzo de las desigualdades.
Las oportunidades perdidas en la COP28 subrayan la urgente necesidad de un cambio de paradigma. Aunque puede que no se haya hecho hincapié en el lenguaje de los derechos humanos durante las negociaciones, su presencia mientras se aboga por la justicia climática crea la oportunidad de integrar sucintamente lo que se aplicará en la realidad. Esta integración no es sólo una estrategia de defensa, es imprescindible para abordar las desigualdades inherentes a los debates sobre el cambio climático. A medida que los defensores del clima avanzan, la unidad, la coherencia y el compromiso con un lenguaje transformador serán nuestras herramientas para lograr resultados tangibles.